El PP insiste en reclamar dimisiones por el accidente de Cerredo y Borja Sánchez advierte sobre los "errores" en el borrador de conclusiones de la investigación parlamentaria

El Partido Popular ha vuelto a exigir en la Junta General del Principado la asunción de responsabilidades políticas por los accidentes mineros de Cerredo, en los que fallecieron seis personas, mientras el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha advertido de la existencia de errores en el borrador de dictamen de la comisión de investigación y defendió que su responsabilidad pasa por aplicar las recomendaciones de la Inspección General de Servicios.

En el transcurso del pleeno parlamentario, el diputado popular Rafael Alonso preguntó al consejero si “ya ha llegado el momento de asumir responsabilidades políticas” por lo ocurrido en Cerredo. Sánchez respondió que esa cuestión ya había sido abordada tanto por el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, como por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Carcedo, y situó esa asunción de responsabilidades políticas en dos ámbitos: la incorporación de las once recomendaciones planteadas por la Inspección General de Servicios y la evaluación, junto al Instituto para la Transición Justa, del entorno de la explotación de carbón y de sus posibles colisiones con la Ley de Cambio Climático y con el plan de cierre de la minería no competitiva.

El PP mantiene la presión

En el segundo turno, Alonso reprochó al Ejecutivo que siga sin adoptar decisiones políticas tras lo ocurrido. Afirmó que el Gobierno parece dispuesto a “esperar hasta el final”, aunque dijo desconocer “al final de qué o de quién”. A su juicio, la posición del Ejecutivo asturiano evidencia una voluntad de resistir pese al contenido del informe de la Inspección General de Servicios y al borrador de dictamen de la comisión de investigación.

El parlamentario popular recordó que fue el PP quien impulsó esa comisión y sostuvo que, desde entonces, el Gobierno se ha quedado “solo y enrocado”. Alonso afirmó que esa actitud no la entiende “nadie”, y aseguró que en la opinión pública se ha instalado la pregunta de por qué, “con todo lo que pasó y con seis fallecidos”, no ha dimitido nadie.

Alonso diferenció las responsabilidades políticas de las posibles responsabilidades patrimoniales o administrativas, que situó en otro ámbito. Según defendió, la exigencia de dimisiones responde a una valoración política de la gestión del caso y "no depende únicamente de la existencia de un nexo causa-efecto" que pueda tener consecuencias jurídicas o económicas. También aludió a las discrepancias dentro del Ejecutivo entre PSOE e IU y criticó los cambios de posición del consejero portavoz sobre las ayudas al afirmar que en 48 horas pasó “del no al sí”. El diputado interpretó esos movimientos como una muestra del “nerviosismo” del Gobierno y sostuvo que el asunto no va a cerrarse “ni mañana ni pasado”.

El representante del PP cuestionó, además, que el Ejecutivo se defina como un gobierno de “unidad progresista” cuando existen posturas enfrentadas en su seno sobre la asunción de responsabilidades. En ese contexto, preguntó si "puede considerarse progresista no asumir responsabilidades políticas tras seis fallecidos". También apeló a la expresión del presidente del Principado, Adrián Barbón, de que actuaría “caiga quien caiga”, para pedir que se traduzca en decisiones concretas.

Señalamiento a funcionarios

En su respuesta, Borja Sánchez defendió que el dictamen de la comisión de investigación se encuentra todavía en una fase provisional y afirmó que el borrador requiere de “bastantes mejoras”. El consejero señaló que el documento contiene "errores" que no atribuyó a una voluntad deliberada, sino al posible desconocimiento de una materia que definió como compleja.

Pero Sánchez aseguró que, además de errores, el texto incluye interpretaciones o valoraciones que considera “meras opiniones”. El consejero centró sus críticas en dos aspectos que calificó de especialmente relevantes.

El primero, la atribución de responsabilidades al Idepa (hoy agencia Sekuens), pese a que, según indicó, el propio dictamen reconoce que este organismo no tuvo competencias materiales sobre la autorización ni sobre el control de la autoridad minera. El titular de Ciencia explicó que el cometido del Idepa fue la evaluación técnica, económica y procedimental de proyectos empresariales. Por ello, consideró “cuando menos arbitrario” que el borrador lo responsabilice, al entender que tanto el Ideoa como su sucesor, Sekuens, actuaron como entidades colaboradoras de la administración competente para la concesión de subvenciones.

El segundo punto señalado por Sánchez fue la mención a funcionarios con nombres y apellidos. El consejero recordó una sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con una comisión de investigación anterior en la Junta General, en la que se declaró vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia de una trabajadora en el caso GITPA. A partir de ese precedente, advirtió de que el señalamiento de empleados públicos puede generar "indefensión y desamparo".

De hecho, Sánchez aseguró que algunos funcionarios le han trasladado esa sensación y defendió la trayectoria de los empleados públicos del servicio de minas con los que ha trabajado. El consejero expresó su confianza en que la versión final del dictamen incluya matices sobre esas referencias y evite señalamientos personales.

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