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Un informe cuestiona la pretensión del Principado de comenzar a gestionar las fianzas de los alquileres

El escrito advierte que esta posibilidad ya se desestimó en su día por causar "problemas de gestión" que afectaban "negativamente" a las políticas que se querían desarrollar

El PP carga contra el Gobierno por "vetar" su propuesta para poner en marcha acciones inmediatas que reduzcan el problema de la vivienda en la región

Mercado de alquiler en Asturias

Mercado de alquiler en Asturias

Oviedo

Recuperar la fianza al alquiler en Asturias dependía hasta ahora de la voluntad del arrendador, encargado de valorar si la vivienda a la hora de devolver las llaves estaba en el estado adecuado. La nueva ley de Vivienda del Principado acabará con esta situación, al recuperar el depósito obligatorio de fianzas en arrendamientos urbanos previsto en la ley 29/1994.

La medida pretende proteger a los inquilinos, a la vez que se convertirá en una fuente de datos para el desarrollo de futuras políticas de vivienda. El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, dejó claro recientemente en una comisión parlamentaria que “no persigue a nadie, persigue abusos que se puedan cometer”. “No busca criminalizar a los propietarios, sino poner límites a quienes se aprovechan de su posición de poder”, insistió.

De esta forma, la gestión, custodia y administración de las fianzas pasaría a atribuirse al Principado. Sin embargo, un informe pone en duda la capacidad de la Administración para implantar esta medida. El documento recuerda que en su día ya se contempló esta opción y que fue desestimada como consecuencia “de los problemas de gestión que suponía”, los cuales afectaban “negativamente” a las políticas que se pretendían desarrollar.

En dicho informe también se pone en duda la intención de la Consejería de que estos depósitos supongan un incremento de ingresos públicos, que amplíen la capacidad financiera disponible “para las políticas autonómicas de vivienda sin incrementar el gasto público”.  

Explican que corresponde a la Consejería de Hacienda hacerse cargo de estas garantías, función que distribuye entre la Tesorería e Intervención General. Órganos que actualmente “no disponen de una estructura adecuada ni de medios para dar cumplimiento” a lo que se plantea.

Otro punto relevante del informe cuestiona que la nueva ley de Vivienda, actualmente en tramitación parlamentaria, “no genere un gasto con carácter inmediato”. Si bien se reconoce que la información facilitada por al Consejería no es suficiente para poder identificar el impacto presupuestario de la norma, se advierten que la repercusión en materia de gastos podría ser “relevante”.

Asimismo, se advierte que en la normativa referente a los programas de ayuda financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia constan unos plazos que establecen la finalización de las actuaciones a 30 de junio de 2026. Pero, con la información actual, si estos no se amplían “son varias las actuaciones en materia de vivienda en las que no parece factible el cumplimiento de los hitos y objetivos”.

Dudas en el Partido Popular

El diputado del PP José Cuervas-Mons mostró ayer su recelo sobre que la ley no tenga “repercusión económica”, máxime cuando plantea iniciativas como la creación de un observatorio, un cuerpo de inspección y movilización del parque.

“Me parece una tomadura de pelo de tal calibre que refleja el sectarismo y la parcialidad del Gobierno”, reconoció en rueda de prensa. Y criticó que el Ejecutivo se limite a "mucha intervención, mucha sanción y mucho control a los propietarios" sin medidas efectivas para aumentar la oferta y abaratar precios.

Cuervas-Mons cargó además contra el Gobierno regional por “vetar” una proposición de ley del PP destinada a implementar medidas urgentes que tendrían “un impacto inmediato” excusándose en que tendrían repercusión en el presupuesto de este año.

El Principado cuantificó que estas medidas tendrían un coste de 57 millones, de las que algo más de 30 millones afectarían directamente al presupuesto de este año (sobre todo aquellas relacionadas con impuestos).

“Evidentemente que la política de vivienda y las medidas de ayudas fiscales urgentes afectan al Presupuesto”, incidió Cuervas-Mons, quien lamentó que “el Gobierno ha decidido que su posición sea bloquear las propuestas del PP. Pero Asturias necesita más vivienda, más agilidad y menos impuestos”. “Yo les pido que dejen de bloquear y recapaciten; si hay cosas que mejorar, podemos sentarnos a hablar”, reclamó.

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