Asturias aprueba su primera ley de Colegios Profesionales, entre las quejas de la derecha por su falta de "flexibilización"

Asturias aprobó este miércoles la primera ley de Colegios Profesionales, con el respaldo de los grupos parlamentarios de la izquierda -PSOE, Convocatoria-IU y la diputada Covadonga Tomé-, en un debate en el que han decaído todas las enmiendas de la oposición. PP, Vox y Foro reconocieron la necesidad de la norma, aunque criticaron su falta de "flexibilización".

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, defendió que se trata de una demanda “histórica” que responde a una idea fundamental: “integrar las profesiones de especial relevancia social dentro de un sistema institucional que permita la participación de los profesionales en la gestión de los intereses públicos directamente vinculados al ejercicio de su actividad”.

“Es una norma equilibrada, que trata de conservar la autonomía de los Colegios, a la vez que garantiza transparencia, legalidad, la participación democrática, el buen gobierno y la igualdad que debe presidir toda corporación de derecho público”, aseguró.

El diputado del PP Manuel Cifuentes fue el encargado de defender las cinco enmiendas de su grupo. “Que la ley sea necesaria, no significa que cualquier texto sea suficiente, y para nosotros este no lo es. Se han ignorado algunas de sus necesidades y problemáticas”, lamentó.

Sus propuestas se centraban en permitir baremos orientativos de honorarios para evitar contradicciones con la legislación estatal, flexibilizar la paridad obligatoria en los órganos de gobierno ante la "imposibilidad material" de cumplirla en ciertos procesos electorales, y sustituir el silencio administrativo negativo por el positivo para eliminar trabas burocráticas y evitar el bloqueo por inacción de la Administración.

Desde Vox, el diputado Gonzalo Centeno defendió reforzar la autonomía de los colegios profesionales frente a lo que consideran una "intromisión" excesiva de la Administración regional. Sus propuestas incluían la eliminación del silencio administrativo negativo, la supresión del lenguaje "desdoblado", la simplificación del régimen de competencias y el blindaje de la preeminencia de la normativa nacional para proteger la libertad de autoorganización de los colectivos profesionales.

“Vamos a apoyar la autonomía colegial, y hemos llegado a reclamar más competencias y reconocimiento a los colegios profesionales como demuestras las propuestas en otras autonomías, pero esta ley parece ir en la dirección contraria. Está más preocupada por el lenguaje desdoblado que por el examen profundo de las necesidades de los colegios”, lamentó Centeno.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, reclamó durante la defensa de sus enmiendas que se permitan excepciones justificadas en las cuotas de género de los órganos de gobierno para evitar situaciones “imposibles de cumplir”, eximir de auditorías externas obligatorias a los colegios con menor capacidad económica y permitir la publicación de criterios orientativos de honorarios para que los ciudadanos conozcan los costes de los procesos judiciales.

“Foro no presenta enmiendas de bloque, sino enmiendas que a su juicio mejoran el texto haciéndolo más equilibrado, más flexible y también más realista. Reconozco la importancia de los colegios profesionales y comparto la importancia de aprobar la ley”, insistió el diputado.

Colegiados "de primera y de segunda"

La socialista Ana Puerto defendió el proyecto de ley como una norma "jurídicamente sólida" que respeta la legislación estatal y equilibra la autonomía de los colegios con el control público necesario para proteger el interés general. La diputada reivindicó la igualdad efectiva en los órganos de gobierno sin excepciones que la debiliten, abogó por la obligatoriedad de las auditorías bienales para “garantizar la transparencia” y rechazó la creación de consejos autonómicos para mantener la “coherencia” con un modelo de colegiación único para todo el Principado.

En la misma línea se pronunció la diputada de Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, valoró especialmente que el texto, que “refuerza la protección de la ciudadanía” mediante canales de atención obligatorios para quejas y reclamaciones, establece un control económico equilibrado con auditorías bienales y garantiza el principio democrático en la estructura interna de estas corporaciones.

Covadonga Tomé respaldó el proyecto de ley por considerarlo "necesario" para acabar con la inseguridad jurídica en Asturias y celebró los avances en igualdad, lenguaje inclusivo y control económico mediante auditorías. No obstante, la diputada criticó que se quede “corto en calidad democrática y carácter de servicio público”, lamentó que la norma permita la distinción de voto entre ejercientes y no ejercientes, creando a su juicio "colegiados de primera y de segunda", y que no obligue legalmente a establecer bonificaciones para jóvenes, desempleados o profesionales en situación de precariedad.

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