La derecha exige la dimisión de Marcelino Marcos tras una sentencia del TJSA contra la gestora instaurada en la IGP Ternera Asturiana el año pasado

Los grupos parlamentarios de la derecha reclamaron este viernes la dimisión del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) emitiese una sentencia contra el Principado por “vulnerar el derecho fundamental de asociación, en su vertiente de autoorganización”, al intentar imponer el año pasado una gestora para “controlar” la IGP Ternera Asturiana.

Aunque la institución cuenta con un nuevo presidente desde principios de año, ha sido ahora cuando el tribunal ha hecho emitido la sentencia al recurso presentado por los vocales que integraban el pleno del Consejo Regulador de la IGP y que fueron relegados de sus cargos cuando la Consejería implantó la gestora.

Para Luis Venta, diputado del Partido Popular, la sentencia pone en evidencia “una actuación arbitraria y caprichosa”, y demuestra que el movimiento del Gobierno regional fue “cacicada”. El parlamentario acusó a la Consejería de cometer la “injerencia pública más grave en el derecho de asociación” y “abuso de poder”.

“Marcelino Marcos no puede estar ni un segundo más al frente de la Consejería”, insistió el parlamentario, aludiendo a que hasta el momento el consejero no solo no se ha arrepentido, sino que “dijo que lo volvería a hacer. Venta fue incluso más allá a la hora de apuntar las responsabilidades políticas: “Barbón lo sabía y no hizo nada”.

“Estamos ante un varapalo judicial que evidencia una forma de gobernar basada en la imposición, el sectarismo y el desprecio a la legalidad”, afirmó Carolina López, de Vox. La portavoz del partido insistió en que actuaciones como esta generan “inseguridad jurídica y desconfianza”, y advirtió que “no se puede tratar al medio rural como si fuera un cortijo al servicio del Gobierno de turno”.

“El consejero de Medio Rural está completamente deslegitimado y debe dimitir de forma inmediata”, afirmó López. Y añadió que “si no lo hace, el presidente Barbón debería proceder a su cese fulminante”.

En términos similares se manifestó Adrián Pumares, de Foro, quien también aconsejó a Marcelino Marcos plantearse su continuidad en el cargo. “La sentencia es muy clara y demoledora, se han vulnerado derechos fundamentales. La gestora no tenía justificación”, dijo. Para el diputado, la implantación de la gestora fue una forma de “intentar controlar la IGP por la puerta de atrás”.

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