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"El CES fue muy, muy productivo para el tejido empresarial asturiano", afirma la patronal

FADE reclama que el Gobierno no esté representado en la nueva configuración del organismo que tramita la Junta

Nicolás Álvarez fue el último presidente del CES del Principado. | LNE J. A. Ardura J. A. A.

El Consejo Económico y Social de Asturias (CES) ha regresado a la Junta General del Principado al revés que hace seis años, cuando el parlamento debatió y acordó la supresión de un organismo que en su configuración anterior consideró caro y “superfluo”. Este viernes, en el debate inverso sobre el regreso del órgano consultivo al organigrama institucional del Principado, las comparecencias de “expertos o interesados” para opinar en la cámara sobre el proyecto de ley del nuevo CES que promueve IU expusieron las razones a favor que sostienen la patronal, el sindicato CC OO y el Gobierno regional. Los grupos apuntalaron las posiciones políticas ya manifestadas y mayoritariamente proclives al retorno de la institución, que apoyan decididamente PSOE, IU y Podemos. Desde la parte más renuente de la cámara, Ciudadanos, Foro, Vox y el Grupo Mixto reprocharon a los consejeros de Industria y Hacienda su reticencia a ofrecer detalles sobre sus planes respecto a la dotación presupuestaria que habrá de tener el organismo si finalmente se recupera.

Convocados por los grupos parlamentarios, esta mañana intervinieron en el parlamento algunas de las organizaciones que conforme a la arquitectura que se propone estarían representadas en el nuevo organismo. Es por eso que los comparecientes defendieron la pertinencia de reconstruir un “nuevo CES” más austero y eficaz. Alberto González, director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), lo hizo llevando la voz de quienes “consideramos que es un instrumento que favorece la participación institucional, el diálogo social, la transparencia y la calidad democrática de las instituciones”. Resaltando la necesidad de resolver la anomalía que separa a Asturias del resto de las autonomías y países europeos y la urgencia de que los agentes socioeconómicos recuperen un espacio de pronunciamiento reglado y “garantizado por ley” sobre asuntos de su interés, el representante de la patronal incluyó entre los reparos su consideración sobre la conveniencia de que el Gobierno regional no esté representado en el Consejo. “Es quien presenta las iniciativas legislativas (sobre las que debe pronunciarse el CES) y puede intentar interferir en el resultado del consenso”, justificó.

El resto son razones a favor, incluso de la muy cuestionada labor del organismo consultivo hasta su supresión en 2017. “Si no hubiese estado el CES”, ha afirmado González, “los problemas que se habrían podido generar en la técnica legislativa” de determinadas leyes “habrían sido muy graves. Los efectos, incluso económicos, de haber tenido que dar marcha atrás habría compensado con mucho el coste total del CES a lo largo de muchos años”. “Fue muy muy productivo para el tejido empresarial asturiano”, dijo haciendo hincapié y repitiendo el adverbio, “por todas las veces que fuimos capaces de corregir problemas que podían haber afectado a la empresa asturiana”.

De acuerdo en lo esencial, González y el secretario general de CC OO en Asturias, José Manuel Zapico, han discrepado respecto a la necesidad de incluir en la nueva regulación del organismo la posibilidad de que la Junta pueda pedirle informes. “No convendría trasladar debates políticos a un ámbito de discusión entre representantes del mundo económico y social”, afirma González. “Podría ser interesante en cuestiones de interés general”, opone Zapico. El máximo responsable del sindicato defendió un nuevo CES “austero, eficaz, activo y capaz de cumplir su función y estimular el debate público sobre los problemas de Asturias, y de hacerlo con datos y argumentos solventes, con rigor y voluntad de consenso y acuerdo”. Respecto a la nueva arquitectura del organismo, agradeció González que en la propuesta presentada “la estructura de gestión se mejora de forma ostensible” gracias al presidente sin remuneración o a la incorporación de un director general y una secretaría general encargada de la vigilancia del cumplimiento jurídico” en la institución, y como ejemplo de las posibilidades del CES y en esfuerzo de pedagogía, los dos destacaron que la red de CES del noroeste está haciendo “un trabajo excepcional” para que el Corredor Atlántico de mercancías no quede en vía muerta del que Asturias ha quedado fuera por carecer de este organismo.

El debate sirvió, por lo demás, para apuntalar las posiciones ya insinuadas por los grupos parlamentarios, que apoyaron mayoritariamente la toma en consideración del proyecto para la recuperación del CES y que este viernes hicieron algo parecido, con IU y PSOE decididamente a favor, Podemos en pleno viraje desde su posición radicalmente contraria de hace cinco años hacia al apoyo decidido a este “nuevo CES”. Por si quedaran dudas, la diputada morada Nuria Rodríguez dejó dicho que el organismo anterior “era un desastre, pero eso no quiere decir que tengamos que prescindir de un instrumento que nos parece necesario para Asturias”. Si el proyecto cuenta con esos apoyos no haría falta el del PP, que también se opuso en 2017, que se abstuvo en la reciente toma en consideración de la propuesta de recibiendo y condiciona su respaldo a que en la redacción final del texto “se cumplan las condiciones de austeridad, eficiencia o participación” establecidas en la ley de supresión de 2017. La sesión reafirmó en su rechazo a Ciudadanos, Foro, Vox y Grupo Mixto, quejosos y decepcionados además por la falta de explicaciones de los dos representantes del Gobierno que han acudido esta mañana a la Junta.

En un tono pretendidamente aséptico y cauto, que algún diputado calificó de poco entusiasta, llevaron la representación del Gobierno en la valoración los consejeros de Industria y Hacienda, Enrique Fernández y Ana Cárcaba, respectivamente, y la directora general de Igualdad, Nuria Varela. La oposición no logró sacar de Cárcaba una previsión presupuestaria para el nuevo CES; a Fernández, poco más que el recuerdo de la presencia del organismo en los acuerdos de concertación social firmados por el Gobierno y la conciencia del Ejecutivo de que “esta nueva configuración del CES se está orientando en términos de mayor agilidad y austeridad. Si no decimos más, es porque no hay nada más que decir”.

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