Tomé exige más inspección, control y prevención laboral tras un 2025 negro por la siniestralidad en Asturias

La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé exigió este martes en la Junta General más inspección, más control y un refuerzo real de la prevención laboral tras un 2025 que dejó en Asturias 22 fallecidos en accidentes de trabajo, la cifra más alta desde 2018. Tomé interpeló al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, sobre la política general del Gobierno en materia de empleo y, en concreto, sobre la siniestralidad laboral, en un debate en el que cuestionó la eficacia de las medidas adoptadas por el Principado y reclamó actuaciones más contundentes en vigilancia, sanción y seguimiento de las empresas.

Tomé subrayó la gravedad del problema de la siniestralidad laboral y sostuvo que “la seguridad en el trabajo no es un gasto, es un derecho”. A partir de ahí, recordó que Asturias registró en 2025 un total de 12.242 accidentes de trabajo con baja, de los que 94 fueron graves y 22 mortales, y advirtió de que los primeros datos de 2026 tampoco invitan al optimismo, con 1.603 accidentes, cuatro graves y tres mortales en los dos primeros meses del año.

La diputada afirmó que la siniestralidad “no es un fenómeno inevitable” y defendió que detrás de buena parte de los accidentes hay “falta de prevención efectiva e insuficiencia de controles reales”. Pidió explicaciones sobre las plazas anunciadas en el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, las campañas de vigilancia comprometidas por el Ejecutivo, las visitas a empresas con alta incidencia de accidentes y la revisión de la actuación de los servicios de prevención ajenos.

Reproche al consejero

El tono subió en la réplica, cuando Tomé reprochó a Borja Sánchez que respondiese en primer término con una exposición sobre la buena evolución del empleo. “Entre mis muchos defectos no se encuentra el del disimulo y la pregunta era clara, clarísima”, le dijo. La parlamentaria lamentó que el consejero emplease “los primeros minutos para hablar de datos buenos” cuando la cuestión planteada era la siniestralidad laboral. También vinculó esa falta de control a algunos de los accidentes más graves del último año y deslizó una crítica a la capacidad de supervisión de la Administración. “Una empresa estaba realizando una actividad clandestina", dijo en referencia al accidente minero de Cerredo. "No me haga recordarle que tampoco la Administración estuvo muy fina en la vigilancia de esta actividad”, señaló. La diputada recogió asimismo las reclamaciones sindicales para demandar más medios para la inspección, control de las cadenas de subcontratación, refuerzo del papel de los delegados de prevención, formación continua y una mayor atención a los riesgos psicosociales. "No se puede prevenir lo que no se vigila”, enfatizó.

Refuerzo estructural

El consejero Borja Sánchez respondió reivindicando la actuación del Principado y asegurando que el Gobierno ha convertido en una política “estructural y permanente” el plan de choque frente a la siniestralidad laboral puesto en marcha en 2024. El consejero comenzó su intervención destacando el “buen momento laboral” de Asturias, con descenso del paro y aumento de la ocupación, aunque después reconoció que los datos de accidentalidad de 2025 “no son para nada satisfactorios”.

El titular de Ciencia, Industria y Empleo defendió que el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales ha incrementado su plantilla con once efectivos, entre nuevas incorporaciones y cobertura de vacantes, y aseguró que una de las líneas de actuación ya en marcha pasa por fiscalizar el funcionamiento de los servicios de prevención ajenos. También afirmó que la estrategia actual implica al propio instituto, a la Inspección de Trabajo, a la patronal y a los agentes sociales.

En su segunda intervención, Sánchez trató de responder al bloque de exigencias de Tomé detallando varias de las medidas activadas por el Ejecutivo. Citó el refuerzo de las campañas de vigilancia, las visitas a empresas investigadas por accidentes graves o mortales, los controles conjuntos con la Inspección de Trabajo y el seguimiento de compañías con índices de siniestralidad superiores a la media de su sector. El consejero señaló además que el presupuesto del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales ha aumentado cerca de un 20% desde 2023 y destacó partidas específicas para la labor de los delegados autonómicos de prevención, la formación técnica y la renovación de maquinaria y equipos en las empresas. Según indicó, la Inspección de Trabajo cuenta actualmente con 56 efectivos en Asturias y la cobertura de vacantes permitiría situar la ratio de inspectores por trabajador por encima de la recomendada por la Organización Internacional del Trabajo. Añadió además que el pasado año se realizaron un 28% más de actuaciones inspectoras y se detectaron casi un 60% más de infracciones. Con esos datos, defendió que el compromiso del Gobierno con la prevención de riesgos laborales es “inequívoco” y aseguró que el Principado seguirá actuando en coordinación con la Inspección de Trabajo, los sindicatos y la patronal.

Suscríbete para seguir leyendo