Una bomba atómica reposaba en la consejería de Cultura desde el año 2020: un informe encargado por el Principado para evaluar un “marco adecuado” para planificar y desarrollar “la normalización del uso de la lengua asturiana y el gallego-asturiano”. Bajo ese circunloquio se escondía, en 240 páginas, un auténtico informe sobre los efectos jurídicos de declarar la oficialidad en el Estatuto (los inmediatos, más allá de lo que se estableciese en la ley de uso) y una exploración sobre las vías para lograr, en diversos plazos, un bilingüismo efectivo. El estudio estaba coordinado por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Presno Linera y por un equipo formado por Xabier Arzoz Santisteban (catedrático de Derecho administrativo de la UNED y experto en derechos lingüísticos), Häkan Casares Berg (coordinador del Observatorio de la Cultura Galega y doctor en Filología por la Universidad de Vigo, además de participante de la comisión para el Impulso del Plan de Normalización Lingüística de la Xunta de Galicia), Marta Mori de Arriba (profesora de Enseñanza Secundaria y profesora asociada de la Universidad de Oviedo) y José Manuel Fernández (profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo).
Los propios autores reconocen que habían estado dispuestos en su día a explicar sus conclusiones, someterlas a discusión y análisis, pero en cambio el Gobierno decidió no dar a conocer el análisis. Por aquel entonces, aún no se había abierto el debate sobre la reforma del Estatuto, pero el texto anticipaba algunos de los debates que se sucederían en cuanto la oficialidad del asturiano y el eo-naviego se pusiese sobre la mesa. De hecho, el contrato público al que se presentaron los autores del estudio, por medio de la Fundación de la Universidad de Oviedo, especificaba en las condiciones técnicas que el informe incluyese, entre otros apartados, uno específico sobre el marco estatutario del Principado de Asturias, incluyendo una propuesta de reforma, cuál sería su contenido y el procedimiento para efectuarlo.
Pero el “informe Presno” terminó aflorando. El PP había pedido por escrito a la consejera de Cultura, Berta Piñán, que trasladase cualquier documento, estudio o comunicación que analizase las consecuencias de la oficialidad, pero Piñán vinculó esa petición a una intervención parlamentaria de Barbón en la que el Presidente refería ciertas “opiniones jurídicas”. Piñán respondió por escrito que no había documentos sino “conversaciones informales”. ¿Fue una respuesta consciente para esconder el análisis que ella misma había encargado dos años atrás? Es lo que cree el PP, que la tiene en el punto de mira.
Pero al final los populares dieron con el expediente del informe, lo pidieron explícitamente y el Gobierno no tuvo más remedio que enviarlo. El Principado aseguró que lo remitió el miércoles a las 11.15 horas. El PP, que lo recibió el jueves a las 8.00 de la mañana. Pero, para entonces, el contenido ya había sido revelado por LA NUEVA ESPAÑA.
El documento ha desatado una esperable tormenta política en la Junta General. El Partido Popular estalló tras conocer el contenido del informe (que los populares habían logrado sacar de la Consejería pidiéndolo exprofeso): “El Gobierno de Barbón es el del engaño y la traición”, dijo la presidenta popular Teresa Mallada. El argumento de los populares es el siguiente. Adrián Barbón defendía públicamente que el modelo de oficialidad del Gobierno era “amable” y sin imposiciones, pero el informe apuntaba que la mera declaración obligaría a todas las administraciones a atender en asturiano (en todos los ámbitos, autonómico, local y estatal) y también enumeraba todas las acciones para capacitar a los profesores para dar clases en asturiano, que a la postre se convertiría en lengua vehicular. Nada que ver con la “amable” versión de Barbón. Los populares fueron duros: “Se ha reído a la cara de los asturianos”, dijo Mallada.
Las reacciones se sucedieron en todos los partidos, pero una de las más relevantes fue la del portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, el diputado 27 de quien dependía la reforma estatutaria de la oficialidad: “Barbón ha actuado a mala fe”, dijo. Pumares solicitó en las reuniones que mantenían los partidarios de la oficialidad los informes que tuviese el Principado y, aseguró, nunca se le trasladaron. El “informe Presno” permanecía olvidado.
Podemos se agarró a la evaluación económica que incluye el documento, una extrapolación de la contabilidad de los flujos asociados a las lenguas que se aplica en distintas comunidades autónomas. El documento analizaba tres escenarios: el más “intenso”, con una implantación en todos los órdenes de la oficialidad, podría suponer un “impacto económico directo” de 172 millones de euros, más 29 millones indirectos, e implicaría la creación de 4.000 empleos. El documento constata que gran parte de ese flujo económico saldría de los gastos en Educación y Cultura de las administraciones, pero también de las familias y las empresas para adaptarse a la nueva situación. Para Podemos, esas cifras de flujo económico revelan que la oficialidad sería “buena no, buenísima” para Asturias, justificando en esa supuesta generación de recursos que los morados llegasen a aceptar una rebaja de impuestos a cambio de sumar a Foro a la reforma del Estatuto.
Ciudadanos y Vox abundaron en la tesis del “engaño del Gobierno”, e Izquierda Unida mostró una valoración muy matizada, reconociendo que sería necesario un esfuerzo económico, pero que tendría ventajas a la postre. Y admitiendo, eso sí, que la revelación del informe llegaba en un momento “poco oportuno”.
El Gobierno regional terminó ayer, a la tarde, emitiendo un comunicado para decir que eran los populares los que engañaban a los asturianos al tratar de hacer pasar por “hoja de ruta” lo que solo era un “informe externo”. Trató de explicar las diferencias entre “coste” e “impacto económico” y defendió el “modelo amable” aunque reconociendo que supondría una “novedosa” fórmula basada en últimas sentencias del Tribunal Constitucional no evaluadas por los autores del “informe Presno”.
Así las cosas, la bomba terminó estallando y se ha convertido en el colofón de un proceso de reforma estatutaria y exploración política para declarar la oficialidad del asturiano que bien podría titularse: “Una serie de catastróficas desdichas”.
El gobierno abrió el debate sin tener asegurado que conseguiría los votos favorables, no puso sobre la mesa a las claras cuál era su modelo de oficialidad al tiempo que tenía otro que procedía de un informe que había encargado a prestigiosos juristas. No era su “hoja de ruta”, pero tampoco había otros informes que avalasen la suya. Cerrado el debate sobre la oficialidad, el informe que Cultura guardó dos años ha hecho estallar por los aires sus opciones de reapertura en un horizonte indefinido. Mejor hubiese sido haber procedido a la inversa: haber sacado a la luz el “informe Presno” cuando fue entregado por los autores, haberlo sometido a debate, presentar un modelo claro de “oficialidad amable” y, si había acuerdo suficiente para 27 votos, explorar la reforma del Estatuto. Pero en realidad todo ocurrió al revés.
