Tomé pide la inmediata entrega del informe sobre Minas de la Inspección General de Servicios a la comisión de investigación la Junta

La diputada del Grupo Mixto y presidenta de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente minero de Cerredo, Covadonga Tomé, ha reclamado la entrega inmediata por parte del Gobierno del informe realizado por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del servicio de Minas, tras conocer por LA NUEVA ESPAÑA que el Ejecutivo ya cuenta con el documento, que el lunes lo evaluará en el Consejo de Gobierno y que tomará medidas a la luz de sus conclusiones.

Tomé ha explicado que, por parte de la comisión, está solicitado el informe, cuya elaboración era conocida y fue objeto de preguntas a los responsables de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo en el transcurso de la comisión. Entiende Tomé que «la responsabilidad del Gobierno es ponerlo inmediatamente a disposición de la comisión».

La diputada señala que la obligación de esa inmediatez se basa en la posible aparición de nuevas informaciones que Tomé considera «imprescindibles para el trabajo riguroso que se está llevando a cabo en la elaboración de la propuesta de dictamen». Además, ha apuntado que tiene previsto elevar a la comisión un primer borrador del texto a finales de este mes.

«Como dijimos desde el inicio, es fundamental contar con toda la documentación con la que sea posible contar y hacerlo, además, con transparencia», señaló Tomé. Considera la presidenta de la comisión de investigación que solo así será posible «garantizar que el dictamen final que emitirá la comisión sea sólido, veraz y riguroso».

Además, insistió en que su objetivo al frente de la comisión ha sido «tomar las medidas oportunas, depurar responsabilidades y proponer medidas para que no se repita una tragedia de esta magnitud en Asturias». A su juicio, el informe de la Inspección General de Servicios «puede aportar información para esclarecer no solo el funcionamiento de los mecanismos de control e inspección, sino también posibles fallos administrativos o de supervisión relacionados con la actividad desarrollada en la explotación». «Tenemos que llegar hasta el final con todas las herramientas posibles y todas las garantías», aseveró.

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