El caso Cerredo y el debate de la responsabilidad: la crisis política se enreda en confusiones interesadas y humo semántico

En 1954, en el Reino Unido, un asunto menor sobre la gestión de unas tierras agrícolas en Dorset provocó una de las dimisiones más influyentes del parlamentarismo moderno. Hoy se consideraría un caso insólito. El entonces ministro de Agricultura, Thomas Dugdale, dejó su cargo tras una investigación pública (azuzada por un adversario y que con el tiempo se consideró sesgada) que señaló graves fallos administrativos en su departamento.

No hubo delito alguno ni beneficio personal, pero Dugdale asumió la responsabilidad política por lo ocurrido bajo su autoridad. Su departamento había fallado bajo su mando. El caso aún hoy se cita como paradigma de responsabilidad política.

La idea de responsabilidad nació, en cierto modo, para evitar que toda crisis pública terminase en un tribunal. Antes del parlamentarismo, la única forma de reprobar a quienes gobernaban era mediante mecanismos jurídicos principalmente penales. Incluso en algunos países, como Estados Unidos, existen procesos de destitución (impeachment) que alcanzan al Presidente y altos cargos, siempre bajo la presunción de comisión de delitos o faltas muy graves que evalúan las cámaras representativas.

El concepto se enreda ahora en todo lo que rodea al caso Cerredo, entre facturas de la oposición al presidente Adrián Barbón, humo del PSOE para diluir términos, batallas por fijar posicionamientos y trampantojos dialécticos. En este asunto se mezclan planos distintos que se confunden perniciosa y calculadamente: responsabilidad política, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, dimisión, cese, reprobación y oportunidad.

El parlamento asturiano tiene pleno derecho a crear una comisión de investigación. No solo derecho: es uno de sus instrumentos esenciales de control. En España, además, es posible que las investigaciones parlamentarias coincidan en el tiempo con las judiciales.

Las comisiones de investigación se cierran con polémica casi siempre. No es fácil hallar precedentes de pesquisas parlamentarias que terminasen señalando responsabilidades políticas de personas del Gobierno y que el propio partido gobernante apoyase las conclusiones.

Una comisión parlamentaria no es un juzgado. Sus conclusiones no son una sentencia. No fijan una verdad penal ni administrativa. Generan una verdad política que es fruto de un momento específico, que está sometida a las mayorías, a la correlación de fuerzas y a los objetivos de cada partido. Eso no la invalida. Al contrario: esa es precisamente su naturaleza democrática. Los partidos no son cuerpos celestiales ajenos a sus intereses, pero representan la pluralidad ciudadana.

Por supuesto, una comisión puede señalar responsables políticos. Y la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, puede hacerlo con mayor o menor dureza. Puede decir que hubo fallos de organización, de vigilancia, de inspección, de previsión o de dirección. Puede concluir que una estructura administrativa no funcionó como debía. Puede hacerlo con mayor o menor acierto o sesgo. Lo importante es que su conclusión, fundada en hechos o evidencias, la respalde la mayoría parlamentaria. Lo que no puede es convertir ese juicio político en una condena penal ni en una sanción administrativa.

La exigencia de responsabilidad política pertenece al terreno de la oportunidad, no al de la legalidad penal, precisaba el profesor Joaquín García Morillo. Su sanción propia es exclusivamente, eso, política. Y aquí surge otra confusión en este debate: el señalamiento no está vinculado a ceses o dimisiones. Bueno, pueden reclamarse legítimamente, y también legítimamente el aludido puede no hacer ni caso.

Por tanto, la oposición tiene derecho a intentar pasar al PSOE una factura política por el accidente sin atribuir ninguna relación causal con él. Tiene derecho a sostener que el sistema de control minero llegó debilitado, que hubo decisiones administrativas equivocadas o que la Administración no detectó lo que debía detectar. Tiene derecho a señalar políticamente a quienes dirigieron el área. Lo que no cabe es presentar ese señalamiento como si llevara incorporado automáticamente el cese. Se trata de ámbitos distintos.

En el parlamento asturiano, un consejero no mantiene una relación fiduciaria directa con la cámara, sino con el presidente que lo nombró. El parlamento puede reprobarlo, censurarlo, erosionarlo, convertirlo en un elemento del pimpampúm político. Pero no puede derribarlo directamente. Y si quienes son señalados ya no forman parte del Ejecutivo, la cuestión se vuelve aún más compleja: la comisión tiene potestad para emitir un juicio político sobre su gestión pasada, pero las consecuencias efectivas se desplazan a otros ámbitos.

Por eso la oposición se enreda queriendo convertir el dictamen en una máquina automática de dimisiones. En realidad, está intentando obtener por vía indirecta lo que solo se logra por vía directa: obligar al presidente a asumir la factura completa. Si la responsabilidad que se denuncia es de tal magnitud que compromete al Gobierno en su conjunto, el instrumento político fuerte no es el llamamiento moral al cese de terceros, sino la censura al presidente, la ruptura de confianza, la exigencia de una crisis política en toda regla.

El PSOE también aprovecha las semánticas perversas para arrojar botes de humo, estrechando el concepto de responsabilidad política. Su argumento es que si no hay delito, no hay responsabilidad; si no hay relación causal directa entre una decisión administrativa concreta y las muertes, no hay responsabilidad; si el informe no dice que una orden política tuvo como consecuencia el accidente, no hay nada que asumir.

Ese argumento es cómodo, pero tramposo. La responsabilidad política no exige probar una causalidad penal, ni administrativa. Pregunta otra cosa: si el sistema funcionó, si los controles eran suficientes, si las advertencias fueron atendidas, si la organización administrativa estaba preparada para detectar una actividad irregular, si la cadena de mando ejerció vigilancia real.

El informe de la Inspección General de Servicios despeja bastante bien esas cuestiones, pero obviamente no establece culpabilidades. Dibuja un marco de deficiencias organizativas, problemas de planificación, debilidades de control e insuficiencias en el funcionamiento del Servicio de Minas que el propio Gobierno ha admitido al asumir sus recomendaciones. Ese es precisamente el territorio de la responsabilidad política, también reconocida al liquidar la consejería de Transición Ecológica tras la dimisión de Belarmina Díaz.

¿Es suficiente? Aquí llega el terreno en que se desarrollan las batallas políticas. El PSOE podría decir que ya ha hecho bastante. La oposición puede reclamar más. Lo que realmente evalúa cuándo se han saldado las responsabilidades es la confianza.

Vayan dos ejemplos. En la comisión de investigación del caso Marea, el dictamen señaló directamente a Vicente Álvarez Areces, que siguió con su actividad política sin problemas. El PSOE rechazó las conclusiones y también el intento de atraer su voto favorable a cambio de eliminar el señalamiento al expresidente. Otro más: la investigación sobre las listas de esperas sanitarias responsabilizó con dureza al que fuera consejero Faustino Blanco. También el PSOE rechazó las conclusiones y no hubo más consecuencias.

En este debate, la claridad también es conveniente. El presidente tiene toda la legitimidad para rechazar señalamientos y negar ceses; también el PSOE para echar por tierra las conclusiones de una comisión de investigación política. Y los partidos tienen en su mano instrumentos para reclamar esas destituciones que consideran ineludibles: el parlamento puede aprobar pronunciamientos exigiéndolos, aunque tampoco tendrán más valor que la reprobación.

Más paradójica es la posición de Izquierda Unida, socio del Ejecutivo. Considerar que el PSOE debe transitar por un debate moral para reconocer responsabilidades en personas concretas y forzar su cese, tiene otro filo: el debate ético que el propio socio debería afrontar para evaluar si debe seguir formando parte de un Gobierno compartido en esas condiciones.

Y si el parlamento quiere forzar ceses como consecuencia de una mala gestión política, su única arma es el botón nuclear de la moción de censura, con todas las consecuencias (de destrucción o de legitimación) que conlleva.

El caso Cerredo, ya complejo en sí mismo, se ha convertido también en un marco para pasar facturas internas y cobrarse también frases grandilocuentes quizás excesivas en el momento que se pronunciaron, fruto del intento de defender fortalezas hoy ya derribadas. Los esfuerzos políticos sinceros deberían destinarse a evaluar con responsabilidad (sí) mecanismos para ayudar a las víctimas de la penosa e ilegal actividad que campó a sus anchas en la mina de Degaña, si así quiere hacerse, no tanto por cálculos o premuras políticas.

Y, en cualquier caso, la responsabilidad política, asumida o esquivada, siempre termina siendo una cuenta cuyo cobro, o no, establecen las urnas.

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