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La ley de empleo público llega a las consejerías para que den su parecer

Todos los sindicatos de la Función Pública votan en contra de la nueva norma en la mesa de negociación

Edificio de las consejerías del Principado en Llamaquique (Oviedo). | Miki López

El anteproyecto de la ley de empleo público del Principado ya está en manos de las consejerías de la Administración autonómica para que den parecer sobre su contenido. La intención del Gobierno asturiano es aprobar esta nueva normativa, una de las patas en la que se basa la reforma de la Administración regional a lo largo del primer semestre de este año y, en todo caso, antes de que finalice el próximo periodo de sesiones en la Junta General, que arrancará en febrero.

La Dirección General de Función Pública ya ha concluido la primera fase de negociación con los sindicatos representativos, que ha servido para introducir numerosas modificaciones respecto al borrador inicial. Pese a la aceptación de varias propuestas sindicales, el texto revisado no ha logrado en primera instancia la aprobación de los sindicatos que forman parte de la mesa general de negociación. Fuentes sindicales creen que el texto volverá a pasar por este órgano una vez que las distintas consejerías del Principado hayan expresado su parecer sobre el contenido del anteproyecto legislativas. Las mismas fuentes creen “bastante probable” que algunos departamentos autonómicos sugieran cambios, que puedan ser aceptados por la consejería de Administración Pública que dirige el vicepresidente Juan Cofiño.

El anteproyecto de ley de empleo público introduce importantes novedades respecto a la normativa actual. Por ejemplo, da una mayor capacidad a los gobiernos autonómicos para crear subdirecciones generales pues introduce la posibilidad de que todas aquellas direcciones generales que cuenten con al menos cuatro servicios puedan sumar ese nuevo cargo al objeto de desempeñar funciones directivas. Otro de los cambios consiste en la creación de un nuevo complemento de productividad, que estará ligado a la consecución de objetivos previos por parte de los funcionarios, vinculados a la actividad de la administración pública. En principio, el borrador de la ley restringía el pago de esos complementos a los grupos A y B, pero esa limitación se ha eliminado y, en cambio, se ha precisado que el pago de ese complemento de productividad tendrá como finalidad retribuir “la especial dificultad técnica, responsabilidad y dedicación” del puesto, mientras que las cantidades que perciba cada funcionario por dicho concepto habrán de ser objeto de publicidad y comunicación a los órganos de representación del personal.

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