La izquierda avala el modelo de la ley de vivienda del Gobierno y tumba la alternativa del PP, basada en rebajas fiscales y ofertar más suelo
El parlamento asturiano certifica el choque de modelos de la izquierda y la derecha para resolver el grave problema de acceso a una residencia

Álvaro Queipo en la Junta General del Principado / Cedida a LNE

El abismo que existe entre la derecha y la izquierda sobre cómo atajar el grave problema de acceso a la vivienda quedó sellado este miércoles en la Junta. Los partidos del Gobierno, PSOE y Convocatoria-IU, con el apoyo de la diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, rechazaron la enmienda de totalidad presentada por PP y Vox contra la ley de vivienda que tramita el Gobierno en la Cámara. A renglón seguido, la izquierda también frenó la propuesta planteada por el Partido Popular para adoptar medidas en materia de vivienda, suelo y fiscalidad que el líder del PP, Álvaro Queipo, defendió como alternativa al modelo del Gobierno.
Mientras que los grupos de la izquierda apostaron por una mayor intervención pública para reforzar la función social de la vivienda, PP, Vox y Foro reclamaron medidas centradas en aumentar la oferta, reducir trabas y rebajar la fiscalidad.
La ley del Gobierno sigue adelante
El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ya apeló a la batalla entre "dos modelos antagónicos" al defender la ley que ha presentado el Ejecutivo: "uno que concibe la vivienda como un derecho y otro que la trata como un negocio". El consejero defendió aspectos del proyecto de ley del Ejecutivo, como la vivienda protegida a perpetuidad, la declaración de zonas tensionadas y la creación de un registro de fianzas.
Frente a ello, PP y Vox pidieron la devolución del proyecto al considerar que reproduce el esquema de la ley estatal de vivienda y profundiza en un modelo intervencionista. El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons sostuvo que la norma no resolverá el problema porque, a su juicio, "desincentiva el alquiler, introduce más burocracia y genera inseguridad jurídica". En términos similares, el parlamentario de Vox Gonzalo Centeno defendió que la crisis de vivienda responde a "un problema de oferta y no a una falta de regulación", por lo que reclamó "más suelo edificable, menos carga fiscal y mayor protección para los propietarios".
También el portavoz de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, apoyó las enmiendas a la totalidad al entender que el texto del Gobierno se apoya casi exclusivamente en la intervención y "no da suficiente peso a la colaboración público-privada".
El PSOE, Convocatoria por Asturias-IU y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé cerraron filas con el proyecto. Los socialistas enmarcaron la discusión en la disyuntiva entre protección pública y especulación, mientras que Convocatoria defendió que la vivienda debe quedar protegida por los poderes públicos. Tomé, por su parte, vinculó la crisis residencial a factores estructurales como la financiarización del mercado y rechazó que el centro del debate deba situarse en la protección del pequeño propietario.
La alternativa del PP no prospera
En el siguiente punto del orden del día, el Pleno rechazó la proposición de ley del PP sobre vivienda, suelo y tributos cedidos. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, presentó la iniciativa como una vía para aumentar la oferta y abaratar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias, mediante incentivos fiscales, avales públicos, simplificación administrativa y nuevas posibilidades de uso del suelo.
La propuesta popular incluía medidas como una bolsa digital de suelo protegido, la reconversión de edificios públicos vacíos, la autorización de uso residencial en suelos no residenciales, rebajas en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para determinados grupos. El PP defendió que su texto buscaba actuar con “seguridad jurídica, trámites claros” y colaboración con ayuntamientos y sector privado.
Vox anunció su apoyo a la proposición (si bien matizó que hubiese esperado menos tibieza del PP) y Foro consideró que, a diferencia del proyecto del Ejecutivo, las medidas del PP iban “en la buena dirección”. Sin embargo, la izquierda rechazó en bloque la propuesta al entender que "prioriza a la propiedad y al mercado frente al derecho a la vivienda". Desde el PSOE, el diputado Monchu García, acusó al PP de insistir en rebajas fiscales y de plantear medidas ya previstas en otras herramientas públicas, mientras que Convocatoria e IU presentaron el debate como un choque entre la vivienda entendida como derecho subjetivo y la vivienda concebida como activo de mercado. Covadonga Tomé descartó sumarse a una ley que, a su juicio, se basa en "el rentismo y la especulación".
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