La izquierda rechaza reabrir la comisión de Cerredo, mientras la derecha advierte que el informe de Inspección está "mutilado"

Podría denominarse crónica de una comisión anunciada, parafraseando a la gran obra literaria de Gabriel García Márquez. Los grupos de la izquierda unieron fuerzas este lunes para rechazar la reapertura de la comisión parlamentaria de Cerredo, solicitada por PP y Foro tras la publicación del informe de la Inspección General de Servicios que destapa deficiencias e irregularidades en el control de las minas asturianas.

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, explicó a su fin que desde la izquierda se planteó una solución “salomónica” para solicitar determinada documentación de la que no disponen, y a la que hace alusión el informe, pero no reabrir el plazo de comparecencias. Algo que también fue rechazado porque, según el letrado de la Cámara, tenía que ser "o todo o nada".

“No parece oportuno que vengan personas que ya comparecieron o que firman un informe de 317 páginas, en el que creemos que ya dicen todo lo que tenían que decir. Estimamos que no era interesante porque ya tenemos la información de otra manera”, apuntó Tomé.

La diputada rechazó, además, entrar en el “intento de dilación de los tiempos que se está tratando de poner en marcha desde la derecha”, que, a su juicio, busca “tener rendimiento político lo más prolongado posible”. Tomé adelantó que, tras el rechazo a que la comisión solicite más documentación, su formación (Somos Asturies) lo hará por otras vías. Un proceso que también seguirán desde Convocatoria-IU.

El PP acusa al PSOE de "embarrar"

Para Rafael Alonso, diputado del PP, el resultado de la votación es “una prueba más de que a la izquierda lo que le preocupa es darle carpetazo cuanto antes a esta comisión y no tener que sufrir más por las noticias que desgraciadamente vamos conociendo”.

Explicó que hay datos y documentos que el informe de Inspección no tiene incorporados, y que muchos casos tienen trascendencia pues sí han sido enviados a Fiscalía.

Alonso respondió también a las voces que desde el Gobierno y desde el PSOE dicen que los populares están encubriendo a la empresa. “El objeto de la comisión es ver lo que estaba ocurriendo en la Administración. Otras actuaciones y otra valoración de responsabilidades penales le corresponden al juzgado. Entiendo que se trata de embarrar por parte del Partido Socialista para que se hable de otras cosas”, afirmó.

Aunque, añadió, “lo curioso es que se acuse a la oposición de la responsabilidad ejecutiva de quien se dedicó a chivarle a las empresas las denuncias que se formulaban, a suprimir el Servicio de Seguridad Minera, a ocultar información, a utilizar los PIC como una forma de actividad que dio lugar a que hubiera empresas, desaprensivas, que hicieran una actuación de provecho propio… Y resulta que para los socialistas la responsabilidad es de la derecha”.

Falta de documentación "imprescindible"

Gonzalo Centeno, de Vox, describió la situación como un “rodillo parlamentario” por parte de la mayoría de izquierdas y señaló que “el 90% de las decisiones ya están tomadas previamente a cualquier debate”.

Explicó que, tras analizar el informe, detectaron falta de información importante como “el anexo 1 del informe, el escrito motivado de remisión al Ministerio Fiscal y memorias presupuestarias del Servicio de Seguridad Minera”. “La pregunta importante es por qué no se ha incluido con el informe de la Inspección, quién ha dado la orden de remitirlo sin anexos y sin la documentación que lo completaba. Esta costumbre de mandar expedientes capados a medias es llamativa”, valoró.

En este sentido, Centeno lamentó que, tras el rechazo de la izquierda, “nos quedamos sin comparecencias y sin documentación que consideramos imprescindible los tres grupos de la derecha para complementar el informe”.

Informe "mutilado"

También Adrián Pumares, de Foro, criticó que la comisión tenga que trabajar con un “informe mutilado” que carece de “anexos fundamentales”, y advirtió que sin esa documentación “es como si esa información no existiera”.

“El hecho de haber impedido nuevas comparecencias impide que venga el empresario, que es el verdadero causante de los cinco fallecidos, una vez se ha levantado el secreto de sumario. Es una oportunidad perdida para que diese la cara”, afirmó.

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