Foro se ve "moralmente" ratificado en su acusación contra Cascos

Foro Asturias desconoce el contenido de las nueve cajas con documentación sobre la actividad empresarial de Francisco Álvarez–Cascos que acaban de llegar a manos de la Fiscalía del Principado, pero lo que se ha divulgado en las últimas semanas sobre los negocios del exvicepresidente del Gobierno y expresidente del Principado no sorprende en el partido que fundó y del que ha sido expulsado. A los ojos del secretario general y portavoz de la formación en la Junta, Adrián Pumares, se hace "evidente que el modus operandi es similar" al que ha justificado la apertura del procedimiento judicial en el que Foro pide dos años de prisión para Álvarez–Cascos por presunta apropiación indebida. "Desconozco el efecto que pueden tener esas nueve cajas y si hay alguna relación con Foro Asturias", remarca Pumares, pero deja claro que si todas esas facturas y contratos tienen algo que ver con lo que se ha publicado en las últimas semanas, a él el asunto le suena. "Se habla del alquiler aparente de sedes o despachos que no se utilizaban o que incluso eran arrendadas a varias personas durante el mismo tiempo... Puede que eso sí guarde cierta relación", señala, con lo que el que fue su partido afea al exvicepresidente ante los tribunales en cuanto a la forma de actuar.

Al hablar de la actividad del que fue su jefe Pumares prefiere distinguir ya, no obstante, "el plano judicial del político, ético o moral". En este ámbito, "siempre dijimos que lo que Álvarez–Cascos había hecho en Foro no era ni ética ni moralmente aceptable y todo esto nos da la razón. La justicia dilucidará después lo que tenga que dilucidar, pero lo que está sucediendo no es tolerable para un personaje público como Francisco Álvarez–Cascos y cualquier persona de los que nos dedicamos a la cosa pública debe censurarlo con toda la contundencia", subraya. "No es aceptable y tendemos que distanciarnos de este tipo de comportamientos".

El último episodio en torno a los negocios que se imputan al expresidente del Principado son los documentos que una fundación ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción y ésta, a su vez, a la Fiscalía Superior del Principado. El Ministerio Público ha resuelto abrir un "expediente gubernativo" y nombrar un instructor para determinar el alcance judicial de los papeles y su posible vínculo con el proceso judicial en marcha.