La ejecución de fondos europeos para digitalizar la administración, “una de las máximas preocupaciones” del Principado para 2023

El Gobierno regional proyecta para el próximo año destinar 100 millones de euros a la transformación digital de la administración autonómica, gracias a la inyección que supondrán los fondos europeos del mecanismo de reconstrucción y resiliencia. Ejecutar estos fondos “es una de nuestras máximas preocupaciones, pero somos razonablemente optimistas”, aseguró esta mañana el director general de Seguridad y Estrategia Digital. Esa cifra supone más de un tercio del presupuesto global de la consejería de Presidencia para 2023, que alcanzará los 290,3 millones de euros, según ha precisado la titular de este departamento, Rita Camblor, en la intervención que abre la ronda de comparecencias sobre el proyecto de Presupuestos autonómicos del próximo año. La Consejera reconoció, por otra parte, que el Gobierno “no maneja plazos” para la unificación de las sedes judiciales en Oviedo, una cuestión que está sobre la mesa desde el inicio de la legislatura, en 2019.

El área de Estrategia Digital dispondrá de 100,3 millones, con un incremento de 41,8 millones, con los que el Ejecutivo pretende favorecer el desarrollo económico y el progreso social a través la tecnología y la oferta de servicios públicos digitales basados en el uso seguro de los datos. Camblor apuntó como principales objetivos la mejora en la usabilidad de las plataformas y portales, el incremento de la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la puesta en marcha de nuevos servicios. La cifra de inversión rondará los 50 millones, lo que sitúa el sector de las telecomunicaciones como el tercero en las prioridades de gasto del Principado, tras infraestructuras y salud. Los fondos se orientan a la modernización del puesto de trabajo, con nuevos dispositivos y aplicaciones colaborativas para Justicia, Derechos Sociales, Educación y la Administración general. También se pretende lograr una gestión administrativa más eficiente a través de la gobernanza del dato, la mejora de las infraestructuras de electrónica de red y cableado de los centros públicos.

El diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, manifestó la preocupación por los bajos niveles de ejecución del Presupuesto de 2022, que a 31 de octubre estaba en un 16,5 por ciento en cuanto a la renovación digital del Principado. Bartolomé manifestó la intranquilidad por la repercusión que esa baja ejecución pueda tener en la aplicación de los fondos europeos. El director general, Javier Fernández, apuntó que el ejercicio de 2022 “está aún sin cerrar”, admitió que el volumen actual de ejecución es bajo, pero precisó que “hay un gran volumen de tramitación” para estas últimas semanas del ejercicio. El responsable de Estrategia Digital reconoció que supone “un enorme reto ser capaces de ejecutar estos fondos. Es una de nuestras máximas preocupaciones, pero somos razonablemente optimistas”.

Otro de los asuntos que acaparó mayor atención en la comparecencia de la consejería de Presidencia sobre el presupuesto de 2023 fue el de la concentración de las sedes judiciales de Oviedo en la zona de Llamaquique, un proyecto para el que hay una partida de 100.000 euros. “Hemos pasado cuatro años en blanco”, criticó el diputado Pablo Álvarez Pire (PP), después de que la consejera Rita Camblor admitiera, a preguntas del portavoz de Foro, Adrián Pumares, que “no hay plazos” para acabar con la actual dispersión de sedes judiciales en la capital. “No manejamos plazos, trataremos de darle la mayor agilidad, pero es una cuestión que no depende solo del Principado. Hay una negociación con la Tesorería de la Seguridad Social para lograr la cesión de los edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas”, concretó Camblor, quien hizo hincapié que en las cuentas del próximo año hay partidas que suman 1,5 millones para poner en marcha el proyecto que liberará edificios universitarios en Llamaquique, previo traslado a las antiguas dotaciones sanitarias en el Cristo. “No parece que con esa cifra se pueda decir que este Gobierno no ha hecho nada”, replicó la titular de Presidencia. Tanto Pumares como Álvarez Pire dejaron entrever su decepción porque tras al anuncio del presidente, Adrián Barbón, en el debate de la región, parecía que “esa negociación estaba mucho más avanzada”.

Concentración judicial en Oviedo aparte, la partida para inversiones en justicia asciende a 6,9 millones, de los algo más de cinco millones serán para concluir las obras del nuevo palacio judicial de Langreo. El resto del dinero se destinará a reformas en el Tribunal Superior de Justicia (295.000 euros) y en el Palacio de Justicia de Oviedo (305.000), a la rehabilitación de los juzgados de Cangas del Narcea (100.000), la nueva sede judicial de Pravia (100.000), la reorganización de espacios en Mieres (90.000) y la accesibilidad del juzgado de Siero (55.000). La viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, anunció además la adquisición de 1.500 ordenadores portátiles para la plantilla judicial. La consejera Rita Camblor confirmó la creación de 17 nuevas plazas en este ámbito para corregir carencias de personal en diversas áreas, como la Fiscalía.

La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, se interesó por el dinero que destina el Gobierno regional cada año a comunicación institucional que la consejería de Presidencia cifró "entre los 8 y los 10 millones anuales", aunque en breve detallará el contenido de esa partida en un informe remitido al parlamento regional. El gerente del SEPA, Óscar Rodríguez, confirmó que el próximo lunes se empezarán a instalar cámaras en todo el recinto del centro de La Morgal para mejorar la seguridad y tratar de evitar ataques como el que se produjo el pasado mes de octubre en el centro de coordinación a uno de sus trabajadores.

En 2023 se recuperan la Escuela de Verano de Asturianía y la iniciativa Añoranza, que permitirá la visita de emigrantes a la región. Además, se amplía la cobertura social tanto a personas retornadas como a las residentes fuera de Asturias y se incorporan 200.000 euros para atender inversiones sociales en centros asturianos. En memoria democrática los proyectos de investigación pasan de 26.000 a 120.000 euros, para financiar el análisis y exhumación de fosas, así como los estudios genéticos de ADN que llevará a cabo la Universidad de Oviedo.

La fijación de posiciones permitió comprobar que las últimas cuentas de la legislatura saldrán adelante con los apoyos del PSOE, el grupo que sustenta al Ejecutivo de Barbón, de IU y del diputado del Grupo Mixto, que suman 23 escaños, la mayoría absoluta de la Cámara. El PP, Ciudadanos, Foro y Vox coincidieron en la crítica a un proyecto presupuestario que juzgaron continuista y "no solucionará los problemas de Asturias". El portavoz de Podemos, Rafael Palacios, alertó del crecimiento de la precariedad laboral y social en Asturias en los últimos años: "Necesitamos que Asturias tenga Presupuesto, pero no nos vale cualquiera"", planteó el portavoz del grupo morado.

Suscríbete para seguir leyendo