Vox presenta una enmienda a la totalidad a la ley de consumo del Principado por considerarla “ideológica” e “intervencionista”

Vox ha registrado este martes en la Junta General una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Consumo del Principado de Asturias y solicitó su devolución al Consejo de Gobierno al considerar que la norma es "innecesaria y perjudicial para el tejido económico asturiano".

La formación sostiene que el Ejecutivo autonómico ha renunciado a adaptar la normativa vigente para impulsar una ley nueva que, a su juicio, "excede la protección del consumidor". La formación argumenta que el texto introduce mayores cargas para empresas, pymes y autónomos y puede traducirse en "más burocracia" y en "un encarecimiento de precios para los consumidores".

El diputado de Vox Javier Jové fue especialmente crítico con el contenido del proyecto. “Una ley comunista de consumo es una contradicción en sus propios términos”, afirmó, antes de añadir que, en su opinión, la iniciativa no protege al consumidor, sino que “lo empobrece y lo controla”.

Jové señaló además que más de la mitad del articulado se centra en el régimen sancionador e inspector, un aspecto que, según defendió, evidencia una orientación más enfocada en la vigilancia y la sanción que en la defensa de los usuarios.

Aseguró también que el texto incorpora conceptos como el “consumo responsable y sostenible” y prevé su proyección en el ámbito educativo, algo que interpreta como una injerencia ideológica ajena, a su entender, a la lucha contra abusos o fraudes.

Dudas jurídicas y marco normativo

Vox advirte igualmente de posibles problemas de seguridad jurídica. Entre ellos, cita una eventual invasión de competencias respecto de la normativa estatal y europea, así como la inclusión de materias que considera ajenas al objeto principal de la ley, como la promoción de la llingua.

El grupo parlamentario defiende que Asturias ya dispone de un marco regulatorio suficiente en materia de consumo, apoyado en la legislación nacional y europea, y sostuvo que la aprobación de una nueva ley autonómica no solo resultaría innecesaria, sino también contraproducente para pequeños comerciantes y productores. Jové insistió en que el proyecto “encarece, complica y ahoga” a esos sectores, al imponer, según dijo, un marco regulatorio excesivo y confuso.

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