El PP y Foro ven "ineludible" la responsabilidad política de Barbón por Cerredo y el Gobierno insiste en que no hay nexo entre los fallos administrativos y el accidente

El Partido Popular y Foro Asturias convirtieron el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas avanzado por LA NUEVA ESPAÑA en un frente político directo contra Adrián Barbón. En sendas preguntas urgentes al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, los diputados Adrián Pumares (Foro) y Rafael Alonso (PP) coincideron en situar en el presidente del Principado la responsabilidad última por la gestión de la minería en Asturias desde 2019 y por las decisiones adoptadas en la materia. Borja Sánchez rechazó que los fallos administrativos detectados en el informe tengan relación causal con el accidente y defendió que la respuesta del Ejecutivo pasa por asumir las once recomendaciones del documento.

Adrián Pumares sostuvo que el informe retrata “un verdadero caos” en el servicio de Minas y advirtió que la decisión de recuperar el servicio de Seguridad Minera, anunciada por el Gobierno, no basta para cerrar la crisis. El portavoz de Foro atribuyó a Barbón la responsabilidad política de haber suprimido ese servicio y aseguró que, tras conocerse el contenido de la inspección, el jefe del Ejecutivo no puede limitarse a corregir el organigrama o a dejar que sean sus consejeros quienes den explicaciones: “Lo menos que se espera de un Gobierno que ha sumido en el caos al servicio de minas es, efectivamente, que asuma las recomendaciones del informe”, dijo. Pumares además denunció una estrategia del PSOE para evitar que el informe “conlleve responsabilidades políticas”.

Con todo, Pumares dio por seguro que será cesada la presidenta del Puerto de Gijón y exconsejera de Transición Ecológica (2023-2025), Nieves Roqueñí, e incluso apuntó que será sustiuida en el cargo portuario por el consejero Alejandro Calvo.

El portavoz forista acusó al Presidente de "intentar resguardarse" tras el consejero Borja Sánchez en sede parlamentaria, si bien Barbón responderá este miércoles a preguntas sobre el asunto en la sesión de control al Presidente. Pero para Pumares, la decisión de supirmir el servicio de Seguridad Minera en 2019 fue "una decisión política que tiene un claro responsable político, Adrián Barbón”. Remató su intervención planteando que solo cabe una regeneración en la gestión de Minas si "el principal responsable asume responsabilidades y cuanto menos presenta a esta Cámara una moción de confianza”.

La cuarta pata de las responsabilidades

El diputado popular Rafael Alonso reforzó la misma línea de ataque y situó el marco temporal al inicio de la primera legislatura de Barbón, ya que en 2021 la Inspección General de Servicios ya hizo recomendaciones que, a su juicio, se desoyeron. “El informe es sobre lo que ocurría en el pasado”, señaló para insistir en que los problemas detectados “deberían haberse solucionado” antes del grave accidente de 2025. A su juicio, el documento interno supone “la enmienda a la totalidad de la gestión de Barbón en el área de minería” y “asumirlo es el reconocimiento de esa gestión absolutamente deficiente”.

Tras las acusaciones de la FSA de que el PP intenta diluir la responsabilidad en lo sucedido del empresario Jesús Rodríguez Morán, Alonso insistió en separar la eventual responsabilidad judicial de la responsabilidad política del Gobierno. “Los desaprensivos, los que se beneficiaron de esas condiciones, los que hicieron la explotación ilegal, al juzgado. Pero aquí estamos hablando de la responsabilidad política”, advirtió.

El diputado del PP rechazó que la polémica pueda cerrarse con responsabilidades parciales o escalones intermedios. “El señor presidente es el responsable de los actos de su Gobierno y va siendo hora de que lo asuma”, afirmó. En cierto momento llegó a afirmar que a la cadena de responsables del área de minería “nos falta una pata” y que “esa pata es el señor Barbón”.

Correlación y causalidad

Frente a la ofensiva de la oposición, Borja Sánchez se mantuvo en una defensa cerrada del Ejecutivo y del Presidente. El consejero aseguró que la “responsabilidad política” que él mismo asume es “la de incorporar estas 11 recomendaciones que hace la Inspección General de Servicios” y defendió que esa es precisamente la respuesta del Gobierno al informe. Recalcó además que el documento “fue pedido por el propio presidente, Adrián Barbón” como un ejercicio para “analizar los diferentes procedimientos y ver dónde tenemos ese margen de mejora”. Como científico, insistió en señalar la diferencia entre correlación y causalidad: “El informe no establece ninguna relación de causa-efecto entre las consideraciones administrativas que pone de relieve y el accidente”.

“No hay relación entre el proyecto de investigación complementaria de Cerredo y el accidente”, afirmó, e insistió en que “la responsabilidad por lo sucedido en Cerredo corresponde a una empresa que estaba realizando una actividad ilegal, para la cual no tenía permiso”.

“Correlación no implica causalidad”, sentenció. Y rechazó también que el informe pueda leerse como una atribución de culpa política al presidente o a su Gobierno. “El informe no señala ninguna responsabilidad política. El informe lo que señala son ámbitos de mejora”, sostuvo.

El Gobierno se aferra a las once recomendaciones

El titular de Ciencia, Industria y Empleo centró la asunción de responsabilidades del Ejecutivo en acatar las once recomendaciones de la Inspección General de Servicios e "ir más allá" en algunas cuestiones, como la recuperación del desaparecido Servicio de Seguridad Minera o la suspensión de los Proyectos de Investigación Complementarios que conlleven extracción. Apuntó que ya están avanzadas medidas relativas a la regulación de las transmisiones de derechos mineros, la revisión de la “solvencia técnica” y de la “solvencia económica” de las empresas y la modificación del decreto de estructura para incluir la jefatura de Inspección y Seguridad Minera. “Todo lo hay que regular”, afirmó.

Sánchez rechazó además la idea repetida por la oposición de que el servicio de Minas era un "caos". Admitió que “habrá cuestiones que se puedan mejorar”, eso sí, e insistió en que el informe debe servir para introducir cambios en el funcionamiento interno del departamento y no para construir un relato político de responsabilidad directa del presidente en el accidente.

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