El siguiente escenario del caso Cerredo: pugna política por señalar a Barbón y al alcalde de Degaña como responsables

La comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente minero de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores en una explotación de carbón cuyo empresario carecía de permiso, entra la próxima semana en una nueva fase, después de que la presidenta del órgano, Covadonga Tomé, presentara su borrador de conclusiones. Los grupos parlamentarios formularán ahora sus aportaciones al texto planteado por Tomé, que señala como responsables políticos por fallos de gestión del servicio de Minas a los exconsejeros del área de Industria Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández. El dictamen preliminar también menciona a tres altos funcionarios.

Aunque los partidos evalúan y elaboran sus aportaciones (que deberán ser votadas y lograr mayoría para incorporarse), los elementos de batalla política ya parecen claros.

El más simbólico será el intento de Vox de incluir con responsabilidad política y de manera explícita al presidente Adrián Barbón, aunque probablemente el partido se quede solo defendiéndolo. El PP no se muestra por el momento partidario de hacerlo, aunque los populares tomarán las decisiones definitivas los próximos días. Tampoco Foro se lo plantea, si bien sí es partidario de resaltar la relevancia de la supresión del Servicio de Minas y vincularla a la toma de decisiones del presidente, aunque sin incluirlo en la lista de políticos considerados con responsabilidad en lo sucedido. Ni IU ni por supuesto el PSOE respaldarán esa iniciativa.

Lo que sí está en juego será la incorporación explícita de una referencia a la responsabilidad del ayuntamiento de Degaña, que no tramitó ni reclamó licencia de actividad a la mina. Izquierda Unida planteará esta opción y también la mención explícita al alcalde de Degaña, Óscar Ancares (PSOE). También Vox está dispuesto a incorporar al regidor del municipio en que se encontraba la mina, señalaron fuentes parlamentarias. El PP y Foro no lo han decidido aún, y será una de las cuestiones que deberán determinar los próximos días. La iniciativa tendrá el rechazo del PSOE.

El tercer elemento de debate será el señalamiento de responsabilidades de funcionarios. Ya están incluidos en el borrador de Tomé, pero discrepa de ello Izquierda Unida, que se inclina a incluir una referencia a los fallos en la administración e instar a que se evalúe en ese ámbito posibles responsabilidades. Ni PP ni Foro ven problema en ese asunto, pero Vox planteará matices para incorporar la idea de que las decisiones que adoptaron los funcionarios obedecieron a decisiones políticas procedentes de instancias superiores.

También el PSOE se opone al señalamiento de funcionarios, al igual que IU, amparándose en la sentencia del Constitucional contra un dictamen de otra comisión de investigación de la Junta en la que se atribuyó un ilícito penal a una empleada pública.

Pero sin duda una de las claves será la valoración que los letrados de la Junta hagan del borrador de Tomé. Plantearán sus reparos de manera verbal, aunque elaborarán un informe solo si algún grupo lo reclama, un extremo que parece probable de aquí a la fecha en la que se debate en Pleno el dictamen final. El cuerpo jurídico de la Cámara cuestiona la inclusión de nombres de funcionarios, entre otras cosas, señalaron fuentes parlamentarias.

Además, los partidos también propondrán correcciones de errores y matizaciones de redacción. Los socialistas no se plantean por ahora ninguna corrección, preparándose a un voto negativo como enmienda total a las conclusiones.

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