El análisis de Vox a punto de concluir la comisión del accidente de Cerredo: "Dos fraudes de ley" y "connivencia" de la Administración

La comisión de investigación de accidente minero de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores, encara su recta final. Y los grupos parlamentarios empiezan a realizar sus primeras valoraciones. En el caso de Vox, las conclusiones que dejan las más de 60 comparecencias que han tenido lugar en los últimos meses, a falta de que el próximo viernes se enfrente a las preguntas de los diputados el facultativo José Antonio Fernández Casillas, son claras.

El diputado Gonzalo Centeno ve un posible “fraude de ley” en la gestión de las ayudas y los permisos concedidos a la empresa Blue Solving, además de indicios de un “concurso de connivencia” de determinados órganos y personas de la Administración. E insiste en que la dimisión de Belarmina Díaz, consejera de Industria en el momento del suceso, es “insuficiente”.

Este es el relato de los hechos que hace el diputado tras la comparecencia. Tras el cierre de las explotaciones mineras por parte de la Unión Europa en 2018, innumerables vetas se cerraron “dejando zonas enteras prácticamente huérfanas de puesto de trabajo cualificado y de gente joven, incluso de gente que tenía ya unos conocimientos y una experiencia muy valorada”.

Esta pérdida de empleo se intentó paliar con “proyectos ecológicos basados en ensoñaciones de la Agneda 2030”. En el caso de Cerredo, el proyecto de restauración ecológico, que se estaba desarrollando con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con 23 millones. “Estos fondos deberían ir destinados a rehabilitar la economía privada, mientras que se los han quedado empresas públicas”, señala.

"Tentación irresistible"

En ese entorno, “sin que la Administración pudiera hacer nada”, se produce una transmisión de derechos mineros de empresas que antes eran solventes a un “comercial de carbón” para explotar chatarra para revenderla, porque “ahí había un negocio suculento”, más los acopios de carbón que estaban en el exterior. Estos derechos recaen en la empresa Combayl, de la que era administradora única Ana María Rodríguez.

Al trabajar en la mina, el empresario, Jesús Rodríguez Morán conocido como 'Chus Mirantes' y marido de Ana María Rodríguez, “se da cuenta de que tiene más de 3 millones de toneladas de carbón fácilmente extraíbles. Por lo que la tentación es irresistible”, relata Cerredo. Así, habría comenzado a extraer carbón y, de ahí, “el primer accidente de 2022”. En ese momento, como dijo el jefe de la Inspección de Minas “podemos entender que la Administración tiene una responsabilidad ‘in vigilando’. “No se enteraron, no se dieron cuenta”, aclara.

Este accidente, en el que falleció un trabajador y otro resultó gravemente herido, terminó con un cierre de la mina. Es entonces cuando el empresario “cambia de estrategia”, cambia de directores facultativos y “más que buscar especialistas en la extracción de carbón busca alguien que le procure una vía de entrada, por cualquier medio, para volver a extraer carbón”.

Además, como Combayl “está quemada” por el accidente, se crea una empresa nueva, Blue Solving, a cargo de un joven de 21 años, Adrián Rodríguez, y con un capital de 3.000 euros.

Varios "fraudes de ley"

Con el nuevo director facultativo al frente, Blue Solving lograría dos subvenciones del Instituto de Transición Justas que, para Centeno, son “fraude de ley” porque “la documentación es simulación”. “Las comparecencias dejan claro que es prácticamente imposible obtener grafito de la hulla que hay en Cerredo, y económicamente inviable”, señala el diputado.

Además, el Principado concede “la famosa autorización” para el desarrollo del proyecto de investigación complementaria (PIC). “Otro fraude de ley”, dice Centeno. Este permiso autorizaba a la empresa a sacar 60.000 toneladas de carbón para convertir en grafito y para pruebas industriales.

“Dos fraudes de ley incapaces de realizar por un chavalín o por un tratante de carbón. Es ingenuo pensar que todo este sale de la cabeza de ellos”, opina Centeno. Por lo que, a su parecer, existe “connivencia clara” de determinados órganos y personas de la Administración.

Este es el relato del diputado de Vox, pero ahora será la comisión en su conjunto la que deba elaborar unas conclusiones que serán debatidas en el Pleno y, en el caso de detectarse algún posible delito, puestas en conocimiento del juzgado de Cangas del Narcea, encargado de la investigación del accidente minero.

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