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Los funcionarios urgen la reforma de la Administración, "estancada" en la Junta General

Sindicatos y colectivos de empleados públicos consideran necesaria ya la actualización de la ley regional de Función Pública, "vieja y desfasada"

Varios colectivos de funcionarios y sindicatos urgen la reforma de la ley de empleo público, clave para modernizar la Administración del Principado y que permanece "estancada" en la Junta General, ante el temor de que no pueda ser aprobada antes de que finalice la presente legislatura, a la que le quedan poco más de tres meses. La asociación Conceyu por otra Función Pública en Asturias sostiene que la ley regional que regula la función pública "es la más vieja y desfasada" del conjunto de todas las autonomías. El Gobierno regional confía en que la aprobación de la nueva normativa sea realidad en los contados plenos que faltarán para la conclusión del actual mandato, aunque la organización del calendario parlamentario es una cuestión que depende en exclusiva de los grupos de la Junta General.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, encargó la reforma de la Administración del Principado al vicepresidente Juan Cofiño en plena pandemia. El primer paso del "número dos" del Gobierno asturiano fue convocar un grupo de expertos para elaborar un anteproyecto que luego pasó por el filtro de la negociación con los sindicatos en la Mesa General del Principado, donde obtuvo un amplio respaldo en la votación que tuvo lugar en marzo del año pasado. UGT y las federaciones FSES y SAIF votaron a favor mientras que CSIF se abstuvo y CC OO fue el único sindicato que votó en contra. El anteproyecto, con numerosas modificaciones introducidas por los sindicatos, llegó al Parlamento autonómico en el primer trimestre del pasado año para iniciar un debate en el que comparecieron los agentes sociales y también varios consejeros del Gobierno regional, como el propio Juan Cofiño o la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba.

Corría el mes de mayo cuando la patronal valoró la reforma como "un paso adelante, pero no definitivo", mientras que UGT recalcó que ya "era hora" de una nueva ley y CSIF advirtió que el texto era "muy mejorable", emplazando a su mejora en el trámite de enmiendas. También el colectivo Conceyu por otra Función Pública en Asturias se mostró crítico con el anteproyecto al considerar que no introducía "ninguna mejora sustancial" y que dejaba en manos "del político de turno" algunas mejoras salariales como, por ejemplo, el complemento de productividad.

Esta asociación de funcionarios asturianos acaba de advertir ahora que el modelo vigente de Administración del Principado "se fundamenta en la ley más vieja y desfasada", que se remonta al año 1991 y "copia casi literalmente la estructura administrativa de 1982, por lo que puede decirse que la Administración asturiana actual está organizada con el mismo esquema con el que se montó la comunidad autónoma hace ya 40 años". En cambio, la ley de organización administrativa de Galicia data del año 2010, la de Cantabria entró en vigor en 2018 y la del País Vasco en 2022. Es decir, las normativas del resto de autonomías de la Cornisa Cantábrica son mucho más recientes que la del Principado.

Asegura Conceyu por otra Función Pública en Asturias que el modelo administrativo del Principado "es rígido y extremadamente jerarquizado y centralizado, lo que impide dar respuestas rápidas a problemas complejos de gran relevancia económica o social". También sostiene este colectivo que se ha generado "una hipertrofia de puestos de jefatura", al tiempo que lamenta que "el proceso legislativo para la imprescindible reforma de la organización administrativa siga estancado por falta de iniciativa política". Y concluye que "esa maquinaria administrativa ineficiente, mal dotada y pésimamente organizada", es la responsable de que "sean triturados" los derechos sociales básicos de los solicitantes de la valoración de la discapacidad, las ayudas al alquiler de vivienda o de las ayudas con fondos PAC, que acumulan demoras en su tramitación.

José Luis González, coordinador de USIPA, uno de los sindicatos que forma parte de la federación SAIF, junto a SICEPA, responsabiliza del retraso en la aprobación de una nueva ley que reorganice la Administración asturiana a los partidos políticos. "En los últimos meses se les llena la boca al hablar de los males de la burocracia como el gran chivo expiatorio, pero los primeros que hacen gala de los males de la burocracia son los políticos". Y pone un ejemplo: "Votamos en la Mesa General esta reforma en marzo del año para facilitar al máximo la tramitación en la Junta General y que se pudiera votar antes del verano. Han pasado nueves meses y la nueva ley todavía no está", argumentó González.

En fuentes parlamentarias dan por seguro que habrá margen para aprobar la ley de Empleo Público, sobre la que hay un mayor grado de coincidencia en la necesidad de que salga adelante en esta legislatura, que sobre otros textos más controvertidos. Pero los colectivos de funcionarios urgen su desbloqueo ante el temor a que no llegue a aprobarse.

La ley de Calidad Ambiental, otra de las normas en lista de espera


La guerra a la burocracia fue uno de los objetivos prioritarios que se marcó Adrián Barbón cuando esta legislatura ya estaba en marcha, en buena medida por las rigideces que afloraron con la pandemia del coronavirus. El primer paso consistió en la elaboración y aprobación, hace trece meses, de una ley de Medidas Administrativas Urgentes del Principado, un texto en el que adquirió mayor protagonismo la declaración responsable como fórmula para agilizar trámites. La segunda pata de esta reforma es la ley de Empleo Público, que "jubilará" a la ley de Función Pública asturiana, y la tercera es la ley de calidad ambiental, otro de los proyectos que está en la lista de espera de la Junta para el último trimestre de esta legislatura. Este texto ha generado gran controversia entre el PSOE y uno de sus socios preferentes, IU, ya que la coalición sostiene que detrás de esta reforma subyacen intereses empresariales para reducir los controles sobre diversas actividades con la extensión de la declaración responsable.

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