El PP acusa al Gobierno de aplicar el “tira que libras” con las ayudas a accidentes laborales para evitar responsabilidades en Cerredo

El Partido Popular ha acusado este martes al Gobierno asturiano de recurrir al “tira que libras” para evitar la asunción de responsabilidades políticas por el accidente de Cerredo y criticó la gestión de las ayudas a las familias de los mineros fallecidos. El diputado Luis Venta sostuvo que el Ejecutivo de Adrián Barbón “ha mentido desde el principio” y que su respuesta al siniestro ha estado marcada por la confusión, las contradicciones y la falta de rapidez.

Venta anunció que el Grupo Parlamentario Popular preguntará en el próximo pleno por las responsabilidades políticas de quienes estaban al frente del área de Industria y por las indemnizaciones a las familias afectadas. El parlamentario reprochó al Gobierno que, tras varios días de deliberaciones, aún no haya aclarado “ni cómo, ni cuándo, ni cuánto” recibirán los afectados.

Intento de "diluir" el accidente de Cerredo

El diputado popular afirmó que "la primera respuesta del Ejecutivo fue 'no' a las indemnizaciones" y sostuvo que las vías abiertas posteriormente responden a un intento de “diluir” el accidente de Cerredo dentro del marco general de la siniestralidad laboral. A su juicio, el Gobierno trata de presentar el caso como “uno más” entre los accidentes laborales registrados en Asturias para evitar reconocer su singularidad.

Venta defendió que la cuestión no pasa solo por indemnizar o subvencionar a las familias, sino también por hacerlo “con rapidez”. “La mentira es 'caiga quien caiga', la realidad es no cae nadie y la estrategia elegida es 'tira que libras'”, resumió el diputado, que acusó al Ejecutivo de actuar “en clave interna para salvar el propio Gobierno”.

Aportaciones al dictamen: matices en la responsabilidad de funcionarios

El diputado Rafael Alonso, que forma parte de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Cerredo, explicó las aportaciones que el PP formula al dictamen inicial de la comisión, elaborado por la presidenta, Covadonga Tomé. El PP defiende mantener la relación de responsables políticos incluida en el texto. No obstante, plantea dividirla en dos bloques: uno para altos cargos y otro para funcionarios, con el objetivo de mejorar el encaje constitucional de las conclusiones, después de una sentencia que consideró vulnerados los derechos de una funcionaria señalada en el dictamen de otra comisión de investigación parlamentaria asturiana.

El diputado popular insistió que las comisiones de investigación tienen como finalidad determinar responsabilidades políticas, no penales ni administrativas. Por ello, acusó al PSOE de "intentar llevar el debate a otros ámbitos para evitar la declaración de esas responsabilidades".

Alonso también propuso reforzar en el dictamen las referencias a los Proyectos de Investigación Complementaria, a la revisión de los expedientes vinculados a la extracción de carbón y a la actuación administrativa previa al accidente. Según sostuvo, no declarar responsabilidades políticas tras un siniestro de la magnitud de Cerredo supondría “defraudar las expectativas y las exigencias de los asturianos”.

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