El informe técnico no encaja en lo que la Federación Socialista Asturiana (FSA) defiende sobre el asturiano, así que su contenido ni siquiera fue debatido en el Consejo de Gobierno. La secuencia argumental pertenece al presidente del Principado y trata de explicar lo que ha sucedido con el estudio jurídico encargado por la Consejería de Cultura para evaluar los impactos, las repercusiones y los escenarios que tendría la oficialidad de la llingua. El equipo de expertos que lo elaboró llega a conclusiones que “no responden al modelo que defiende la FSA”, dice Adrián Barbón, y por eso la titular del departamento promotor, Berta Piñán, ni siquiera llegó a “elevar” el dictamen a la discusión del Ejecutivo. Al cajón. Como no cuadraba con sus postulados políticos, ni se discutió.
El Presidente se esforzó ayer por inscribir el encargo y sus efectos, que han encendido la mecha de una muy intensa controversia política, en la normalidad del día a día del Gobierno, e hizo descansar las responsabilidades del uso que se ha hecho del informe sobre la consejera de Cultura. “Muchos de estos informes que encargan las consejerías y las direcciones generales”, afirma, “quedan en las consejerías, porque como explica muy bien (el constitucionalista) Miguel Presno Linera (coordinador del estudio) en LA NUEVA ESPAÑA, es una opinión de parte, de los firmantes, que dan un abanico de posibilidades dentro del que se puede optar o no”. El Gobierno, remarcó, “no lo ha hecho suyo”, porque ni siquiera “lo ha debatido”. “No habría sido útil”, porque no cuadra con la postura política del partido. También porque “quien asumió la negociación de la reforma del Estatuto no fue el Gobierno. Quisimos que fuera la FSA”.
Barbón eludió la pregunta directa sobre si conocía el informe limitándose a repetir que “no se debatió en el Consejo de Gobierno” y que “no lo he leído”. A la cuestión sobre la existencia de otros estudios similares dejó un “que yo sepa no. Habrá muchísimos informes en las consejerías sobre materias muy diversas que no llegan al Consejo de Gobierno”. Este en concreto, pagado con unos 17.000 euros de fondos públicos, se dejó pasar sin ser debatido porque no cuadra con el modelo político de la FSA, que reitera que “es amable, tendente a la no vehicularidad obligatoria en la educación, a que un médico no tenga por qué saber asturiano para acceder a la función pública…” Eso, reitera perseverante el Presidente, “cabe perfectamente en el marco constitucional, que reconoce que el modelo de oficialidad es abierto, que hay muchísimas posibilidades por definir y que ningún modelo se parece a otro”.
¿Se ocultó, como dice el PP? “Los informes no son secretos, no hay ningún ‘informe pelícano’, se pueden encontrar en el portal de contratación”. Barbón reaccionó así a la acusación de haber escondido el informe negándose a los requerimientos que el grupo popular hizo a la consejera de Cultura en la Junta. La pregunta que el PP formuló por escrito a finales del pasado año se contextualizaba haciendo referencia a “las manifestaciones efectuadas por el presidente del Principado en el pleno de la Junta celebrado el 10 de noviembre de 2021” –donde había aludido a algunas opiniones jurídicas sobre la oficialidad–, pero también pedía “copia de todos los informes, comunicaciones, consultas y demás documentos relativos al carácter obligatorio o voluntario y el alcance que implica la declaración de cooficialidad del asturiano”. En su respuesta, Berta Piñán se limitó a referirse a las declaraciones de Barbón en el parlamento, según su tesis “conversaciones informales” que el Presidente mantuvo con expertos y que no dan lugar “a procedimientos reglados, de cualquier naturaleza, con soporte documental”. Nada dijo de informes. De palabra, Barbón respaldó ayer a su consejera. “No miente. Contesta una pregunta que decía: ‘en relación a las manifestaciones hechas por el Presidente...”, pero obvia que también se le pedían los documentos.
Barbón tampoco pierde la ocasión de reanudar el ataque al PP por “manipular” el informe “hasta inventándose las cifras” y de utilizarlo “para no asumir la enorme responsabilidad que tiene ante el pueblo asturiano de haber bloqueado la reforma del Estatuto. No ha estado a la altura a la que históricamente han estado los partidos en esta cámara”.
¿Y ahora? “Ahora ya nada”. Muy necesitado de darlo todo por cerrado cuanto antes, Barbón resalta que “no hay 27 votos para la reforma del Estatuto de Autonomía. La realidad es la que es. Está bloqueado y no vamos a abordar ningún modelo cuando no hay nada encima de la mesa y hay que pedir disculpas a la ciudadanía que se siente frustrada”, a la que aprovecha para invitar ya “a que en 2023 cojan la papeleta” de los partidos que defienden un Estatuto con su oficialidad.
Queipo (PP): “La FSA debe aclarar si conocía el informe de la oficialidad o si también fue engañada por Barbón”
El secretario general de los populares asturianos, Álvaro Queipo, ha exigido a la Federación Socialista asturiana que aclare si conocía el contenido del informe elaborado por un equipo de juristas por encargo de la Consejería de Cultura sobre la oficialidad, su encaje en una reforma estatutaria y sus efectos jurídicos y económicos. “Es un informe en el que se expone con total claridad las consecuencias de la implantación de la oficialidad en nuestra región, así como los inasumibles costes que de ello se derivarían”, explicó Queipo.
Queipo considera “importante” que el PSOE asturiano “aclare públicamente si conocía el informe incautado por el Gobierno cuando se sentó a negociar la reforma del Estatuto o si, por el contrario, también han sido engañados por el Ejecutivo como el resto de fuerzas políticas".
El número dos del PP señaló que los otros tres partidos que negociaron con el PSOE la reforma que abriese la puerta a la oficialidad “ya han manifestado su desconocimiento sobre este informe” e incluso, en el caso de Foro, “han expresado su descontento acusando al Gobierno de actuar de mala fe”.
Para Queipo es “primordial e inexcusable” que la FSA confirme “que no tuvieron acceso a estos papeles y que no son cómplices, pues sería la única forma de salvar la dignidad del PSOE asturiano”. Así, invita a los socialistas “a unirse y formar un gran bloque de protesta junto al resto de los grupos contra los miembros del Ejecutivo por manipular deliberadamente la opinión pública a través de la ocultación de documentos oficiales”.
Para el PP se trata de un informe “secuestrado”. “Si el Gobierno encargó y pagó este informe y no estaba de acuerdo con su contenido, ¿por qué no encargó un informe alternativo? ¿Quizás porque no encontró a ningún experto que pudiese avalar de forma seria las afirmaciones vertidas en los últimos meses por el presidente Barbón”, señaló Queipo.
El Ejecutivo ciñe a la Consejería de Cultura la gestión del polémico informe
El gobierno regional ha optado por desentenderse del informe jurídico encargado por la Consejería de Cultura en 2020 sobre los efectos y escenarios que plantearía la oficialidad del asturiano, un asunto que ha quedado aparcado por ahora al no haber logrado el consenso parlamentario necesario.
Lo considera un “informe más” y del que no tuvieron conocimiento del mismo nunca en el consejo de Gobierno del Principado. En el ejecutivo regional no entienden el revuelo generado tras desvelar LA NUEVA ESPAÑA el el documento. La portavoz del Gobierno del Principado, Melania Álvarez, insistió este viernes, durante la rueda de prensa posterior al consejo, que dicho documento se encargó como se encargan otros tantos para apoyar las decisiones del ejecutivo en diversas materias. La prueba de que no se ha querido dejar al margen de la opinión pública y del resto de grupos parlamentarios es que el contrato para su elaboración se publicitó como marca la normativa administrativa, expresó Álvarez.
“Es una cuestión habitual”, recalcó la consejera, quien quiso dejar claro que del mismo no tuvo conocimiento el Consejo de Gobierno, pero no por nada, “sino porque no todos los informes llegan”. Puso como ejemplo el trabajo de su propio departamento de Derechos Sociales con el informe solicitado tiempo atrás sobre las expectativas de envejecimiento en Asturias: “Ustedes (por los periodistas) supieron incluso primero de él que algunos de mis compañeros”.
Con todo, las críticas arrecian contra el Principado por, primero, ocultar tal informe y, segundo, por haber difundido una idea de oficialidad del asturiano (y del gallego-asturiano) contraria a lo que recoge el mismo, que habla de la necesidad de que todas las administraciones manejen la llingua y de costes elevados, entre otros motivos. Melania Álvarez se refirió a las críticas del PP, que ha acusado al Presidente Adrián Barbón de “engañar” a los asturianos. “Su actitud es una excusa para rehuir el debate”, añadió la portavoz.
Esta abundó e insistió una y otra vez en restar importancia a la existencia del documento, en la línea de lo manifestado el jueves por la consejera de Cultura, Berta Piñán, que defiende como natural haberlo encargado. Para Melania Álvarez, el contenido y enfoque del mismo no tiene por qué influir en la decisión del Gobierno regional. “Esto no ha supuesto eludir responsabilidades ni marcó la hoja de ruta. Los estudios sirven para ayudar a la reflexión interna, profundizar en la toma de las decisiones que luego competen al gobierno asturiano”.
Cultura encargó en 2021 otros dos informes jurídicos sobre el asturiano
La Consejería de Cultura cuenta con, al menos, otros dos informes jurídicos vinculados con la implantación del asturiano que se sumarían al desvelado esta semana por LA NUEVA ESPAÑA. Ninguno de ellos se ha hecho público. El pasado 11 de noviembre, el Principado encargó al jurista Nicolás Bartolomé, académico de la Llingua, un estudio sobre normativa, jurisprudencia y bibliografía en materia de política lingüística en el Principado de Asturias y en materia de uso de la lengua asturiana y del gallego‐asturiano o eonaviego. El coste del contrato fue de 5.929 euros y su plazo de redacción 45 días, por lo que ya obraría en poder de la Consejería.
El 12 de marzo, el área dirigida por Berta Piñán contrató a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para elaborar un estudio técnico sobre las vías jurídicas para crear las especialidades docentes de lengua asturiana y literatura y gallego-asturiano en los cuerpos de maestros y profesores de enseñanza secundaria. El contrato, entregado el pasado año, costó 3.900 euros.
