Barbón rechaza asumir (por ahora) responsabilidades políticas por Cerredo, y la oposición incrementa la presión: "Es un mentiroso"

El accidente de la mina de Cerredo volvió a colocar al presidente del Principado, Adrián Barbón, en el centro de la ofensiva política. El jefe del Ejecutivo compareció en la Junta General cercado por el PP, Vox y Foro, que le exigen que asuma responsabilidades políticas tras hacerse público el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria que apunta directamente a los exconsejeros Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz.

Sin embargo, Barbón optó por una defensa cerrada: negó haber mentido cuando decía aquello de “caiga quien caiga”, rechazó condenar políticamente a cargos que formaron parte de su Gobierno sin “pruebas” y presentó la misión mexicana, que lo tuvo alejado de la región mientras la crisis se tensaba, como una oportunidad económica para Asturias.

La sesión dejó una fotografía política nítida: la oposición busca fijar en el presidente la responsabilidad última de un Gobierno al que atribuye negligencias en el control minero, mientras Barbón intenta separar la responsabilidad política de la penal y desplazar el foco hacia la empresa. El jefe del Ejecutivo insistió en que “no hay un elemento que pruebe que esas personas son responsables por acción u omisión” del accidente; aunque aseguró que si más adelante aparecen nuevas informaciones valorarán las posibles responsabilidades.

El portavoz del PP, Álvaro Queipo, abrió el debate con una pregunta frontal: “¿Por qué mintió usted cuando dijo que llegaría hasta el final, caiga quien caiga, en la investigación del accidente de la mina de Cerredo?”. Barbón respondió sin matices: “Discrepo. En ningún momento he mentido. Caiga quien caiga, llegar hasta el final para saber siempre la verdad”.

El PP ve "negligencias gravísimas" en Minas

El líder de la oposición acusó al presidente de incumplir su promesa inicial y de intentar limitar el alcance político de la investigación. “Usted nunca quiso llegar hasta el final en todo esto. Usted lo que quería era llegar exactamente al punto en el que a ustedes no les salpicase”, afirmó. El dirigente popular sostuvo que “hubo negligencia, una negligencia política gravísima y hay responsabilidades políticas directas”.

En este sentido, vinculó la tragedia con decisiones del Gobierno asturiano y acusó al Ejecutivo de haber creado las condiciones para que empresas como Combayl o Blue Solving operasen “en la más absoluta ilegalidad”. "La extracción ilegal de carbón en Asturias solo fue posible porque su gobierno debilitó el control, porque ustedes retorcieron la ley y porque además avisaban de las denuncias a los supuestos infractores", sentenció Queipo.

También reprochó al presidente las imágenes de su viaje a México mientras Asturias debatía las consecuencias políticas del accidente. “Creo que no ha estado usted a la altura”, le espetó. Y añadió: "Cuando todo Asturias pedía explicaciones, usted decidió esconderse y hacerse la víctima, que es lo peor. Con cada día que ha pasado desde el accidente, cada día que usted no ha dado una respuesta contundente, usted es más responsable de todo esto.

Barbón respondió con una defensa basada en la falta de pruebas directa contra los cargos señalados. “He leído con mucho detalle el informe, lo he estudiado, he leído el borrador, y todavía, a día de hoy, no hay ningún elemento que pruebe que esas personas a las que se significa han tenido responsabilidad directa en la comisión de un homicidio, de los cinco homicidios, por imprudencia”, dijo.

El presidente dejó abierta la puerta a revisar su posición si apareciesen nuevos datos, pero marcó una frontera clara: no asumirá el relato de la oposición mientras, a su juicio, no haya pruebas que conecten las decisiones políticas con las muertes. “Esto no significa que si cambian las cosas, es decir, que si surgen nuevos elementos, no tengamos que cambiar de posición”, afirmó.

La réplica de Barbón fue también política. Acusó a Queipo de “hacer política del dolor” y de utilizar el accidente como arma parlamentaria. “Jamás utilizaré un accidente para hacer política, como usted está haciendo”, sostuvo.

México agrava el reproche de ausencia

La portavoz de Vox, Carolina López, llevó el debate al viaje institucional a México, que la oposición convirtió en símbolo de desconexión política en plena crisis. Acusó al presidente de haber elegido una agenda exterior para alejarse del desgaste interno. “No se fue por obligación ni por urgencia institucional, se fue por conveniencia política y eso tiene un nombre, irresponsabilidad”, dijo.

La portavoz de Vox endureció aún más el reproche: “Usted no ha ido a México a trabajar. Se ha ido a escapar de Asturias y a promocionarse, probablemente, como futuro ministro de exteriores”.

El presidente replicó que el viaje se había organizado con antelación y con participación empresarial. “Este viaje ha sido un acierto”, defendió. Según Barbón, la misión abrió “nuevas vías de comercio” y “nuevas vías de relación empresarial”. También reivindicó la dimensión emigrante del desplazamiento: “Yo soy el presidente de todos los asturianos, de los que viven aquí y también los que viven fuera”.

La defensa de México, sin embargo, no desactivó el núcleo de la crítica opositora: el contraste entre la agenda exterior del presidente y la gravedad de la crisis política abierta por Cerredo.

“Mientras que usted huye, mira hacia otro lado y niega la mayor cuando el informe de la Inspección de Servicios y el borrador del dictamen de la comisión señala responsabilidades de su Gobierno por una cadena de fallos que no son casualidad, sino que son sistemáticos. Antes dijo usted que lo fácil sería depurar responsabilidades y que no la va a hacer. ¿Para qué narices entonces encargó el informe a la inspección general de servicios? Es usted un mentiroso”, criticó.

El desmantelamiento del servicio de Seguridad Minera

Foro situó el foco en una decisión anterior al accidente: la supresión del Servicio de Seguridad Minera. Su portavoz, Adrián Pumares, preguntó si Barbón se arrepentía “de haber desmantelado el Servicio de Seguridad Minera”. El presidente respondió que el Gobierno había anunciado el 8 de abril la asunción de las once recomendaciones de la Inspección de Servicios y “la recuperación de un Servicio de Seguridad Minera”.

Pumares fue más allá y vinculó la decisión con una pérdida de capacidad administrativa en un área sensible. “Se debilitó la seguridad minera para ahorrar estructura administrativa”, afirmó. También sostuvo que la supresión se produjo sin una justificación técnica suficiente y con criterios económicos. “Estamos ante una decisión política de primer nivel y esa responsabilidad convendrá conmigo, señor Barbón, en que no se delega”, advirtió.

Barbón admitió una evaluación errónea, aunque rechazó que esa decisión pueda presentarse como causa directa del accidente. “Visto en perspectiva puedo decir [...] que creo que no hicimos una valoración correcta como gobierno”, señaló. El presidente explicó que el Ejecutivo pensó que el cierre de la minería reduciría la actividad administrativa y la necesidad de control, pero sostuvo que los fondos de transición justa demostraron después la necesidad de reforzar la estructura.

El jefe del Ejecutivo negó que el informe de la Inspección de Servicios establezca una relación causal entre la reorganización administrativa y las muertes. “El informe de la Inspección de Servicios no dice en ningún caso que la fusión de dos servicios en uno es la causa que signifique o que provoque los cinco muertos”, afirmó.

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