Tomé eleva la distancia con el PSOE y exige a Barbón ceses inmediatos e indemnizaciones para las familias de Cerredo

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé (Somos), ha elevado este martes la presión sobre la parte socialista del Gobierno asturiano y ha exigido al presidente del Principado, Adrián Barbón, “ayudas y ceses ya” por el siniestro laboral registrado en la mina de Degaña, en el que murieron cinco trabajadores. La parlamentaria, presidenta de la comisión de investigación sobre lo ocurrido en Cerredo, marcó así más distancia con el PSOE y reclamó “responsabilidades políticas inmediatas”, al margen de los tiempos de la justicia ordinaria.

Tomé responde así a las últimas declaraciones del portavoz del Consejo de Gobierno, Guillermo Peláez, que vinculó la depuración de responsabilidades a la evolución de los procedimientos judiciales. “Como mantenemos desde el principio, las responsabilidades políticas no pueden quedar supeditadas a los tiempos de la justicia ordinaria”, señaló la diputada, que reprochó al Ejecutivo autonómico que pretenda aplazar cualquier decisión hasta que exista una resolución judicial firme.

“¿De verdad quieren hacer creer a la ciudadanía y a las familias que este plazo es razonable? Trece años tuvieron que esperar las familias del pozo Emilio (León) por una sentencia. El accidente de 2022 en Cerredo ni siquiera tiene fecha de juicio”, afirmó Tomé. “Exigimos ceses ya”, añadió.

La portavoz de Somos Asturies sostuvo que, si el PSOE mantiene esa posición, será el propio Barbón quien deba aclarar el alcance de sus compromisos públicos tras el accidente. “Adrián Barbón tiene que explicar qué significa entonces su ‘caiga quien caiga’”, indicó.

Indemnizaciones sin esperar a los tribunales

La exigencia de responsabilidades políticas forma parte de la propuesta de dictamen elaborada por Tomé como presidenta de la comisión de investigación sobre la mina de Degaña. El documento incluye también, entre sus recomendaciones inmediatas, el anticipo de indemnizaciones a las víctimas de los accidentes de 2022 y 2025 y a sus familias.

“Siempre hemos dicho que las familias son la prioridad. Lo humano es minimizar su espera”, defendió la diputada. En esa línea, Tomé ha registrado una proposición de ley para tramitar por lectura única un sistema de ayudas en concepto de anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas de los accidentes producidos en la mina de Cerredo los días 25 de agosto de 2022 y 31 de marzo de 2025.

La iniciativa sostiene que las indemnizaciones vinculadas a la responsabilidad civil de la empresa u otras entidades responsables pueden tardar años en declararse y cobrarse al depender de una resolución judicial. Por ello, plantea que el Principado adelante esas cantidades dentro de su ámbito competencial, con un baremo basado en la resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones aplicable a siniestros laborales.

El texto considera beneficiarias a las víctimas de los accidentes y, en caso de fallecimiento, a sus familiares directos: cónyuge o pareja conviviente, hijos, otros descendientes dependientes, padres, abuelos o hermanos, según el orden previsto en la proposición. Las cuantías recogidas oscilan, entre otros supuestos, entre 117.622,06 euros para el cónyuge o persona conviviente con al menos quince años de convivencia cuando la víctima tuviera menos de 67 años, y 111.193,73 euros por cada hijo menor de 14 años.

La proposición establece además que el Principado se subrogaría en los derechos de crédito de las indemnizaciones que posteriormente se reconocieran, hasta el límite de la ayuda abonada. En caso de que la indemnización final fuera inferior al anticipo, las familias no tendrían que devolver la diferencia; si fuera superior, percibirían el exceso. Las ayudas serían compatibles con otras subvenciones, prestaciones de la Seguridad Social, indemnizaciones pactadas en convenio y seguros suscritos por las víctimas.

Tomé desligó esta propuesta del anuncio del Gobierno autonómico sobre ayudas para personas afectadas por accidentes laborales. Según la diputada, esa vía responde a una propuesta sindical vinculada a un hipotético Pacto de Estado anunciado en 2024 que, según denunció, “nunca llegó”. “Ahora necesitamos otra cosa, indemnizaciones de urgencia para las familias de la mina de Degaña, con independencia de que el Pacto de Estado debería llegar también”, afirmó.

Moratoria minera y expedientes pendientes

La propuesta de dictamen de Tomé incluye otras medidas de aplicación inmediata. Entre ellas, una moratoria total sobre los Proyectos de Investigación Complementaria, la figura administrativa que, según la diputada, permitió autorizar la extracción en Cerredo pese a carecer de amparo legal expreso.

El documento reclama también la incoación inmediata de los procedimientos sancionadores pendientes, incluido el relativo a la garantía financiera de más de tres millones de euros que, según Tomé, Blue Solving nunca llegó a constituir. Además, propone remitir toda la documentación al Ministerio Fiscal para que valore la posible existencia de indicios de responsabilidad penal.

A medio plazo, la diputada plantea la aprobación de una ley asturiana de ordenación minera. Tomé sostiene que la normativa vigente, que data de 1973, está desfasada y no responde a las necesidades actuales de control, seguridad y supervisión de la actividad minera.

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