El PP acusa al Gobierno de Barbón de “tapar su negligencia” en Cerredo y de evitar compensar a todas las víctimas

El PP ha elevado este martes la presión sobre el Gobierno asturiano por el accidente de la mina de Cerredo y ha acusado al Ejecutivo de Adrián Barbón de negar sus responsabilidades políticas, desacreditar la comisión de investigación y tratar de encajar las compensaciones a las víctimas dentro de un marco general de ayudas por siniestralidad laboral. Los diputados populares Luis Venta y Rafael Alonso centraron sus preguntas urgentes en la actuación del Principado antes y después del siniestro, mientras el consejero defendió que la responsabilidad del accidente corresponde a la empresa y al director facultativo y que las ayudas deben diseñarse con “seguridad jurídica” y “consenso”.

Venta preguntó al Consejo de Gobierno si “sigue negando la responsabilidad de su Gobierno en que fuese posible el accidente de la mina de Cerredo”. El consejero insistió una vez más en que el accidente, ocurrido el 31 de marzo del año pasado, se produjo porque en la explotación “se estaba realizando una actividad clandestina”, con “voluntad de ocultación”, sin “las mínimas medidas de seguridad” y bajo responsabilidad “únicamente” de la empresa y del director facultativo.

"Tapar la negligencia"

El diputado popular rechazó esa explicación y acusó al Ejecutivo de intentar proteger a los responsables políticos. “No querían investigación porque querían tapar su negligencia, que ha costado la vida de seis mineros, de seis personas”, afirmó Venta durante su réplica. El parlamentario sostuvo que el Gobierno socialista se negó inicialmente a abrir una comisión de investigación y que ahora trata de “desacreditar meses de trabajo” y “menospreciar el dictamen inicial”.

Venta vinculó la tragedia con lo que definió como una “trama minera” y acusó al Principado de haber permitido un contexto administrativo que facilitó la extracción ilegal de carbón. “¿Quién ideó una fórmula paralegal para extraer carbón ilegal? Su Gobierno”, afirmó. También reprochó la supresión del servicio de inspección minera y aludió a los avisos de inspecciones y a la remisión de denuncias al presunto infractor “incluso antes de la incoación del procedimiento sancionador”.

El consejero pidió al PP “rigor” y reclamó que se deje trabajar a la justicia. “Me gustaría que me indicase con precisión en qué página concreta de las 317 que conforman el informe de la Inspección General de Servicios se afirma que el accidente mortal de Cerredo fue responsabilidad del Gobierno de Asturias”, replicó. Según defendió, una cosa es que el informe describa aspectos relativos a procedimientos, organización o estructura del servicio de minas, y otra distinta atribuir la causa del accidente a la actuación del Ejecutivo autonómico.

El miembro del Gobierno insistió en que “la responsabilidad por la muerte de los cinco trabajadores recae en Blue Solving y en el director facultativo”, que están siendo investigados por la justicia. También citó el informe del servicio de minas para señalar que el día del accidente “ni siquiera estaban activas las dos turbinas” que debían aportar aire fresco a la zona clandestina de laboreo y reducir las concentraciones de metano.

Las compensaciones a las víctimas

En otra pregunta urgente, Rafael Alonso acusó al Gobierno de incurrir en contradicciones sobre las compensaciones a las familias de las víctimas. El diputado popular sostuvo que el Ejecutivo cambió de posición tras los trabajos de la comisión y la propuesta de dictamen.

Alonso reprochó al Principado que hable ahora de ayudas vinculadas a la siniestralidad laboral “como si esto fuera otro accidente laboral” y como si la Administración no hubiera tenido una participación específica en lo ocurrido. “Ustedes quieren evitar hablar de Cerredo y por eso hablan de otras cosas”, afirmó. El diputado defendió que las ayudas deberían llegar a todas las víctimas del siniestro, incluidos los heridos, porque “los heridos también son víctimas”.

El consejero negó que existan contradicciones y matizó que el Gobierno no trabaja en “indemnizaciones”, sino en “ayudas” para acompañar económicamente a las familias de víctimas de accidentes laborales. “Estamos hablando de un asunto bastante complejo desde el punto de vista legal y administrativo”, señaló.

El Ejecutivo defendió que el diseño de esas ayudas debe realizarse con “la máxima seguridad jurídica y el máximo consenso”, en el marco del diálogo social, junto a sindicatos y patronal. El consejero recordó que el Gobierno ya había acordado un plan de respuesta frente al repunte de la siniestralidad laboral y que, tras un 2025 “aciago”, varias medidas se convirtieron en estructurales.

Plan Regenera y revisión administrativa

Frente a las acusaciones del PP, el consejero sostuvo que su prioridad es gestionar la regulación, control y supervisión de la actividad minera en Asturias, con 78 explotaciones registradas, y desarrollar el plan Regenera anunciado por Barbón. También aseguró que el Principado trabaja con el Instituto para la Transición Justa (ITJ) en la evaluación de la situación administrativa de las explotaciones de carbón del suroccidente asturiano y su posible colisión con el plan de cierre de la minería no competitiva y con el artículo 29 de la Ley de Cambio Climático.

El PP, sin embargo, mantuvo que el Gobierno trata de evitar que Cerredo tenga consecuencias políticas. Venta acusó al Ejecutivo de estar “enrolado” en la defensa de los responsables políticos y Alonso sostuvo que la actuación del Principado evidencia un “fin de ciclo” del Gobierno de Barbón. El consejero, por su parte, insistió en que las decisiones deben adoptarse dentro del marco legal y administrativo y que el alcance de las ayudas se trasladará a la opinión pública cuando esté definido.

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