¿En qué falló el Principado en el "caso Cerredo"? Las siete deficiencias institucionales que ve el borrador de la investigación en la Junta

La propuesta de dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Cerredo, trasladada por la presidenta de este órgano, Covadonga Tomé, concluye que la Administración del Principado incurrió en una cadena de fallos institucionales que ayudó a crear un contexto favorable para que la explotación siguiera adelante. El documento no se limita a señalar responsabilidades personales, sino que identifica déficits de control, supervisión, coordinación y gestión administrativa en varios niveles para señalar "responsabilidades institucionales" de la administración autonómica.

La propuesta de dictamen atribuye responsabilidades políticas directas a siete personas —entre ellas los exconsejeros Enrique Fernández Rodríguez y Nieves Roqueñí Gutiérrez, además de la exdirectora general y exconsejera María Belarmina Díaz Aguado— al considerar que, dentro del periodo analizado por la comisión, tuvieron competencias de decisión, supervisión o control sobre actuaciones y omisiones relacionadas directamente con el desenlace de Cerredo. A partir de esa conclusión, el texto plantea su reprobación política.

Falta de control sobre Blue Solving

El primer fallo que aprecia la comisión afecta a la autorización del cambio de titularidad de las concesiones mineras a favor de Blue Solving, aprobada el 27 de noviembre de 2023. El dictamen sostiene que la dirección general de Energía y Minas no exigió ni verificó la solvencia técnica y económica de la empresa cesionaria, pese a que esa comprobación viene exigida por la normativa minera.

La propuesta subraya que Blue Solving tenía un capital social de 3.000 euros y carecía de trabajadores en alta, activos tangibles, maquinaria y financiación acreditada cuando se produjo la transmisión. Para la comisión, esa omisión supuso un incumplimiento de la función de control que corresponde a la Administración sobre el acceso al dominio público minero.

Sin sanción por no constituir la garantía financiera

El segundo gran reproche se refiere a la falta de reacción ante el incumplimiento de la garantía financiera impuesta a la empresa. El dictamen recuerda que Blue Solving debía constituir antes del 31 de diciembre de 2024 una garantía de 3.112.879,11 euros y sostiene que la dirección general de Energía y Minas, pese a conocer ese incumplimiento, no incoó el procedimiento sancionador previsto en la Ley de Minas.

El borrador de dictamen entiende que esa decisión pudo tener consecuencias decisivas, ya que la apertura y resolución del expediente antes del accidente habría podido desembocar en la caducidad de la concesión y en el cese de la actividad extractiva.

Un PIC sin cobertura normativa ni evaluación ambiental

Otro de los puntos centrales del dictamen es la autorización, el 8 de julio de 2024, del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC). La propuesta de conclusiones elaborada por Tomé sostiene que esa figura no tiene definición ni regulación expresa en la normativa de minas y que su aplicación se ha producido de forma "consuetudinaria" en Asturias, sin equivalente acreditado en otras comunidades autónomas. A ello añade que el PIC se aprobó sin exigir evaluación de impacto ambiental, pese a que, según la propuesta, esta era preceptiva conforme a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Por todo ello, el texto concluye que la autorización, además de ser incompatible con resoluciones anteriores que obligaban al cierre de la mina, “resulta nula”.

Autorizaciones incompatibles entre sí

La propuesta de conclusiones aprecia además una “incoherencia sistémica” en la gestión de Cerredo. Según el borrador del dictamen, sobre la explotación convivían cuatro autorizaciones materialmente incompatibles: el proyecto de abandono de labores de 2019, el proyecto de rehabilitación ambiental de 2021, la transmisión de derechos a Blue Solving con obligación de cierre en 2023 y el PIC de 2024, que habilitaba la extracción de 60.000 toneladas.

Que esos títulos coexistieran sin que ningún servicio administrativo advirtiera la contradicción constituye, a juicio de la comisión, una muestra de falta de coordinación interna y de deficiente gestión administrativa.

Inspección minera débil y metodología cuestionada

El quinto fallo institucional que recoge la propuesta de dictamen apunta al sistema de inspección minera. La comisión denuncia la ausencia de un plan periódico y documentado de inspecciones y cuestiona la metodología seguida en algunas actuaciones. Ese déficit, según el documento, favoreció que la actividad extractiva clandestina pudiera desarrollarse con un riesgo bajo de detección. La crítica no se limita a una actuación concreta, sino que apunta a una debilidad estructural del sistema de inspección.

1.400 expedientes desordenados, lo que dificulta el control

La propuesta de dictamen también censura el tratamiento documental de los expedientes administrativos. La comisión recibió 1.339 ficheros que, según sostiene, no respondían a la definición legal de expediente administrativo recogida en la Ley 39/2015.

La falta de orden, numeración y coherencia documental dificultó, a juicio del texto, el escrutinio parlamentario y revela un incumplimiento del principio de buena administración. Además, la comisión considera que ese desorden no fue puntual, sino sistemático, y que tuvo efectos sobre el control democrático de la actividad administrativa y sobre la eventual tutela judicial de las víctimas.

El papel indirecto del antiguo IDEPA

El último bloque de responsabilidad institucional se refiere al extinto Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), convertido en la Agencia Sekuens. El dictamen reconoce que el organismo no tenía competencias directas sobre la autorización o el control de la actividad minera, pero le atribuye relevancia institucional por su intervención en la evaluación, tramitación y seguimiento de proyectos empresariales e industriales vinculados al entorno societario de Cerredo.

La comisión entiende que esa participación, así como la gestión de ayudas asociadas a esos proyectos, contribuyó indirectamente a conformar un contexto administrativo favorable para la iniciativa empresarial vinculada a la explotación y pudo generar una apariencia de respaldo público a su viabilidad.

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