La denuncia de tres madres de menores tutelados por el Principado: una administración que "pasa de todo", "absentismo escolar" y "fugas" en los centros

Tres madres cuyos hijos permanecen, o permanecieron durante una temporada en centros de menores tutelados por el Principado, denunciaron este jueves en comisión parlamentaria la falta de control que, afirman, existe en este tipo de instituciones. “Los niños no son expedientes, números o estadísticas”, defendieron, tras asegurar que “la Administración pasa de todo”. Mientras que la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, aseguró que todas las decisiones tienen un "fundamento técnico fundado" y que la Fiscalía ejerce como órgano de control.

Las comparecientes, representantes de la Asociación Tutela Bajo Sospecha, que aún se está constituyendo, hablaron de informes “falsos” y “manipulados”, lamentaron la falta de implicación por parte de la Administración y reclamaron un protocolo más tajante para evitar las fugas.

Laura Allongo afirmó que los niños son “arrancados” de sus familias en “demasiadas ocasiones con informes falsos, manipulados y tergiversados”, recordando que después del “shock” inicial llega “el calvario de las visitas”.

Según denunció, “en las visitas te dicen lo que tienes que decir al niño, te manipulan. Y si no colaboras, te hacen informes demoledores”, llegando incluso a “amenazarte con quitarte las visitas”.

Por otro lado, advirtió que “las niñas tuteladas heredan una condena cuando son madres, se les arrebata a sus hijos del paritorio. Algunas no los vuelven a ver”.

También Deborah Colio habló de “informes falsos, manipulados e incompletos”, que provocan “separaciones innecesarias” del menor de su familia. “Muchas veces quienes firman esos informes tienen más credibilidad que la propia familia”, lamentó. A su juicio, “el verdadero problema empieza cuando una familia alza la voz, advierte de denuncias deficientes, pregunta demasiado, exige derechos… Entonces pasa de ser una familia preocupada a una conflictiva”.

Colio aprovechó la comparecencia para pedir “más transparencia en los procedimientos, más supervisión independiente, más responsabilidad para quien firma informes falsos o negligentes, más escucha a los menores y las familias”.

Por su parte, Myriam Álvarez criticó que las fugas se producen habitualmente y que el nuevo protocolo del Principado “no tiene ninguna propuesta que vaya a hacer que estas situaciones cambien”.

En ese sentido, advirtió que las fugas van acompañadas, a su vez, del absentismo escolar y advirtió que los menores, una vez pasan a ser tutelados, “dejan de tener la obligación de ir a clase”. “Si un menor le dice a su educadora que no quiere ir a clase, no van porque no se les puede obligar”, aseguró.

Y lamentó que la única repercusión que tiene este absentismo es la imposición de una incidencia ante la Consejería que “no tiene ninguna consecuencia para los menores”. Por lo que, a su juicio, “este debe ser el primer problema a abordar”.

Decisiones con "fundamento técnico" y respaldo de Fiscalía

Tras la comparecencia de las tres madres, la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, fue preguntada también por la situación de los centros de menores. En su intervención puntualizó que "la tutela administrativa de un menor no es una decisión ni ideológica ni discrecional, sino una obligación legal que se activa exclusivamente cuando existe una situación de desamparo, tal y como establece el artículo 172 del Código Civil y la ley 196 de protección jurídica del menor".

Aseguró que las decisiones adoptadas por la consejería a través de la dirección general de Infancia y Familias tienen “fundamento técnico fundado, empírico y el acuerdo de un órgano colegiado, que es la Comisión del Menor".

"Las medidas y todas las decisiones que adopta la Consejería se adoptan por resolución administrativa motivada que puede ser recurrida judicialmente. Son notificadas a las personas interesadas, incluidas los menores, y a la Fiscalía de Menores, que es el órgano que tiene el control y la inspección sobre el sistema de protección de los menores", explicó Del Arco.

En este sentido, la consejera reconoció que "todas las resoluciones pueden ser recurridas judicialmente, en primera instancia a los juzgados de familia y apeladas en la Audiencia Provincial" y de hecho se recurren el 97% de las sentencias. En el 95% la sentencia es favorable a la Consejería.

Además, insistió, en que las medidas adoptadas no son medidas permanentes, son siempre revisables. "Ninguna tutela es permanente. Son todas revisables, la ley lo indica, tres meses y seis meses en función de la edad, en función de la evolución del caso y de los compromisos de las personas, para los que se ponen programas de apoyo, como el de reunificación familiar o el de apoyo. Las medidas las supervisa en todos los casos, insisto, en todos, absolutamente en todos", insistió.

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