El PSOE sella el pacto de gobierno con IU y ve margen para frenar más universidades privadas

El acuerdo alcanzado entre los socios del Principado, PSOE e IU, para impulsar una ley autonómica de universidades abre el debate sobre hasta dónde puede llegar el Principado para ordenar o limitar la implantación de centros privados. Tanto socialistas como la formación liderada por Ovidio Zapico sostienen que existe margen de actuación pese a la regulación estatal.

La portavoz parlamentaria socialista, Dolores Carcedo, defendió este jueves que Asturias puede utilizar una normativa propia para fijar criterios adicionales a la regulación estatal. Según explicó, el objetivo de la futura ley será «ordenar el sistema universitario asturiano» y reforzar el papel central de la Universidad de Oviedo. «Entendemos que hay posibilidades y es lo que vamos a explorar», indicó Carcedo. Entre esos criterios citó aspectos como el nivel de investigación, el profesorado, el compromiso territorial o la planificación de titulaciones estratégicas para Asturias. En su opinión, la ley permitiría fijar una planificación universitaria propia y decidir qué enseñanzas considera prioritarias el Principado.

La dirigente socialista subrayó además que el acuerdo entre PSOE e IU parte de una premisa compartida: la defensa de la universidad pública y el papel central de la Universidad de Oviedo dentro del sistema universitario regional. En ese marco, la nueva normativa también servirá para definir las condiciones en las que podrían implantarse centros privados.

Desde Convocatoria por Asturias, el portavoz parlamentario Xabel Vegas coincidió en que el Principado tiene competencias para intervenir en la ordenación del sistema universitario, pero puso el foco en otro instrumento clave: la creación de un órgano autonómico de evaluación de la calidad universitaria, similar a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Asturias, recordó Vegas, «es una de las pocas comunidades que no dispone de un organismo propio de estas características». La nueva ley debería contemplar, a su juicio, una entidad encargada de «evaluar títulos, programas y centros universitarios para garantizar estándares de calidad».

En todo caso, tanto PSOE como IU-Convocatoria ven en el acuerdo un cierre político de la crisis entre socios por este asunto, dado que IU no formalizará un recurso judicial contra el decreto que autoriza los centros . Carcedo sostuvo que el acuerdo «fortalece al Gobierno de Asturias» y refuerza la «estabilidad política institucional», mientras que Vegas, aun reivindicando las diferencias de fondo entre ambos espacios, lo enmarca dentro de la «normalidad democrática» de un gobierno de coalición.

En la oposición, en cambio, el acuerdo se lee como una maniobra de supervivencia política más que como un pacto de fondo. Luis Venta, del PP, lo despachó como una escenificación para aparentar normalidad en un gobierno atravesado por el «disenso», sin concreción real sobre cómo se va a regular la implantación de universidades privadas. Carolina López, de Vox, elevó aún más el tono y acusó a Barbón de «claudicar ante las exigencias de los comunistas», presentando el pacto como «un freno ideológico a la inversión y a la llegada de población joven a Asturias». Adrián Pumares (Foro) habla directamente de «performance» y «sobreactuación», interpreta la reunión como una señal de reajuste interno en Convocatoria por Asturias de cara a 2027 y sostiene que el supuesto acuerdo no se lo creen «ni ellos mismos».

Relevante es la opinión de Covadonga Tomé, respaldo parlamentario del gobierno de izquierdas. Tomé sostiene que el pacto llega tarde y parte de un diagnóstico falso, al asumir que las universidades privadas pueden «complementar» a la pública cuando lo que hacen es «competir directamente con ella y debilitarla». La diputada reprocha a ambos socios que intenten presentar ahora como solución una futura ley de universidades cuando, según denuncia, ya se ha abierto la puerta a tres proyectos privados mediante un marco «insuficiente e irregular», que no regula de forma adecuada la entrada de centros adscritos de universidades con sede fuera de Asturias.

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