Suscríbete

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Principado baraja exigir un informe de impacto demográfico en todas las políticas del Gobierno

Los grupos de la oposición reprueban en la Junta el proyecto "Aldea 0", que el Comisionado defiende con la convicción de que "si algo falta en los pueblos es una teoría económica propia"

Jaime Izquierdo, en una imagen de archivo. Marcos León

Cuando Cristina Vega, diputada del PP, preguntó al comisionado para el Reto Demográfico del Principado cuántos empleos estima que generará el proyecto experimental “Aldea 0”, de exploración para el rediseño de una nueva economía en el campo asturiano, Jaime Izquierdo respondió tratando de resituarla en la fase de la hipótesis. Que “estamos experimentando”. Que el propósito es el armazón “de un nuevo modelo de aldea”. Que “hay un Gobierno que trabaja con todas las problemáticas actuales”, las del corto plazo, y en paralelo “un espacio de reflexión”, el suyo, que ha emprendido en cuatro aldeas asturianas una iniciativa piloto de prospección de nuevas oportunidades. “Es como si pregunta al departamento en el que Renault diseña los coches del futuro cuántos va a vender en 2040”, replicó. “O como si se le hubiera pedido a Colón una cartografía de América antes de salir de Palos de Moguer”. “Creemos que es posible vivir en las aldeas del futuro, pero esas aldeas no existen todavía…”

Era el tercer lunes de comparecencia de Izquierdo en la Junta en apenas un mes y el tercer capítulo de su tenso enfrentamiento con los portavoces de la oposición, que en una nueva evidencia de que no se entienden con él vapulearon el proyecto de investigación y por extensión aporrearon la política demográfica del Gobierno en el lomo del Comisionado, un “asesor” que hace sugerencias, que habla con los consejeros y les hace propuestas “que ellos deben ejecutar”, que hace “la crítica en privado” y esta mañana se ha esforzado en explicar nuevamente a la Junta que ni todo depende de él ni todo se fía a este plan experimental. O que “estamos intentando crear un debate. Les pediría que nos echaran una mano, pero no al cuello…” Empezó pidiendo un margen de colaboración, pero no tuvo éxito. La sesión volvió a ser una sucesión de reproches y una suerte de diálogo de sordos entre sus intentos de explicar un proyecto de largo plazo y experimental y las demandas de la oposición de las soluciones inmediatas que demanda el medio rural. Volvieron las acusaciones de “actitud chulesca” que Vega compartió con la diputada de Podemos Nuria Rodríguez, o la convicción de Adrián Pumares (Foro), promotor de la comparecencia y de una petición de cese de Izquierdo que encalló hace un par de semanas en la Junta, sobre su “desprecio a los grupos parlamentarios”… Entre tanto ruido, Izquierdo también deslizó en una de sus respuestas, a pregunta del diputado de Ciudadanos Luis Fanjul, una propuesta de posible calado y repercusión para el medio plazo. En el seno del grupo de trabajo en formación para elaborar la futura ley demográfica, el Gobierno “baraja” exigir un informe de afección demográfica en todas sus políticas, algo que ya plantea la UE y que podría asimilarse a la necesidad de que la demografía impregne cualquier acción gubernativa al estilo de lo que ya ocurre, por ejemplo, con la perspectiva de género.

Los diputados obligaron a Izquierdo a hacer un esfuerzo de pedagogía. A asumir, cómo no, las deficiencias del medio rural asturiano y a defender su tesis con ardor dialéctico y la certeza de que las carencias son muchas, y que “muchas aldeas no tienen ni conectividad, pero si algo le falta a la aldea es una teoría económica propia”. “No tengo la solución para todos los problemas”, sí la intención de levantar la vista y otear un futuro de rentabilidad y nuevos manejos del territorio en la lucha por no dejar que se pierdan en el vacío de la despoblación y el abandono amplias áreas que suponen el setenta por ciento de la superficie de la región. Habló de sus ensayos económicos, energéticos y tecnológicos en Moal (Cangas del Narcea), Asiegu (Cabrales), Peón (Villaviciosa) y Porrúa (Llanes), y del proyecto de clasificación de las parroquias de Asturias en función de su potencialidad de desarrollo agroecológico; de que la idea es “complementar y experimentar con nuevas visiones” los problemas inmediatos, que competen a “las políticas sectoriales del Gobierno”.

Contó que por Moal ya han interesado desde Portugal para saber “cómo han puesto sus fincas en común” en la cooperativa vecinal, que “Asiegu ya es autosuficiente en producción de sidra” o que es una buena noticia para sus planes de recolonización la creación de “un nuevo módulo de FP de desarrollo rural y paisaje…” Ahí está la clave de la atracción de población, reseñó, en el sentido amplio del “manejo del territorio” como elemento fundamental de la diversificación de la economía agraria que a la larga tal vez “no fuimos capaces de entender con el turismo rural”. Como con la estructura demográfica actual “no van a nacer niños en la aldea, hay que importar población, pero no de cualquier modo. De momento –y tiene en marcha una encuesta para conocer a los nuevos moradores del rural–, “lo que nos llega son perfiles urbanos, de gente que quiere trabajar en el territorio con nuevas tecnologías, no manejar el territorio…”

Izquierdo defendió igualmente su proyecto del ataque de Vox respecto a un supuesto gasto “desmesurado”. La iniciativa, de colaboración público-privada, se financia con algo más de 570.000 euros que aporta el Gobierno de España y por encima de 100.000 a cargo de la Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC). También invitó a mirar otros posibles espacios de ensayo asegurando que Oviedo es “potencialmente”, por su configuración y su entorno, “el escenario agropolitano más interesante del Estado”. Es, concretó, un lugar “magnífico de ensayo” por su condición de ciudad “con unos espacios rurales de extraordinario valor y muy poco modificados”.

Dejó asimismo su esperanza en que la llegada del AVE a Asturias cumpla como “elemento de animación turística” más que demográfica, pero no aplacó la crítica sonora y creciente de la oposición parlamentaria. “Necesitamos medidas a corto plazo”, concluyó Cristina Vega (PP), más que un proyecto “demasiado teórico que no vemos cómo va a ayudar el problema demográfico”. Luis Fanjul (Ciudadanos) le dejó su “impresión de que está siendo el parapeto, el saco que recibe los golpes que debería recibir el Gobierno” y Nuria Rodríguez (Podemos) se preguntó “por qué hay que investigar sobre las aldeas”. Ovidio Zapico (IU) no atacó la pertinencia del proyecto piloto, pero insinuó la posibilidad de que se hayan creado “expectativas sobredimensionadas con lo que tendría que ser su papel político al frente del Comisionado” y mientras Adrián Pumares (Foro) puede compartir el objetivo, pero no el mecanismo del documento, Sara Álvarez (Vox) no ve “nada que sea palpable y real”. En el turno de defensa, la diputada socialista Alba Álvarez quiso hacer ver que “el futuro necesita aliados y también críticos, pero constructivos, no de los del no por el no, que es lo que más abunda”.

Compartir el artículo

stats