Tomé acusa al Gobierno de “huir” de su responsabilidad con las víctimas de la mina de Cerredo

La diputada del grupo mixto y presidenta de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente minero de Cerredo, Covadonga Tomé, ha cargado contra el Ejecutivo asturiano tras la decisión del Consejo de Gobierno extraordinario de mostrar su disconformidad con la proposición de ley registrada por su grupo para articular un anticipo de indemnizaciones a las víctimas y familias afectadas por los accidentes ocurridos en la mina de Cerredo, en Degaña, tanto de agosto de 2022 como de marzo de 2025, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

La diputada ha calificado la actuación del Ejecutivo como una nueva muestra de “falta de empatía” y de “falta de capacidad” en la gestión del siniestro minero. Tomé sostiene que el Gobierno, y en particular su parte socialista, “no está estando a la altura” y acusó al socio mayoritario del Ejecutivo de intentar desligarse de cualquier responsabilidad política o administrativa sobre lo ocurrido.

La proposición de ley de Tomé planteaba el anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil a las familias de las víctimas. Según defendió Tomé, esas cantidades serían compatibles con otras ayudas, subvenciones, prestaciones de la Seguridad Social o seguros suscritos por las propias víctimas. La diputada insistió en que el objetivo era ofrecer “un apoyo material inmediato” a unas familias a las que, señaló, ninguna compensación económica podrá devolver a sus allegados ni reparar el dolor sufrido.

Críticas al informe del Ejecutivo

Tomé afirmó que el informe utilizado por el Gobierno para justificar su disconformidad está “plagado de inexactitudes” y lo definió como “sesgado” y “malintencionado”. La diputada rechazó los argumentos del Ejecutivo sobre el impacto presupuestario de la iniciativa y defendió que la medida podía financiarse con cargo al fondo de contingencia regulado en la normativa autonómica.

La diputada criticó que el Gobierno alegue ahora que ese fondo solo puede utilizarse para situaciones imprevistas del ejercicio en curso, al tratarse de hechos ocurridos en 2025. “Ojalá un gobierno reformista y progresista hubiera hecho lo que tenía que hacer y hubiera puesto a las familias en el centro desde el primer minuto”, señaló, antes de reprochar al Ejecutivo no haber articulado esas ayudas durante el pasado ejercicio.

Tomé también cuestionó que el Gobierno invoque la competencia estatal en otros precedentes de ayudas y defendió que en este caso existe responsabilidad institucional, al tratarse de una explotación situada sobre dominio público y de una empresa privada que, a su juicio, debió haber sido “suficientemente vigilada, inspeccionada y monitorizada” por la Administración.

Las ayudas y las responsabilidades políticas

La diputada advirtió de que su grupo seguirá exigiendo responsabilidades políticas con independencia de la fórmula que finalmente utilice el Gobierno para compensar a las familias. “Lo fundamental es que lleguen, en cantidad suficiente y de la forma más ágil posible”, afirmó sobre las ayudas económicas, aunque subrayó que eso no cerrará el debate sobre la actuación administrativa previa y posterior a los accidentes.

Tomé vinculó esta exigencia al trabajo de la comisión de investigación sobre los siniestros de la mina de Degaña, cuya presidencia ocupa su grupo. Recordó que la propuesta de dictamen ya incorporaba la articulación de ayudas económicas y defendió que el objetivo de la comisión es esclarecer responsabilidades y evitar que el Ejecutivo “escape” de ellas.

La parlamentaria también se refirió a la posible creación de un fondo general de ayudas o compensación para todas las víctimas de siniestros laborales desde 2025. Según indicó, se trata de una propuesta planteada por los sindicatos y ya abordada en 2024 en el marco de un pacto contra la siniestralidad laboral que, según denunció, “nació y murió” sin desarrollo posterior.

Tomé consideró que utilizar ese futuro fondo para evitar ayudas específicas a las víctimas de Cerredo supone, en realidad, un intento de disfrazar la negativa bajo el argumento de no generar desigualdades entre víctimas. “De lo que va es de escapar de la asunción de responsabilidades”, concluyó.

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