IU pide al Gobierno que asuma su responsabilidad patrimonial en el caso Cerredo y cuestiona el veto a la ley de ayudas de Tomé

Izquierda Unida reclama al Gobierno autonómico que asuma el "liderazgo político y administrativo" tras el accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores, y que reconozca la responsabilidad patrimonial de la Administración en la protección de las familias afectadas. La formación considera que el Ejecutivo debe pasar “de las palabras a los hechos legislativos” y presentar, en el plazo máximo de un mes, una ley de ayudas a víctimas de accidentes laborales.

La secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, ha cuestionado además el rechazo del Ejecutivo a la proposición de ley impulsada por Covadonga Tomé, una decisión que ha calificado como un “grave error de juicio”. A su entender, el veto a la tramitación impide abrir un debate parlamentario que debería servir precisamente para corregir posibles deficiencias técnicas y construir un marco común de protección.

Miranda ha recordado que el consejero Ovidio Zapico mostró su desacuerdo con esa posición y defendió la continuidad de la tramitación parlamentaria. La coalición, que forma parte del Gobierno con el PSOE, sostiene que el Parlamento asturiano es el espacio adecuado para mejorar la iniciativa y avanzar hacia una respuesta común ante una cuestión que, para la formación, es de “justicia social”.

La dirigente de IU también ha criticado que el rechazo a la proposición de ley se haya producido sin que se haya trasladado a su formación un informe económico y jurídico que justifique la decisión. En este contexto, Miranda ha pedido a la parte mayoritaria del Gobierno asturiano que “recupere la iniciativa política de manera urgente” y se sitúe “a la cabeza en la defensa de los trabajadores y de sus familias”, garantizando que el compromiso con el sector minero se concrete en medidas legislativas.

Las críticas de IU coinciden con las aportaciones presentadas por Convocatoria por Asturies al borrador del dictamen de la comisión de investigación del accidente de Cerredo. La formación ha registrado un documento con 39 propuestas y ha mostrado su disconformidad con el contenido del texto inicial, al que reprocha "falta de rigor, escasa participación de los grupos parlamentarios y una orientación equivocada en la delimitación de responsabilidades".

El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha defendido que una comisión de investigación parlamentaria debe centrarse en las responsabilidades políticas y no en responsabilidades personales o funcionariales. Por ello, ha reclamado eliminar del dictamen el señalamiento a funcionarios y dirigir el foco hacia quienes ocuparon cargos con capacidad de decisión.

“Nos parece que excede con mucho las competencias de una comisión de investigación señalar otro tipo de responsabilidades que no sean políticas”, ha advertido Vegas, quien ha insistido en que esas responsabilidades deben tener consecuencias. “No vale con que las responsabilidades políticas aparezcan en un papel”, ha afirmado, antes de sostener que quienes resulten responsables “no pueden seguir ostentando cargos públicos”.

Convocatoria por Asturies también cuestiona la explicación recogida en el borrador sobre lo ocurrido en Cerredo. La diputada Delia Campomanes ha rechazado que se hable únicamente de una cadena de errores y ha apuntado a un problema estructural en el funcionamiento de los controles administrativos. “Para nosotros no es una cadena de errores, sino una arquitectura establecida para ello”, ha señalado.

En la misma línea, Vegas ha afirmado que determinadas decisiones administrativas permitieron que empresarios sin garantías suficientes “se colaran por las rendijas del sistema”. A su juicio, esa actuación debe traducirse en el reconocimiento de una responsabilidad patrimonial de la Administración y en compensaciones económicas para las familias.

El portavoz ha rechazado que la respuesta se limite a adelantar cantidades económicas a las víctimas. “No se trata de adelantar dinero a las familias, se trata de que la Administración se haga cargo de sus propios errores”, ha señalado. Según Vegas, las familias necesitan “descansar” y recibir justicia, también en el plano económico.

Convocatoria por Asturies ha endurecido además sus críticas al empresario responsable de la explotación, al que Vegas ha calificado como “un auténtico terrorista laboral”, acusándole de llevar a los trabajadores a unas condiciones “más propias del siglo XIX que del XXI”. No obstante, la formación insiste en que, más allá de la responsabilidad empresarial, el dictamen debe asumir que también existieron responsabilidades políticas y administrativas en lo ocurrido.

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