La Administración asturiana se prepara para sustituir a los 13.000 empleados públicos, que según el cálculo aproximado del Gobierno regional, se jubilarán en los próximos diez años. El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, interpretó el dato que ofreció esta mañana en la Junta como la apertura de “una gran ventana de oportunidad” para utilizar las sustituciones en una profunda actualización de la función pública asturiana. En respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado del PP Pablo González, Cofiño desglosó el dato general observando “un motivo de alarma o preocupación” en la parte del desglose que confirma la proximidad del retiro de una porción abundante de trabajadores del sistema autonómico de salud, unos 7.000. Se irán además, según su estimación, 3.000 docentes, 2.000 trabajadores de la administración general, unos quinientos de la justicia y 850 en los organismos públicos.

El número dos del Ejecutivo invitó a aprovechar estas sustituciones para dar cumplimiento a los objetivos de actualización que incluye el proyecto de ley de empleo público que tramita la Junta General. Reprodujo lo afirmado en ocasiones anteriores respecto a su percepción de que “Asturias no tiene un problema de tamaño” de sus plantillas, sino “de adecuación de los recursos humanos a las necesidades. Ese es el gran problema de la administración pública asturiana, y eso no se soluciona de un año para otro”. Teniendo en cuenta el margen difícil de calcular que para los reemplazos “nos den las jubilaciones y las tasas de reposición”, Cofiño manifestó su intención de hacer que “los tiros” vayan hacia la mitigación del problema esencial muchas veces enunciado. “A causa de la digitalización”, subrayó, “muchas profesiones que tuvieron sentido antaño no son necesarias en el próximo futuro y tenemos que ir prescindiendo de esas plazas para incorporar otras que nos demandan los tiempos en que vivimos”, una tarea en que pretende colaborar la ley de empleo público en trámite, reseñó.

También están en esa norma, enlazó Cofiño, los incentivos para la movilidad de los trabajadores públicos hacia las zonas rurales que esta mañana le demandó el diputado de Ciudadanos Luis Fanjul. “Es evidente que tenemos necesidad de que muchos profesionales de la Administración se desplacen” a estos ámbitos del territorio, y el proyecto legislativo incluye mecanismos de estímulo retributivo a través del complemento específico. “También ayudará el decreto del teletrabajo” que el Gobierno tiene en sus últimas fases de tramitación y que pretende alentar, subrayó, “la posibilidad de que muchos empleados que trabajan en zonas urbanas puedan desplazarse a las rurales. Más allá de la aprobación de la ley, concluyó, “tenemos que desarrollar una panoplia de incentivos para hacer posible que el déficit de recursos humanos de la Administración en amplios territorios de la zona rural se mitigue. Es una necesidad objetiva”.

El Vicepresidente volvió a escudarse en el obstáculo competencial cuando otra pregunta de Ciudadanos volvió a llevar a la Junta los problemas para la estabilización de los trabajadores interinos de las escuelas infantiles para menores de tres años. Despejando hacia los ayuntamientos, Cofiño repitió con otras palabras lo ya dicho por la consejera de Educación, que la ley estatal que tutela los procesos de estabilización  del personal temporal fija las plazas que están afectadas “y estas están excluidas expresamente. Poco podemos hacer”, señaló, “reconociendo que a este asunto”, inmerso en “las sombras de las competencias impropias, hay que darle una solución”.