El borrador de la comisión de Cerredo ve responsabilidad política en Enrique Fernández, Nieves Roqueñí, Belarmina Díaz e Isaac Pola

La presidenta de la comisión de investigación parlamentaria del accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros el pasado 31 de marzo de 2025, ha hecho públicas las conclusiones de su propuesta de conclusiones, que ahora deberán discutir los grupos parlamentarios. Tomé considera que hay "responsabilidades personales" de los que fueran consejeros de Industria Enrique Fernández (ahora presidente de Hunosa) y Nieves Roqueñí (presidenta del Puerto de Gijón). Además responsabiliza a la exconsejera de Transición Ecológica Belarmina Díaz, que dimitió tras el accidente, y al que fuera viceconsejero de Industria, Isaac Pola.

Asimismo, las conclusiones señalan a dos funcionarios del Servicio de Minas (Santiago Berjano y Alberto Quirino) y al funcionario jurídico Gonzalo Martín Morales de Castilla, señalado como quien estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario, ahora en entredicho. El documento de conclusiones incluye también la recomendación de arbitrar unas indemnizaciones a las familias y enviar toda la documentación a la Fiscalía.

El borrador de conclusiones que Tomé ha trasladado a todos los partidos integrantes de la comisión parlamentaria concluye que el accidente del 31 de marzo de 2025 estuvo rodeado de irregularidades administrativas y operativas de gran calado. Esa es una de las principales conclusiones de la presidenta de la comisión tras meses de comparecencias y revisión documental. El documento establece que el suceso en el que fallecieron cinco trabajadores se produjo en un contexto que ya había sido objeto de advertencias previas, tal y como había revelado este periódico.

Responsabilidades técnicas

En el plano técnico, el informe señala a tres funcionarios, con labores de coordinación interna en la administración del Principado. Concretamente, el borrador del dictamen ve responsabilidad personal en Alberto Quirino Vázquez Martínez, jefe de sección, por no haber detectado actividad extractiva ilegal en sus actas de inspección entre 2023 y 2025, pese a la existencia de indicios visibles, y por dar por iniciado un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) que carecía de los requisitos formales necesarios. Esa actuación fue supervisada por Santiago Berjano Serrano, jefe de servicio, a quien se le reprocha haber validado las inspecciones sin cuestionarlas y no haber advertido incompatibilidades entre los distintos instrumentos administrativos aplicados a la explotación, lo que evidenciaría una falta de dirección efectiva del sistema de control.

El informe eleva el foco al ámbito jurídico al señalar a Gonzalo Martín Morales de Castilla, secretario general técnico y asesor jurídico, como promotor de la figura de los PIC, no regulada expresamente en la normativa minera. Su respaldo doctrinal y técnico permitió, según el borrador del dictamen, la utilización de este instrumento en sucesivas autorizaciones vinculadas a diferentes explotaciones, contribuyendo a la creación de un marco de “pseudolegalidad”.

Responsabilidades políticas

El borrador del dictamen sitúa en el centro de la responsabilidad administrativa a la exdirectora general de Minería y exconsejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz Aguado, quien ocupó esta última responsabilidad solo dos meses y dimitió tras el accidente.

Según la propuesta de conclusiones, fue Belarmina Díaz quien firmó resoluciones clave —desde la autorización de transmisiones de concesiones hasta la aprobación del PIC— sin suficiente cobertura normativa, sin evaluación ambiental y con contradicciones entre sí, sin activar mecanismos de control pese a la existencia de antecedentes de riesgo.

Pero el borrador también atribuye responsabilidad política a Nieves Roqueñí Gutiérrez, consejera en el momento del accidente mortal de 2022 y presidenta del Puerto de Gijón, por no haber ejercido una supervisión reforzada ni haber impulsado auditorías o revisiones del marco autorizatorio en un expediente especialmente sensible y que ya permitía detectar los incumplimientos del empresario

Esa misma responsabilidad se extiende a su predecesor, Enrique Fernández Rodríguez, hoy presidente de Hunosa, al considerar que bajo su etapa se consolidaron las mismas carencias estructurales. Asimismo, señala al exviceconsejero Isaac Pola Alonso por no haber ejercido una fiscalización efectiva sobre la Dirección General de Minería y por contribuir a consolidar el uso del PIC sin promover su revisión jurídica o técnica.

El informe concluye así que la responsabilidad es compartida y encadenada, fruto de un funcionamiento sistémico deficiente.

Fallos de control en Cerredo

Además, recalca que, en el momento del accidente, la explotación se encontraba formalmente en fase de cierre y clausura, lo que implicaba la prohibición expresa de extraer carbón. Pese a todo, quedó confirmado que se estaban llevando a cabo labores de extracción de forma clandestina, sin cumplir las condiciones de seguridad exigidas.

El informe destaca que la explosión se produjo por una acumulación de grisú —mezcla de metano y aire altamente inflamable— en una galería del tercer piso. La ausencia de ventilación activa y la falta de salidas de emergencia generaron un entorno extremadamente peligroso. Además, el documento señala que los equipos de rescate detectaron niveles críticos de gases tóxicos y una concentración de oxígeno por debajo de los valores seguros, lo que dificultó las labores de salvamento.

El dictamen pone el principal foco en la empresa titular de la explotación en el momento del accidente, Blue Solving, que había asumido los derechos mineros en 2023, transnmitidos desde Combayl, ambas del mismo grupo empresarial de Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes.

La propuesta de conclusiones cuestiona la solvencia técnica y económica de la sociedad, señalando que no consta de forma clara en el expediente administrativo que cumpliera con los requisitos exigidos por la normativa minera para asumir una concesión de este tipo.

Además, constata el incumplimiento de una de las condiciones clave impuestas por la Administración: la constitución de una garantía financiera superior a tres millones de euros destinada a cubrir la restauración ambiental. Esta obligación no se ha materializado dentro del plazo establecido, lo que podría haber derivado en sanciones e incluso en la caducidad de la concesión.

También el borrador de conclusiones entra en uno de los aspectos más controvertidos: la autorización de un proyecto de investigación complementario (PIC) en 2024, que conllevaba la extracción de 60.000 toneladas de carbón.

Incide también el texto elaborado por Covadonga Tomé en las deficiencias del sistema de inspección, señalando que la documentación administrativa aportada ha sido desordenada e incompleta, lo que ha dificultado el esclarecimiento de los hechos. Esta situación se califca como una mala praxis administrativa, que ha podido contribuir a la falta de control sobre la actividad real en la explotación.

Al margen del relato sobre las deficiencias de la administración, el asunto más controvertido en la discusión entre los partidos será el de señalar las responsabilidades políticas. El borrador entregado por Covadonga Tomé abre la puerta a la depuración de responsabilidades en la gestión del Gobierno autonómico durante los últimos años.

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