El gobierno regional anuncia reformas para mejorar la ejecución presupuestaria en plena andanada del PP en la Junta

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, anunció este martes en el pleno de la Junta General una “agenda ambiciosa de reformas” para mejorar la ejecución presupuestaria del Principado, en una sesión marcada por la ofensiva del PP contra la gestión de varias consejerías con críticas a los bajos niveles de ejecución en inversiones.

Peláez, interpelado por el diputado de Vox Gonzalo Centeno, sostuvo que el Gobierno autonómico trabaja ya en medidas para corregir disfunciones y agilizar la gestión de los recursos públicos. Entre esas iniciativas citó una mejor programación presupuestaria, la simplificación administrativa, el impulso de la digitalización y la futura ley de Hacienda, con la que su departamento aspira a dotarse de nuevas herramientas para ganar eficacia.

El titular de Hacienda defendió además los datos de cierre de 2025 aportados por el Ejecutivo. Según expuso, la ejecución global del Principado se situó en el 89,34%, porcentaje que se elevaría al 92,8% si se descuenta el efecto de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En el caso de la inversión directa, cifró la ejecución en el 56,6%, que ascendería al 69% sin contar esos fondos europeos.

La respuesta de Peláez se produjo antes de una larga batería de intervenciones del PP en las que varios diputados centraron sus críticas en la ejecución presupuestaria de distintos departamentos. La idea-fuerza repetida por los populares fue que el Gobierno presenta cifras globales elevadas por el peso del gasto corriente y de personal, mientras arrastra déficits relevantes en inversiones reales, con consecuencias directas sobre residencias, centros educativos, vivienda pública o infraestructuras sanitarias.

Críticas en cadena del PP

La primera andanada se dirigió contra la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. La diputada Beatriz Polledo denunció que la consejería dejó sin ejecutar un 47% de las inversiones de 2025, lo que cifró en 23 millones, y elevó la crítica al ERA, donde habló de una ejecución mínima. Polledo vinculó esa situación a la falta de nuevas plazas públicas residenciales y a la lista de espera en el sistema.

La consejera replicó que buena parte del capítulo inversor de su departamento está ligado a fondos MRR con un calendario plurianual y defendió una gestión “seria, estable y centrada”. Del Arco enumeró, entre otras actuaciones, la actualización de precios de la acción concertada, el refuerzo del tercer sector, la implantación de la historia social única y el desarrollo de varias estrategias sociales.

En Educación, la diputada Gloria García cargó contra Eva Ledo con una relación detallada de partidas sin ejecutar en Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional. La parlamentaria popular concluyó que quedaron sin ejecutar más de 15 millones y presentó ese dato como prueba de una falta de planificación repetida. Ledo respondió que la gestión de su consejería no puede medirse solo por las inversiones y defendió una ejecución global del 96,77% en fase de obligación y del 98% en fase de autorización.

La ofensiva popular continuó en Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. José Agustín Cuervas-Mons reprochó a Ovidio Zapico que su departamento dejase sin gastar 98 millones en inversiones y puso el foco en la baja ejecución en construcción, promoción y ayudas a la vivienda. El consejero admitió margen de mejora, pero aseguró que la política de vivienda está ya en una fase visible de desarrollo, con promociones en marcha, nuevas adjudicaciones y medidas como el programa Alquilámoste o la declaración de zonas tensionadas.

El debate sobre las cifras

La misma discusión se trasladó a Sanidad. Pilar Fernández Pardo sostuvo que la Consejería de Salud ejecutó solo el 52% de las inversiones y el 25% en infraestructuras sanitarias, con 32 millones sin gastar en 2025. La diputada popular vinculó ese balance a las listas de espera, la situación de atención primaria y la paralización de la ampliación del Hospital de Cabueñes.

Conchita Saavedra replicó que la ejecución total de su departamento alcanzó el 98,42% y argumentó que la resolución del contrato de Cabueñes condicionó de forma decisiva el resultado del ejercicio. Según expuso, si se descuenta esa obra del cálculo, la ejecución en inversión subiría al 73,47%.

En ese contexto, Peláez trató de fijar la posición del Ejecutivo y de trasladar la idea de que el problema no se resolverá solo con confrontación política, sino con cambios de procedimiento. El consejero defendió la utilidad de los planes anuales de subvenciones y de los planes estratégicos de contratación para ordenar el gasto, y reivindicó medidas ya en marcha, como la guía común para memorias justificativas de contratos o nuevas instrucciones para la tramitación digital de expedientes.

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