Un laberinto administrativo de 31 millones y un jarro de agua fría para el Suroccidente: las claves sobre el sombrío futuro de la mina de Tyc Narcea

El futuro de la mina de Vega de Rengos ha quedado atrapado en un laberinto administrativo de 31,24 millones de euros. La propuesta de resolución del Instituto para la Transición Justa (ITJ) que condiciona la continuidad de la explotación de TyC Narcea, en Cangas del Narcea, a la devolución de las ayudas públicas concedidas en su día a la desaparecida Carbonar ha caído como un jarro de agua fría en el Suroccidente asturiano y ha abierto, además, una evidente discrepancia entre administraciones sobre una actividad que hasta ahora contaba con autorizaciones del Principado.

LA NUEVA ESPAÑA desveló ayer la primera valoración del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El propio Ministerio confirmó posteriormente la información y, aunque recalca que se trata todavía de una «propuesta» frente a la que la empresa puede presentar alegaciones, sostiene que su criterio «cuenta con respaldo jurídico, técnico y europeo». Para fundamentarlo, cita «dos informes de la Abogacía General del Estado, informes técnicos externos sobre las explotaciones» y «las consultas mantenidas con los servicios de la Comisión Europea».

No es una sanción

El Ministerio insiste en que la reclamación de los 31,24 millones «no se trata de una sanción a la empresa», sino de «una condición legal para reanudar la actividad». La cuestión decisiva está en determinar si la explotación actual puede considerarse o no la misma unidad de producción que aquella por cuyo cierre Carbonar recibió las ayudas públicas. Para el ITJ existen «elementos solapados» entre ambos proyectos «que vincularían el nuevo proyecto con el anterior, que recibió ayudas públicas precisamente para el cierre de la actividad minera».

TyC Narcea rechaza frontalmente esa interpretación. La compañía sostiene que explota una unidad de producción distinta y recuerda, además, que la transmisión de los derechos mineros se produjo antes de la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Su artículo 29 condiciona determinadas autorizaciones, permisos, concesiones, prórrogas o cesiones de recursos de carbón correspondientes a unidades incluidas en el Plan de Cierre a la devolución de las ayudas públicas recibidas.

La controversia ha provocado malestar entre los sindicatos, que ponen el foco no solo en la interpretación jurídica del ITJ, sino también en las consecuencias económicas para una comarca duramente castigada por el cierre de explotaciones mineras y la pérdida de actividad industrial.

Tristeza y crítica sindical al ITJ

José Luis Alperi, del SOMA, expresó su «tristeza» ante la posición del Instituto y censuró «la falta de compromiso del ITJ con unos territorios cuyo futuro ha condenado». El dirigente sindical acusa al organismo de incumplir los compromisos para proporcionar alternativas económicas a las zonas afectadas por los cierres (tanto de la minería como de las centrales térmicas) y recuerda que la actividad de TyC Narcea comenzó en octubre de 2021 «en un ámbito de explotación distinto al de Carbonar», con la excepción de un túnel utilizado como acceso.

«Dada la cerrazón del ITJ, invitamos a que visiten el Suroccidente y expliquen a los trabajadores y a sus habitantes cuáles son las posibilidades de futuro para la zona», señaló Alperi.

En una línea similar se manifestó Javier Vázquez, de Comisiones Obreras, que considera «incomprensible» que unas actuaciones previamente autorizadas desemboquen ahora en una situación que puede impedir la continuidad del proyecto.

«Si la explotación estaba afectada por las ayudas concedidas a Carbonar, ¿por qué no se comprobó antes de autorizar el nuevo proyecto?», plantea Vázquez. A su juicio, tanto el Principado como el ITJ tenían la obligación de verificar previamente las condiciones de la explotación y coordinar sus actuaciones.

CC OO denuncia así una «falta de sentido común» y una «descoordinación administrativa» que amenaza una actividad considerada especialmente relevante para el empleo en el Suroccidente. «El proyecto suponía un respiro para una comarca castigada por una grave crisis económica y laboral», sostiene el sindicato. Comisiones no entra a cuestionar el margen legal del ITJ para realizar la evaluación, pero sí que la posible incompatibilidad se plantee a estas alturas, «cuando el Principado ya autorizó los trabajos y se permitió avanzar al proyecto».

La queja del alcalde

También el alcalde de Cangas del Narcea, el popular José Luis Fontaniella, mostró su sorpresa ante lo que calificó como una «discrepancia de criterio» entre el ITJ y la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo sobre las cuadrículas mineras explotadas por TyC Narcea en Vega de Rengos. «Uno de los dos no está acertado», resumió.

Fontaniella manifestó su «apoyo y credibilidad a lo que la empresa está tramitando y gestionando» y recordó que la propuesta del Instituto todavía puede ser objeto de alegaciones. El alcalde mantiene, además, que el pronunciamiento del ITJ «no es vinculante» y que la competencia para autorizar la explotación corresponde finalmente a la Consejería.

Un matiz clave en la interpretación del Principado

La interpretación del Gobierno asturiano introduce, sin embargo, un matiz decisivo. Fuentes de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo afirmaron no haber recibido todavía comunicación oficial del ITJ sobre su propuesta de resolución y subrayaron que «es un procedimiento entre el Instituto y la empresa». Pero el Principado admite al mismo tiempo que la tramitación del permiso de explotación está «pendiente de que la empresa resuelva su situación con el ITJ». En la práctica, por tanto, el pronunciamiento definitivo del Instituto será determinante para que el procedimiento autonómico pueda continuar.

La empresa batallará

Mientras, en TyC Narcea se estudia cada línea de la documentación remitida por el ITJ para preparar unas alegaciones con las que la compañía aspira a desmontar la premisa fundamental sobre la que descansa la reclamación de los 31,24 millones: que su actividad se desarrolla en la misma unidad de producción que explotaba Carbonar.

Fuentes de la empresa sostienen que ambas sociedades son completamente distintas, con diferentes accionistas, gestión y proyecto empresarial, y aseguran que TyC Narcea nunca ha trabajado en las galerías explotadas por Carbonar, que se encuentran actualmente inundadas e inutilizadas.

La empresa mantiene también que dispone de informes técnicos que avalan la existencia de dos unidades de producción diferentes y señala que ese mismo criterio ha sido reconocido durante estos años por las autorizaciones concedidas por la autoridad minera del Principado, que consideró que no resultaba de aplicación el artículo 29 de la Ley de Cambio Climático.

A ello suma otro argumento jurídico: TyC Narcea afirma que adquirió los derechos mineros antes de que ese precepto entrase en vigor y considera por ello que exigir ahora la devolución de unas ayudas que, además, fueron cobradas por Carbonar supone aplicar retroactivamente una obligación legal que no existía en el momento de producirse la transmisión.

«Todas las vías jurídicas»

La compañía califica la propuesta del ITJ de «injusta» y anuncia que utilizará todas las vías jurídicas a su alcance. Frente a los 31,24 millones que amenazan la continuidad del proyecto, pone sobre la mesa otra cifra: más de un centenar de puestos de trabajo que espera generar «en una de las comarcas más castigadas por la desindustrialización y la despoblación».

TyC Narcea reivindica además el carácter estratégico de su proyecto, basado en la extracción de «una materia prima considerada estratégica por la Unión Europea» y con aplicaciones destinadas, entre otros usos, a reducir emisiones en la industria siderúrgica.

La empresa lleva el conflicto más allá de la discusión jurídica. «Resulta paradójico que un organismo llamado de Transición Justa pretenda asfixiar un proyecto que encarna precisamente esa transición», sostienen fuentes de la compañía.

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