La Fundación Metal, hoy en liquidación, adeuda cerca de cuatro millones de euros a sus 69 empleados y otros acreedores. El diputado del PP Álvaro Queipo pone ahora sobre la mesa varios indicios de irregularidades en la gestión de la sociedad de formación asturiana. El popular ha preguntado en la Junta al consejero de Industria, Enrique Fernández, por subvenciones sin justificar, sobresueldos de un antiguo alto cargo de la consejería y el alquiler de una nave en El Franco a la que nunca se llegó a dar uso. Hechos que, a su juicio, podrían tener relación con el origen de la quiebra de la sociedad.
Fernández, ante una primera pregunta genérica del diputado del PP sobre el destino de la Fundación, volvió a defender que la liquidación de la sociedad –participada por el Gobierno del Principado, los ayuntamientos de Gijón y Avilés, CC OO, UGT y, anteriormente, la patronal FEMETAL– era la única salida posible para la entidad. El consejero explicó que solo se llegó a este punto después de constatar la inviabilidad de otras alternativas, como la reestructuración de la deuda, la fusión con otras entidades o la conversión a una entidad pública. FEMETAL abandonó la Fundación cuando constató que su gestión era deficitaria y considerar que su carácter no era prioritario para las empresas del metal asturianas.
En su turno de respuesta, Queipo puso sobre la mesa varias cuestiones “llamativas” de la historia reciente de la Fundación Metal. El diputado preguntó al consejero si conocía el resultado de una presunta comisión de investigación interna creada en febrero de 2020 para esclarecer el destino de algunas subvenciones para la formación y si hay expedientes de revocación dictados por el Servicio de empleo público del Principado de Asturias (Sepepa) “por la incapacidad” de la entidad de justificar el destino de las mismas. Durante años la Fundación Metal recibió ingentes cantidades de dinero público en forma de subvenciones para cursos de formación provenientes fundamentalmente del Sepepa y la Consejería de Industria.
Queipo también exigió una confirmación sobre los indicios que su partido posee sobre los hechos que apuntan a que el que fuera director general de Industria entre los años 2017 y 2019, Manuel Monterrey, pasase facturas "en concepto de sobresueldo” como director, también, de la Fundación dirigida por el Principado. También preguntó el popular si es cierto que “cuando la situación de la fundación estalló y se hizo pública” el Gobierno del Principado “le obligó a devolver el dinero facturado para intentar tapar algo que era ilegal”.
Queipo calificó estos hechos, para los que no hay confirmación oficial, de “cuestiones llamativas". El diputado popular también se refirió a que la Fundación Metal, “en plena precampaña” de 2019, habría alquilado una nave en El Franco para anunciar un centro de formación para el Occidente, que la entidad habría pagado durante meses, sin la voluntad de “dotarla ni ponerla en marcha”.
El Consejero de Industria, en respuesta a las preguntas del popular, recordó que tomó posesión de su cargo en julio de 2019, meses más tarde de que tuviesen lugar varios de los hechos descritos, aunque no negó su veracidad. Fernández insistió en que los problemas de la Fundación Metal de Asturias son de carácter estructural y que lo plantado por Queipo son “presuntos hechos concretos” de los que no tiene “confirmación o corroboración”, aunque ha dejado abierta la posibilidad de corroborarlos. Asimismo, el consejero también refirió que un cargo del Partido Popular también estaba presente en el patronato de la Fundación Metal. Fernández refirió que la responsabilidad de la entidad es de los patronos “y no exclusiva” del Principado o su consejería.
Los últimos episodios de la gestión de la Fundación estuvieron protagonizados por la elaboración de un plan de viabilidad de un millón de euros. El Principado debía aportar 400.000 euros que no llegó a ingresar en las cuentas de la entidad y abogó por su liquidación.
Los empleados de la Fundación Metal han iniciado una campaña de protestas en las que acusan directamente a los sindicatos y la consejería de Industria de los impagos que han sufrido durante el último año.
Las dudas sobre la gestión de la Fundación Metal se esclarecerán en cuanto la sociedad quede en manos de un administrador concursal que se haga cargo de su liquidación a fin de pagar a los múltiples acreedores de la entidad. La Fundación Metal, sin embargo, ya prácticamente no posee propiedades. Dentro de la búsqueda de viabilidad para la entidad esta ya le vendió al ayuntamiento de Avilés su sede, que se levantó en unos terrenos cedidos previamente por el consistorio a la sociedad público-privada. En marzo de este año, PSOE, Podemos e IU rechazaron que la Sindicatura pudiese fiscalizar las cuentas de la entidad. En el mismo mes de marzo la Mesa de la Junta obligó a Industria a entregar las actas de la Fundación al PP, a lo que Industria se negó durante meses.
