Los ayuntamientos asturianos podrán hacer valoraciones de dependencia: el nuevo programa del Principado para agilizar la tramitación

Los ayuntamientos asturianos podrán realizar valoraciones de dependencia y emitir propuestas de programa individual de atención (PIA) para intentar acortar los plazos de tramitación, tras los múltiples problemas que ha causado la implantación de la historia social única.

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, hizo llegar este miércoles una carta a las instituciones locales trasladándoles la decisión, con la que buscan “incrementar la eficiencia evitando grandes desplazamientos del personal valorador autonómico desde dichas sedes y aprovechar, en cambio, la cercanía del de los centros de servicios sociales municipales”.

La medida no es nueva en Asturias. Ya se lleva a cabo “con éxito” en Castropol, Coaña y Villayón, Cangas del Narcea e Ibias. En estos concejos se registra “un porcentaje muy reducido -e incluso inexistente en alguno de ellos- de personas a la espera”.

Esta fórmula de gestión, explicó la consejera en la misiva, comenzó a aplicarse en el ejercicio 2020 y estuvo enfocada principalmente -aunque no en exclusiva- a aquellos concejos que se encontraban a una mayor distancia de las cabeceras de área de Servicios Sociales (Navia, Cangas del Narcea, Avilés, Oviedo, Gijón, Mieres, Langreo y Arriondas) o que pertenecían a áreas con una gran extensión o con una demografía compleja.

Reunión telemática en marzo

En la actualidad, se ha constatado que “el conocimiento de las trabajadoras sociales municipales sobre la vida y necesidades de las personas en situación de dependencia es otro valor fundamental para aumentar la eficiencia en los concejos con menor población o con una red robusta de servicios sociales”.

Con el objetivo de exponer las principales características de esta fórmula, la consejera ha convocado una reunión telemática con los ayuntamientos el 4 de marzo a las 13.00 horas.

Esta acción se incluye dentro del “Plan Agiliza 2026”, que abarca una batería de medidas organizativas, normativas y tecnológicas, conducentes a lograr el objetivo señalado y a mantener unos estándares de agilidad acordes con el fin perseguido.

Del Arco defendió en la carta que “la atención y el cuidado de las personas en situación de dependencia, ha de ser una prioridad en las políticas públicas de cualquier Administración, por su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y sus efectos en el territorio”; máxime en una región como el Principado de Asturias, “que cuenta con una demografía claramente diferenciada por el elevado porcentaje de personas mayores de 65 años (el 28%)”.

Asimismo, explicó que la realidad demográfica ha venido produciendo un incremento de la demanda del reconocimiento de la situación de dependencia en los últimos años, principalmente a partir del ejercicio 2020, “que nos obliga a redoblar los esfuerzos para que las personas que requieren de apoyos en su vida diaria puedan contar con ellos de una manera ágil y eficaz”.

Las medidas contra los fallos informáticos están "respondiendo"

La consejera reconoció este jueves en comisión parlamentaria que la implantación de la historia social única “no ha estado exenta de incidencias”, aunque ha hecho hincapié en que Asturias era la única comunidad que no tenía este sistema y que en todos los territorios hubo dificultades en el proceso por “la complejidad del dato” que es “un reto”.

No obstante, aseguró que todas las medidas tomadas hasta el momento están "respondiendo” y defiende que con la historia única, “largamente esperada”, se ganará “modernidad, mejoras y eficacia en el sistema”.

Adrián Pumares, diputado de Foro, que le preguntó por la situación actual de la tramitación, advirtió que “no se puede ver como un simple error informático o administrativo” todos los problemas que se han producido en los últimos meses, sino como “un fallo muy grave de planificación y de gestión".

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