El Principado niega "enchufismo" en el Servicio Público de Empleo: "Se está haciendo conforme a la legalidad"

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, negó este miércoles que existan irregularidades y “enchufismo” en la incorporación de nuevos orientadores laborales a las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) y aseguró que el procedimiento se está desarrollando “conforme a la legalidad”.

Varios trabajadores y opositores denunciaron hace unos días que la Administración autonómica estaría recurriendo a contrataciones directas al margen de las bolsas públicas de empleo para cubrir decenas de puestos de orientadores laboral, una práctica que el sindicato CSIF denunció a través de un escrito a la dirección de Empleo Público, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Sánchez explicó, ante una pregunta del diputado del PP Agustín Cuervas-Mons, que en estos momentos existen dos procedimientos abiertos en el Sepepa. El primero corresponde a la cobertura de ocho plazas vacantes de personal funcionario orientador, que se articula mediante la creación de una bolsa específica gestionada por la Dirección General de Función Pública.

El segundo procedimiento se refiere a la selección de 49 orientadores laborales adscritos a un programa temporal de tres años de duración (2026‑2029), financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se realizará mediante una oferta genérica de empleo para su incorporación inmediata a las oficinas de empleo.

Este proceso es “imprescindible” para sustituir al personal que cesó tras la finalización del anterior programa temporal y advirtió que de “no hacerlo podría implicar incluso el cierre de servicios”. Estos profesionales desempeñan funciones esenciales como la gestión de planes de empleo, el desarrollo de programas formativos o los trámites vinculados a la regularización de personas extranjeras, entre otras.

En este sentido, el consejero remarcó que en los procesos de oferta genérica se aplican “criterios objetivos de selección”, como la formación, una experiencia mínima de 36 meses en puestos de orientador laboral y la antigüedad en la demanda de empleo.

Por su parte, Cuervas-Mons acusó estar “incumpliendo” su propio decreto de empleo temporal y de no ser capaz de gestionar la bolsa de empleo. “No se están cumpliendo las garantías”, insistió, para advertir que este proceso provocará una oleada de reclamaciones y “nos va a costar el doble”.

Suscríbete para seguir leyendo