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Barbón critica la baja ejecución presupuestaria del Estado en Asturias y exige explicaciones a Moncloa

Mallada acusa al Presidente de "traicionar a nuestra tierra para anteponer sus intereses políticos" y el jefe del Ejecutivo responde que "soy exigente cuando debo serlo"

Adrián Barbón, durante la sesión de control en la Junta. Armando Alvarez

El aroma que precede a las elecciones autonómicas de 2023 se coló esta mañana en la Junta General del Principado, en una sesión de preguntas al presidente nítidamente enmarcada por la disputa política que se avecina y que se materializó varias veces este miércoles en varios reproches que desde flancos distintos del hemiciclo acusaron a Adrián Barbón de sumisión y poca resistencia ante los dictados de su partido y el Gobierno de la nación. Usando lo más reciente de la actualidad, la portavoz del PP, Teresa Mallada, llevó los datos de la ejecución presupuestaria del Estado en Asturias en 2021 y la situación de la región a la cola del país en cuanto a los niveles de inversión real de lo presupuestado. El Presidente había barruntado que el ataque vendría por ahí y empezó asintiendo, asumiendo una "posición clarísima de crítica a la baja inversión del Estado en cumplimiento de sus presupuestos" y añadiendo en su defensa que "ayer mismo" descolgó el teléfono para transmitir su perplejidad al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y "exigirle explicaciones" sobre el origen del problema y la cuantificación de los plazos.

También añadió, no obstante, que las cifras que a él le aporta el Ministerio de Transportes, principal lastre del cumplimiento inversor del Gobierno, con un euro gastado de cada tres prometidos según los datos de la Intervención General del Estado, no cuadran con éstos. En el conjunto de los tres ejercicios que van de 2019 a 2021, dijo Barbón a al Junta, ellos contabilizan inversiones en Asturias por valor de 737 millones de euros, "lo que significaría que la cifra del año pasado estaría en 287 millones" frente a los más de cien del dato de la Intervención. Ahí "hay una discrepancia importante que vamos a exigir aclarar", reseñó el jefe del Ejecutivo mientras subrayaba que "en los cuatro primeros meses de este año se ha ejecutado un 23 por ciento más que en el mismo periodo de 2021".

El asunto de fondo era su actitud de supuesta exigencia y firmeza ante Madrid, el orden de las prioridades políticas de Barbón en el año que queda para 2023 o el "peso político" del Presidente que Mallada cuestionó bajo la acusación de "actuar como cooperador necesario", amparado en el silencio, "para marginar a Asturias" y "anteponer sus intereses políticos" a los del Principado. "Eso es traicionar a nuestra tierra", concluyó. Haciendo claros ejercicios de calentamiento preelectoral, ambos se enzarzaron en un debate que Barbón quiso zanjar haciendo ver las "muchas diferencias que existen entre usted y yo. Yo no soy un hooligan de mi partido. Soy exigente con el Gobierno de España cuando debo serlo. Y pesar, peso, pero cuando hablamos de peso político me llama la atención que haga burlas al respecto. Fíjese si tiene poco peso", rimó, "que no le convocan ni un congreso".

La toma de posiciones y la esgrima preelectoral no habían hecho más que comenzar. La portavoz de IU, Ángela Vallina, trajo una advertencia envuelta en mano tendida para los pactos del año que le queda a la legislatura y preguntó por el peligro, señalado por el propio Barbón, de convertir estos meses de mandato en una mera antesala de las elecciones de mayo de 2023. Dijo, sin citar a Ciudadanos, que "los llamados 'pactos de Fruela' quedaron en nada, pero todavía estamos a tiempo de recuperarlos si existe voluntad política y si el Gobierno no cae en la tentación de pasarse el final de la legislatura buscando mayorías en este parlamento que ya no existen en la realidad". Quería hablar con evidentes sobreentendidos del acercamiento del Gobierno a Ciudadanos, y cuando ofreció pactos para atraer al Ejecutivo hacia la izquierda Barbón prometió toda su disposición al diálogo, pero no le compró el argumento de la representatividad. "En realidad", esquivó, "ninguno representamos ya el sentir ciudadano de 2019, porque si tomamos una encuesta reciente nos encontraremos con que el PP estaría por debajo de los diez diputados por primera vez en su historia".

El Presidente defendió su ley de calidad ambiental de las críticas que reprodujo IU y tuvo que seguir adelantándose a la próxima campaña electoral cuando el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, dirigió su pregunta hacia la acusación, "Dedica más tiempo a su partido que a los asturianos", le reprochó, "quizá porque está preparando su posible salto a Madrid o el cambio de cromos, de Adrián por Adriana (Lastra). Sería un gran gesto feminista por su parte ceder el paso a una mujer..." A la contra, tras volver a evidenciar todo lo que ideológicamente le separa del partido de Blanco, el jefe del Ejecutivo autonómico reprobó la renuncia de Vox a la democracia interna. "Acaban de cambiar sus estatutos y si vuelve a ser candidato ya no será porque se presente a unas primarias. Ahora lo elige directamente el presidente nacional, y difícilmente se puede defender la democracia en Asturias si no se defiende dentro del partido", reprochó antes de añadir que ve a su antagonista "nervioso. El personaje ha devorado a la persona. El ego le esta obnubilando y se está empezando a poner nervioso porque ve que la debilidad del PP no parece que vaya a trasladarse a Vox como ocurre en otras partes de España. Reflexione por qué".

Cuando la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, mencionó la "inasumible" dependencia de la economía asturiana del sector público -"hay mas funcionarios y pensionistas que trabajadores de la empresa privada"-, Barbón se aprestó a acercarse a los 300.000 pensionistas, afeando a su interlocutora el uso de argumentos propios del "independentismo radical", que "lleva muchos años intentando romper la caja única de la Seguridad Social porque dice que las comunidades ricas sostienen las pensiones de las pobres. Si hay pensionistas en Asturias que cobran por encima de la media nacional, es porque lo cotizaron, lo trabajaron y se lo ganaron a pulso", resaltó. La pregunta de la diputada naranja quería en realidad poner en solfa el ritmo de la reforma administrativa que tiene en marcha el Principado y hacer ver que "la Administración está siendo un obstáculo" para la actividad empresarial y "el progreso de la región". "Desde los gobiernos de Pedro de Silva en los años 80", replicó Barbón, "no ha habido ninguno que haya afrontado" la simplificación burocrática y la retirada de obstáculos administrativos "con reformas tan profundas como nosotros". Si hay fallas y dificultades, añadió, es un efecto de la ley de contratos del sector público, aprobada en 2017 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que peca de "exceso de garantista y ralentiza el proceso de contratación", pero no por culpa del PP, aclaró, presentándose como la antítesis del demagogo. "Lo que hizo Rajoy fue trasponer una directiva comunitaria. Ahí está la raíz del problema".

El Presidente remató la invocación a la propia ecuanimidad añadiendo que tampoco fue Rajoy el culpable de los cierres de las centrales térmicas de Lada y Soto de la Barca, aunque los anuncios llegasen igualmente durante sus gobiernos. "Son decisiones empresariales", contestó cuando el portavoz de Foro, Adrián Pumares, volvió a traer al Pleno el ritmo a su juicio demasiado acelerado que ha asumido Asturias para la transición ecológica. "¿Cómo se puede explicar si no que EDP siga consumiendo carbón e Iberdrola y Naturgy no?", se preguntó, descargando responsabilidades sobre unas compañías que "tienen la doble responsabilidad de cerrar las térmicas y de no presentar alternativas para los concejos" afectados".

El portavoz de Podemos, Rafael Palacios, redirigió el debate hacia la exigencia al Gobierno de que el proyecto de ley de defensa de los derechos del colectivo LGTBI y trans llegue a la cámara en esta legislatura. Se trata, dijo, de dar respuesta a la necesidad de que Asturias deje de ser la única comunidad junto a Castilla y León que aún no ha legislado sobre esta cuestión y Barbón replicó con un compromiso sin garantía explícita de plazos. "Estamos trabajando a todo ritmo", aseguró, para contar con una ley que proteja a todo el colectivo pero que, enfatizó, necesita ser jurídicamente muy garantista, porque "sabemos que nada más ser aprobada va a ser impugnada. El señor Blanco está deseando que se apruebe para pasársela a sus amigos de Vox. Por eso debe ser garantista y no admitir mácula", concluyó.

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