Canga propone que "una consultora independiente" someta a un examen a los altos cargos que elija el Gobierno

El pacto “antienchufes” que Diego Canga ofrece a Adrián Barbón sería una prueba de competencia en gestión de recursos humanos y financieros a la que una consultora privada contratada por el Gobierno sometería a todos los altos cargos escogidos por el Gobierno. El candidato del PP a la presidencia del Principado ha planteado este martes la propuesta tomándola prestada del procedimiento de selección al que la Comisión Europea somete a sus dirigentes, y que él mismo tuvo que pasar dos veces, y presentándola como una de sus alternativas para resolver “el enorme problema de gestión que he detectado en la administración asturiana”. El examen, que en Bruselas es exigente, dura un día entero y Canga recuerda cuanto menos con respeto, se exigiría para los altos cargos de libre designación, directores generales y gerentes de entes y empresas públicas, dejando claro que no hay libre concurrencia, que a los aspirantes los escoge el Gobierno y que quedan fuera los consejeros para respetar su nombramiento como “una prerrogativa del Presidente”.

A imagen de lo que sucede en la Comisión “desde hace más de veinte años”, la tutela de la operación se encomendaría a “una empresa de consultoría independiente” designada por el propio Ejecutivo a través de un proceso de contratación pública. En la Comisión, explica Canga, todo esto viene a ocupar “un día entero de pruebas y simulaciones” que empieza con tres horas de test psicotécnico y sigue con “un examen profundo para ver si tienes o no capacidad para gestionar recursos humanos y dinero”. “Mientras te graban en video, te dan por ejemplo informaciones incompletas y sobre esa base te someten a una entrevista en la que debes aportar soluciones al problema financiero o de personal que se plantea…” El consultor emite un informe final y si su evaluación es negativa “es prácticamente imposible que consigas el puesto”.

El traslado a Asturias del sistema de validación de altos cargos, que Canga había enunciado ya en comparecencias precedentes, y que ahora propone también a Barbón por “si los ciudadanos deciden que siga al frente del Gobierno”, se inscribe en una batería de propuestas elaborada por el candidato popular para “la mejora y transparencia de las instituciones asturianas”. El aspirante y el diputado Pablo Álvarez-Pire han vuelto sobre su promesa de “eliminar la obligación de cita previa en la administración pública” y de “sugerir que eso se corrija” también en las empresas privadas, sobre todo en los bancos. Han concretado además su propuesta para abrir a las visitas de los ciudadanos la Junta y la sede de la presidencia del Principado, todos los viernes y los sábados el parlamento y todos los sábados el palacio presidencial, y han añadido la imposición de “un código de conducta para los funcionarios” que se negociaría con los sindicatos de la función pública, que también tomaría como modelo el que rige en la Comisión Europea “desde hace 23 años”. Se establecerían una serie de obligaciones de comportamiento y por poner un ejemplo los funcionarios de la Unión “estamos obligados a responder a los correos en un plazo máximo de quince días”.  Finalmente, la lista completa el sexteto de sugerencias con el desarrollo y la aplicación de la varias veces postergada Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada en el Principado en 2018 y sin desarrollo después de dos intentos fallidos del PSOE para nombrar un presidente y constituir el Consejo de Transparencia.

Suscríbete para seguir leyendo