El PSOE ve en las advertencias de los letrados de la Junta razones para invalidar el dictamen parlamentario del "caso Cerredo", frente a la opinión del resto de partidos

La batalla para aprobar las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de la mina de Cerredo permanecerá casi hasta el Pleno en que deba votarse. La comisión celebró este miércoles su primera sesión de trabajo para abordar la elaboración del dictamen definitivo, después de que su presidenta, Covadonga Tomé, presentase un borrador que señalaba como responsables políticos a los exconsejeros Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández, al exviceconsejero Isaac Pola y a tres funcionarios de la Administración.

La reunión estuvo marcada por las advertencias orales de los letrados de la Cámara sobre los límites legales del texto y por el enfrentamiento entre los grupos sobre el alcance de sus conclusiones. Además, la reunión sirvió para fijar el método de trabajo y abrir el debate sobre las aportaciones presentadas al borrador elaborado por la Presidencia. Tomé formuló ya de primeras modificaciones a su texto original relativas a al menos seis páginas del documento. Entre ellas, una matización relativa al papel de los funcionarios.

El PSOE vio en las advertencias de los juristas del parlamento argumentos para reforzar su rechazo de pleno a las conclusiones. El socialista René Suárez aseguró que el letrado fue “claro y contundente” al advertir de que la propuesta de dictamen “excede los límites del control político y del ámbito de la comisión”. Según explicó, una de las objeciones principales se refiere a la inclusión de posibles responsabilidades patrimoniales, ya que, a su juicio, declararlas en el dictamen invadiría competencias propias del procedimiento administrativo estatal. Suárez sostuvo que el borrador parte de “un error de base” al situar algunas conclusiones en el terreno jurídico-administrativo y no en el de la responsabilidad política.

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, admitió que la sesión fue “un pelín bronca” y advirtió de un intento de "bloqueo” por parte del PSOE. Tomé ofreció una lectura diferente de las advertencias de los letrados, que, dijo, recordaron la jurisprudencia existente sobre la inclusión de nombres en dictámenes parlamentarios, con referencias a las sentencias sobre la comisión de investigación de la Junta y sobre el accidente de Spanair en el Congreso. Tomé indicó que su propuesta mantiene la inclusión de nombres, aunque precisó que el texto se revisará en las próximas reuniones y que cada aportación será debatida y votada.

En una posición más cauta, Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturias-IU, defendió que resulta “indispensable” tener en cuenta los criterios de los letrados para que el documento final sea respetuoso con la ley y gane fortaleza jurídica. La formación considera necesario revisar tanto las aportaciones de los grupos como el borrador inicial para evitar que el dictamen incluya conclusiones penales o administrativas que excedan el objeto de la comisión.

Desde el Partido Popular, Rafael Alonso defendió que la comisión tiene margen para continuar con sus trabajos y afirmó que su grupo, que impulsó la creación del órgano parlamentario, trabajará para que el dictamen “pueda llegar a término” dentro de los criterios señalados por los letrados. Alonso consideró que esos márgenes son “flexibles o variables” y acusó al PSOE de intentar “boicotear” desde el inicio el resultado final del dictamen.

Gonzalo Centeno, de Vox, afirmó que la reunión tuvo un carácter “jurídico” y “técnico” y sostuvo que, pese a las indicaciones de los letrados, la comisión es “soberana” para emitir el dictamen que considere oportuno en el ámbito político. Centeno acusó al PSOE de intentar “tumbar el dictamen entero” y defendió que los grupos que han presentado alegaciones buscarán mejorar el borrador.

Adrián Pumares, de Foro Asturias, expresó su confianza en que los trabajos se desarrollen “con fluidez” y afirmó que, salvo en los grupos que sustentan al Gobierno, ve predisposición para alcanzar acuerdos. Pumares defendió que el dictamen debe servir para reclamar responsabilidades políticas y proponer medidas concretas que mejoren el funcionamiento de la Administración.

La comisión retomará sus trabajos en una próxima sesión, en la que comenzará el análisis del texto y de las alegaciones presentadas por los grupos. Las aportaciones se debatirán por bloques, en función de la parte del dictamen a la que afecten, y se votará su incorporación al documento definitivo.

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