El PSOE se queda solo en la Junta al rechazar las responsabilidades políticas que apunta el dictamen sobre Cerredo

Más de dos horas de comparecencias de los portavoces parlamentarios de la Junta General tras su reunión preparatoria del próximo Pleno evidenciaron que el PSOE está dispuesto a convertirse en el único partido que no señale responsabilidades políticas por el “caso Cerredo” en las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria.

El PSOE quedó este miércoles aislado en la Junta General al rechazar de plano las responsabilidades políticas, una posición que contrastó con la defensa cerrada del texto por parte de su presidenta, Covadonga Tomé, con el respaldo de IU exigir señalamiento y ceses y con las posiciones de PP, Vox y Foro, que asumieron el contenido esencial del documento y, en algunos casos, reclamaron incluso extender el foco hasta el presidente del Principado, Adrián Barbón.

De hecho, esa posibilidad de que los socialistas terminen solos en un rechazo al dictamen tuvo reflexión por parte de los dos aliados de la izquierda. Tomé aseguró que ese escenario supondría “un fracaso absoluto del Partido Socialista frente a la sociedad asturiana”. La presidenta de la comisión se preguntó: “¿De verdad se van a quedar solos diciendo que el ‘caiga quien caiga’ consistía en una serie de declaraciones, de brindis al sol y en no llegar verdaderamente a donde hay que llegar, que es a dirimir responsabilidades y a poner en marcha propuestas, soluciones posibles para que esto no se repita?”.

Xabel Vegas, de Convocatoria IU, pidió a la FSA que “reflexione” su posición al considerar que sería “un error” que el partido mayoritario “saliera de esa comisión de investigación sin pedir responsabilidades políticas”. “Los asturianos han vivido el accidente con la misma alarma que los diputados” y, aunque señaló que el Gobierno asturiano está formado por “dos proyectos políticos distintos”, a su juicio, “un accidente con cinco fallecidos y un accidente anterior con un fallecido y un herido muy grave es suficiente como para que se sustancien responsabilidades políticas”. Insistió que a esa conclusión apunta también el informe de la Inspección General de Servicios, un documento “tan detallado y tan preciso” que, según destacó, “no tiene precedentes”.

La firmeza del PSOE

La portavoz socialista, Dolores Carcedo, fue dura en su análisis. Rechazó el documento “tanto en las formas, como en el fondo” y sostuvo que la propuesta de dictamen “tenía que haber sido presentada previamente a la comisión por respeto a la propia comisión”.

Sobre el contenido, Carcedo afirmó que se trata de “un texto deslavazado, con opiniones que no se sustentan con argumentos, que tiene muchos juicios de valor, que incluye errores”. También dijo que “las conclusiones no se apoyan en los testimonios que hemos ido escuchando a lo largo de toda la comisión de investigación, ni en la mayoría de los testimonios ni en la documentación que está analizada”.

La portavoz del PSOE dejó clara la tesis de su partido, reforzada por la posición expresada este martes por la Ejecutiva de la FSA: “Ahora mismo, para el Grupo Socialista, por los testimonios y la información que hay en poder de la comisión, no se puede ligar una relación directa entre el accidente y la actuación de la Administración a través de sus procedimientos, a través de sus decisiones”. Y añadió: “Por lo tanto, no se justifica en modo alguno el señalamiento de responsabilidades personales ni políticas ni técnicas”.

Para Carcedo, “con lo que tenemos en este momento encima de la mesa”, no cabe señalar a personas concretas” y destacó que lo que había en Cerredo era “una empresa que estaba operando de manera ilegal, que no tenía ninguna autorización por parte de la Administración del Principado para hacer lo que estaba haciendo”. Ni el borrador de la presidenta de la comisión de investigación ni el informe de la Inspección General de Serivcios establecen, dijo “una relación directa entre el accidente y una decisión de la administración, de su estructura, de sus procedimientos, para imputar y señalar a personas técnicas o del ámbito político como corresponsables de un accidente”.

Alertó, además, sobre la inclusión de nombres funcionarios públicos en el apartado de responsables, al recordar la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la comisión parlamentaria de la Junta sobre el “caso Gitpa”. “La Junta General tiene límites claros en el marco de una comisión de investigación y no puede extralimitarse al fijar determinadas responsabilidades”, aseveró. A su juicio, el borrador sobre Cerredo “se supera ampliamente lo que es el marco de actuación de esta comisión” y cuestionó que el documento hable de manera expresa de “responsabilidades personales” para incorporar a los presuntos responsables a “tres empleados públicos”.

La defensa de Tomé

Frente al rechazo socialista, la presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, defendió el borrador y negó que carezca de sustento jurídico. “La propuesta de dictamen se nutre de la información que se recabó en los trabajos preparatorios, de la luz que aportaron los diferentes comparecientes y, por supuesto, de las aportaciones del equipo de expertos en Derecho Administrativo y en el sector de la minería que nos ayudaron para la redacción”, declaró.

Tomé negó la falta de fundamento jurídico que esgrimen los socialistas. “Esto no es así, ni muchísimo menos”, dijo. Y añadió que “las conclusiones a las que llegamos, y no solamente eso, sino la indicación de responsabilidades personales e institucionales y las propuestas a corto, medio y largo plazo, coinciden con lo que han declarado públicamente, sin ir más lejos, comisiones obreras, el Soma UGT, ecologistas en acción o asociaciones del tejido social”.

La presidenta de la comisión defendió también el núcleo de su planteamiento político. “Aquí de lo que se trata al final por parte del gobierno es de culpar única y exclusivamente a una empresa”, afirmó. Frente a ello, recordó que “una mina es un dominio público y que sobre ese dominio público la administración tiene una responsabilidad clara”.

Tomé subrayó además que “es obligación de la administración, sin ningún tipo de duda, velar en todo momento por el cumplimiento de toda la normativa vigente” y que el dictamen recoge que, precisamente, ese objetivo no se cumplió. Sobre el señalamiento de funcionarios, Tomé defendió que es obligación indicar esa responsabilidad, si bien luego, “a quien competa, tendrá que tomar decisiones las que correspondan”.

A las críticas por la presentación pública del texto, aseguró que el borrador del dictamen se envió primero al grupo socialista “por cortesía”, y posteriormente al letrado de la Cámara para que lo incluyese en la carpeta de documentos de la comisión de investigación. “Me parece un discurso enlatado el que estoy oyendo por parte de los diferentes representantes del Partido Socialista”, afeó.

IU se desmarca del PSOE

También Convocatoria por Asturias-Izquierda Unida dejó clara su posición, que ya había venido señalando el coordinador y consejero del Gobierno Ovidio Zapico. Aunque criticó las formas empleadas por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, al señalar que su grupo se enteró “por la prensa” de las conclusiones y que ese proceder fue “muy oportunista” y “enormemente irrespetuoso con la institución”, dejó claro que, “en lo esencial”, el borrador coincide con planteamientos ya recogidos en el informe de la Inspección General de Servicios. “La comisión de investigación tiene que señalar responsabilidades políticas y esas responsabilidades políticas después se tienen que sustanciar”, afirmó.

En ese sentido indicó que “las personas señaladas no deberían ostentar cargos públicos”, dado que “no basta aparecer solo en un documento”.  IU sí se desmarcó, no obstante, del borrador en lo referido al señalamiento de funcionarios, al considerar que “es un enorme error” y “muy peligroso”, y apeló a la sentencia del Tribunal Constitucional que, según recordó, establece que las comisiones de investigación “no pueden ser utilizadas para socavar el prestigio profesional de funcionarios públicos”.

El PP avala el texto y avisa de más responsabilidades si no hay decisiones

El portavoz del PP, Luis Venta, consideró que el borrador es “un dictamen inicial bastante equilibrado” y añadió que “recoge bastante bien todo lo que se ha tratado en esta comisión de investigación”. También dijo que le parece “atinado” y que “refleja honestamente bastante bien lo que ha pasado con Cerredo y lo que ha pasado con la Dirección General de Minas y con la Consejería”.

Venta diferenció entre la responsabilidad de la empresa y la política y administrativa. “Nadie duda que la única responsabilidad directa es de la empresa por realizar labores de extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo”, afirmó, pero añadió: “No es la única responsabilidad y, por tanto, aquí hay que dirimir las responsabilidades políticas y parecen bastante claras”.

El diputado popular también lanzó una advertencia sobre las consecuencias de no adoptar medidas. “Vamos a ver qué dimisiones hay o qué ceses hay”, dijo, y en la línea de lo expresado por el presidente del PP, Álvaro Queipo, añadió que “cuanto más se tarde en tomar esas decisiones, es que alguien las está frenando”, un claro mensaje dirigido al presidente Adrián Barbón.

Vox apunta a Barbón

La portavoz de Vox, Carolina López, también respaldó el contenido esencial del dictamen pero situó la responsabilidad política en el presidente del Principado. “La lectura de ese borrador viene a decir lo que desde Vox íbamos denunciando y alertando desde el principio”, afirmó.

López dijo que “tanto el informe de la Inspección General de Servicios como el borrador del dictamen de la comisión concluyen un fallo sistemático en el control de la actividad minera”. Indicó que a su juicio el Gobierno “falló de arriba a abajo y cuando fallan diferentes departamentos falla su máximo responsable que es Adrián Barbón”.

Foro también amplía el foco al presidente

Adrián Pumares, de Foro Asturias, avanzó que estudiará alegaciones al borrador, pero dejó claro desde el principio que echa en falta una referencia más directa al jefe del Ejecutivo autonómico. “El responsable de haber desmantelado el Servicio de Seguridad Minera ha quedado claro y ha quedado acreditado en la comisión de investigación, que ha sido Adrián Barbón”, declaró.

Por eso, añadió, “la responsabilidad política tiene que llegar también al presidente del Principado de Asturias y no quedarse únicamente en los consejeros y consejeras o en determinados funcionarios”. Pumares también aseguró que no ve objeciones a la inclusión de funcionaros.

El debate sobre los funcionarios

Uno de los puntos más controvertidos del documento es la inclusión de funcionarios en el dictamen. El PSOE rechaza esa posibilidad. Carcedo sostuvo que la comisión no debe hablar de “responsabilidades personales” ni “señalar a empleados públicos”.

Tomé, por el contrario, defendió que “es nuestra obligación indicar la responsabilidad de esos funcionarios dentro de sus competencias”. Foro también se mostró favorable a que puedan figurar en el texto si hubo negligencia. “No debe existir ningún temor a la hora de incluir a personas que no son políticas en los dictámenes de la comisión”, dijo Pumares.

El PP avaló el dictamen tal como está formulado en este momento y Vox, aunque sin detenerse específicamente en ese punto en su intervención principal, asumió el contenido general del borrador y dejó para la fase de alegaciones la concreción de sus aportaciones.

Viaje institucional del Presidente

Tanto Vox como el PP cargaron contra Adrián Barbón por mantener su viaje institucional en plena crisis política abierta por Cerredo. La portavoz de Vox, Carolina López, afirmó que el presidente “ha decidido hacer las Américas” en un momento en que su Gobierno tiene “varios escándalos y frentes abiertos” y le acusó de actuar “como un turista político en un momento crítico”, bien “por cobardía y evitar dar la cara” o por un intento de “postularse como futuro ministro de Exteriores”.

En términos similares se expresó el portavoz del PP, Luis Venta, quien denunció que, mientras se conocía el dictamen inicial de la comisión, “Barbón, el presidente, pasea por los jardines de México DF a modo de virrey de México”, una imagen que utilizó para presentar a un Gobierno “aislado política y socialmente”, “enrocado a la defensiva” y cada vez más parecido a “un esperpento”.

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