Una nueva ley permitirá en Asturias las consultas ciudadanas sobre decisiones del Principado y bastará un número de firmas para reclamarlas

Asturias regulará por vez primera las consultas ciudadanas de ámbito autonómico, un instrumento que permitirá recabar la opinión de sectores o colectivos afectados por decisiones públicas regionales. La figura se incluye en el proyecto de Ley de Participación Ciudadana del Principado aprobado por el Ejecutivo, que crea nuevos cauces para intervenir en los asuntos públicos más allá de las elecciones.

Estas consultas no tendrán el valor de un referéndum y su resultado no será jurídicamente vinculante, pero sí tendrá una carga política, ya que si la Administración se aparta del parecer expresado por los participantes, deberá exponer públicamente los motivos.

Varias son las claves de este instrumento, que existe ya en algunas comunidades autónomas, aunque se ha utilizado poco por los Gobiernos. La consulta no se dirigirá al conjunto de los asturianos, sino a un sector o colectivo relacionado con la materia objeto de la pregunta. Así, una hipotética consulta sobre una política educativa podría abrirse a familias, alumnado o profesorado; una relativa a una actuación territorial, a la población directamente concernida. La norma no hace vinculante el resultado de la consulta, pero sí obliga a la administración a justificarse. Podrá convocarla el Presidente del Principado por iniciativa propia o a petición de 6.000 personas titulares del derecho de participación. El proyecto señala que si la petición de una consulta ciudadana no recibe respuesta expresa en tres meses se entenderá admitida por silencio positivo y deberá convocarse.

Mayores de 16 años y extranjeros residentes.

Otro de los aspectos destacados del proyecto asturiano es la amplitud del derecho de participación. Podrán ejercerlo las personas españolas o extranjeras mayores de 16 años que residan en Asturias. También se contempla la participación de asturianos residentes en el exterior y de sus descendientes inscritos como españoles, cuando los asuntos les afecten directamente.

La norma separa, pues, la participación ciudadana del derecho electoral clásico, ya que se persigue favorecer la intervención en procesos públicos o promover iniciativas.

Alfabetización digital.

El proyecto introduce como principio de actuación la accesibilidad tecnológica y la alfabetización digital. Los medios tecnológicos habilitados para participar deberán ser comprensibles y fáciles de usar, y la Administración tendrá que impulsar campañas de formación sobre estas herramientas, incluidos, en su caso, sistemas de inteligencia artificial.

La ley exige que esa formación tenga en cuenta los conocimientos técnicos, la experiencia, la educación y posibles situaciones de discapacidad física, psíquica, sensorial o psicosocial. El objetivo es evitar que la participación digital deje fuera a personas con menos competencias tecnológicas.

Canales presenciales y espacio digital.

La participación tendrá un canal preferente en el espacio digital de Participación del Principado de Asturias, que reunirá información sobre los procesos abiertos, normativa aplicable, guías explicativas, vídeos y otros materiales accesibles. La plataforma también servirá para difundir propuestas participativas.

No obstante, el proyecto obliga a mantener canales presenciales complementarios, una previsión relevante para evitar que la digitalización sea una barrera para personas mayores, población rural o colectivos con dificultades de acceso tecnológico.

Garantía rural.

La ley incorpora una garantía para asegurar que la participación no se concentre en los entornos urbanos y también se cumpla en el ámbito rural. Esta garantía pretende asegurar la igualdad efectiva en el ejercicio del derecho de participación con independencia del lugar de residencia.

Presupuestos, foros y jurados.

Además de las consultas, el proyecto regula otros instrumentos de participación: intervención en la elaboración de normas, iniciativa reglamentaria popular, presupuestos participativos autonómicos, foros ciudadanos y jurados ciudadanos. Los presupuestos participativos permitirán reservar una dotación para que la ciudadanía formule propuestas y decida sobre actuaciones de competencia autonómica. Los foros ciudadanos estarán orientados al debate sobre políticas públicas, mientras que los jurados ciudadanos se conciben como mecanismos de evaluación y fiscalización.

La opción de los presupuestos participativos permitirá reservar una parte de los recursos públicos para que la ciudadanía decida directamente su destino. El procedimiento deberá permitir que la ciudadanía formule propuestas, las debata y participe en la selección de aquellas que finalmente puedan incorporarse al presupuesto, dentro de los límites técnicos, jurídicos y económicos que establezca la Administración. Además, el proyecto prevé que la Administración autonómica colabore con los ayuntamientos, a través de la Federación Asturiana de Concejos, para favorecer procesos de presupuestos participativos en el ámbito local.

Un registro para ordenar la participación.

La ley crea también el Registro de Participación Ciudadana del Principado de Asturias, en el que podrán inscribirse personas y entidades. Para las entidades de participación, la inscripción será necesaria para intervenir en los procesos previstos por la norma. Las personas y entidades inscritas serán informadas de la apertura de procesos participativos a través del espacio digital.

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