Polémica legal por la limitación a las bebidas energéticas que plantea el Principado: el PP acusa al Gobierno de "despilfarrar" dinero con una asesoría jurídica fallida

Polémica en torno a la ley con la que el Gobierno del Principado quiere regular el consumo de bebidas energéticas en Asturias, vetando su consumo a los menores de 16 años, entre otras medidas. Y no solo la ha generado en la patronal nacional de supermercados y distribuidoras (Asedas), que ha pedido al Ejecutivo autonómico que reconsidere la ley, sino también en el plano legal y político, una vez que el PP ha alzado la voz para denunciar que la consejería liderada por Ovidio Zapico (IU) ha protagonizado un "despilfarro y derroche de dinero público" en la contratación de servicios profesionales privados para la redacción de la normativa del proyecto, "que debería ser elaborado por el propio personal de la Consejería" y que, para más inri, ha necesitado de una remodelación ante los defectos legales encontrados.

La diputada popular Pilar Fernández Pardo explicó que la Consejería de Zapico, que tiene atribuidas las competencias de Consumo, "gastó 12.100 euros en la asistencia técnica para la redacción del citado proyecto de ley encargada a un despacho de abogados de Castilla-La Mancha”. Como consecuencia, denuncia el PP, el proyecto de ley de Bebidas Energéticas "ha tenido que ser rectificado prácticamente de forma íntegra por parte del Letrado de la Junta General". "Si el objetivo era garantizar la calidad técnico-jurídica del proyecto, la realidad demuestra todo lo contrario, y ha tenido que ser el Letrado del Parlamento quien, advirtiendo de los graves defectos, carencias e incongruencias del texto presentado, rehiciera dicho proyecto de ley para hacerlo acorde con la normativa nacional y europea", subraya la parlamentaria popular.

Fernández Pardo afirma que de no haber sido así, el proyecto de ley de Bebidas Energéticas podría haber sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad por vulnerar la legislación básica del Estado, así como la normativa europea. Además, el PP advierte de que esta práctica "ya viene siendo habitual por parte del Gobierno de Barbón en todas sus consejerías, recurriendo de esta manera a la privatización de servicios, multiplicando costes y con una falta total de optimización de los recursos, que podrían muy bien destinarse, por ejemplo, a mejorar la Sanidad". El PP ha reclamado toda la documentación pública referente a este expediente.

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