La tramitación y debate sobre el nuevo Consejo Económico y Social del Principado adelanta a otras leyes que el Gobierno de Adrián Barbón tenía programadas en su plan normativo y tendrá prioridad en el apretado calendario de la Junta General hasta el final de la legislatura, que concluirá en marzo del próximo año. La toma en consideración de la proposición de ley, presentada por IU, incluía el carácter urgente de su desarrollo, lo que permite acortar los plazos y celebrar ya este próximo viernes las comparecencias parlamentarias sobre la recuperación del órgano consultivo suprimido por la mayoría de la Junta General en 2017, según el calendario acordado por la Mesa de la Junta.
Izquierda Unida esgrimió en la exposición de motivos de su propuesta que la restitución del CES llega "precedida de un amplio acuerdo entre los agentes sociales". Cabe recordar que cuando la mayoría de la Junta, con los votos del PP, Podemos, Ciudadanos y Foro, aprobó la eliminación del CES tanto los sindicatos como la patronal trataron de evitar esa decisión con una oferta de última hora para que fuera más austero. Finalmente, la supresión no tuvo marcha atrás, aunque el texto de aquella iniciativa ya preveía la posibilidad de articular un órgano asesor que no entrañase costes añadidos para el Principado.
La ronda de comparecencias es preceptiva en el debate parlamentario de toda ley y en ella suelen dar su opinión los distintos agentes que pueden estar afectados por el nuevo marco legal, así como los expertos en materias relacionadas con el mismo. También fijan su posición los miembros del Gobierno cuyas áreas tienen alguna conexión con la futura ley. En la sesión fijada para este viernes están previstas las comparecencias del secretario general de Comisiones de Obreras de Asturias, José Manuel Zapico, que ha sido solicitada por el grupo de Podemos, y del director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, propuesta del Grupo Popular. Además, los diputados de la formación morada también han pedido la opinión de José María Estrada Janáriz, exletrado de los servicios jurídicos del Principado, así como de los presidentes del Consejo Asturiano de la Mujer y del Consejo de la Juventud, entidades que tendrían cabida en el órgano asesor de nueva creación.
Uno de los motivos en los que basó el Grupo Popular la iniciativa para eliminar el CES era su coste, que había llegado algunos años a superar el millón de euros, aunque el presupuesto de su último año de funcionamiento fue de 635.000 euros, de los que 451.000 eran para personal. El sueldo más elevado era el del presidente, de 65.327 euros. En el nuevo CES, el presidente no tendrá sueldo, aunque podrá cobrar dietas como los 24 vocales. También está prevista la creación de una dirección con dedicación exclusiva a cargo del Presupuesto regional.
