Foro acusa al Gobierno de “entrar en un pantano jurídico” para esquivar la responsabilidad en el caso Cerredo

El secretario general y diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha acusado este miércoles al Gobierno de Adrián Barbón de “entrar en un pantano jurídico” para evitar el reconocimiento de su responsabilidad patrimonial en el accidente de Cerredo. Pumares sostuvo que, si el Ejecutivo asumiera esa responsabilidad, sería “mucho más sencillo” articular y agilizar las ayudas a las familias de las víctimas.

El parlamentario afirmó que el accidente no se habría producido sin una “arquitectura jurídica” impulsada por el Gobierno del Principado y por ejecutivos anteriores, que, según señaló, buscaba “esquivar” la legislación restrictiva sobre la extracción de carbón. A su juicio, esa estructura permitió una actividad irregular que acabó desembocando en el siniestro.

Coincidencia con IU en la responsabilidad patrimonial

Pumares defendió que el dictamen de la comisión de investigación incluya la responsabilidad patrimonial de la Administración, un plantamiento que comparte con IU. “Si el Gobierno de Barbón tuviese un poco de empatía y reconociese su responsabilidad patrimonial, no habría ninguna de esas dudas jurídicas”, afirmó.

El diputado criticó las “vueltas” del Ejecutivo en relación con las ayudas y aseguró que el Gobierno “no tiene todavía clara” la fórmula legislativa que pretende impulsar. También advirtió de que no todos los accidentes laborales son iguales y cuestionó que las ayudas puedan dejar fuera a las víctimas del accidente de 2022, en el que murió un trabajador y otro resultó herido.

Extraer carbón en Asturias fue "una decisión política"

El diputado de Foro explicó que sus aportaciones al borrador del dictamen de la comisión de investigación buscan que se concrete que la extracción de carbón fue posible por "decisiones políticas" y no por decisiones de funcionarios.

No obstante, Pumares señaló que el dictamen también debe acotar las responsabilidades de funcionarios y trabajadores públicos conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Para ello, citó dos precedentes judiciales relacionados con comisiones de investigación y defendió que la Junta General no puede renunciar a delimitar responsabilidades de personas que no forman parte del ámbito político, aunque dejando claro que el origen del problema estuvo en decisiones políticas.

Foro también plantea que el dictamen haga una referencia más concreta al “desmantelamiento” del Servicio de Seguridad Minera. Pumares atribuyó esa decisión directamente a Barbón, al recordar que firmó un decreto al poco de llegar al Gobierno en 2019. Según el diputado, el debilitamiento de los controles de seguridad minera fue uno de los factores que acabó facilitando el accidente.

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