Todos los partidos de la Junta General coincidieron ayer en la necesidad de “una nueva ley para modernizar la Administración del Principado”, pero anunciaron enmiendas al proyecto que defendieron el vicepresidente Juan Cofiño y la consejera de Hacienda. El “número dos” del Gobierno autonómico tendió la mano de la negociación “para mejorar todo lo que podamos y no quedar instalados en los años ochenta”, época de la que data la actual ley de Función Pública.
El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica argumentó la necesidad de regular el personal directivo y la evaluación del desempeño de los funcionarios. “Ya sabíamos que se trata de asuntos sujetos a discusión y admito que pueden ser modulados y matizados. No renunciamos a esas figuras”, destacó Juan Cofiño en la comisión que debatió ayer la futura ley. El vicepresidente justificó la inclusión en la futura ley de complementos retributivos. “Hay que identificar los colectivos esenciales para la gestión de la cosa pública y ser capaces de diseñar un modelo de incentivos que haga atractivas áreas y puestos de trabajo a definir”, esgrimió “el número dos” del Gobierno, que justificó que el personal directivo, los nuevos subdirectores generales, sean funcionarios del grupo A. “Tenemos que ser cautelosos porque nos miran los tribunales de justicia. Se trata de que sea personal con un conocimiento y cumplir con una naturaleza restrictiva, que ese puesto esté reservado a determinadas categorías por razón de la materia que trata”, detalló Cofiño, quien quiso aclarar al diputado Ricardo Menéndez Salmón (Podemos) que no existe “ningún idilio entre el Gobierno, la Cámara de Comercio de Oviedo y Ciudadanos” para la incorporación de esa figura directiva en la plantilla del Principado porque “esa propuesta nació en el primer texto del equipo de expertos”.
El Vicepresidente destacó entre los avances de la futura ley que se fija un plazo máximo de tres años para resolver las ofertas de empleo público (OPE) y subrayó “la ventana de oportunidad” que supondrá la jubilación de 9.000 funcionarios en la próxima década “para renovar los perfiles necesarios en el Principado”. La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, eludió detallar el impacto económico de esta ley en el Presupuesto del Principado, aunque Cofiño terció para asegurar que el Ejecutivo “no está en aumentar el coste” de la plantilla autonómica.
Toda la oposición anunció enmiendas para “mejorar” una ley en cuya necesidad coincidieron grupos de izquierdas y derechas. Pablo González (PP) agradeció al Ejecutivo “la valentía” de afrontar la elaboración de esta ley, pero anunció enmiendas “porque no entendemos la evaluación del desempeño y tememos que abrir ese grifo tenga un efecto perverso. Nos preocupa que suponga más recursos presupuestarios”. Luis Fanjul aseguró que Ciudadanos será “propositivo y presentará enmiendas para tratar de mejorar la ley” en cuestiones como “limitar la discrecionalidad, un gran reto”. Menéndez Salmón señaló también el trámite de enmiendas como vía para reducir “el riesgo de inseguridad jurídica” que se abre si no se incluye a los educadores sociales como cuerpo funcionarial. Ovidio Zapico (IU) también apeló a la negociación de enmiendas “para mejorar la regulación del personal directivo”, mientras que Adrián Pumares (Foro) realizó “una primera valoración positiva”, si bien abundó en la idea de ir a las enmiendas “con espíritu constructivo”. Sara Álvarez Rouco (Vox) fue la más crítica con un proyecto que le genera “decepción y dudas”.
