Tomé pide a Barbón que reconozca fallos y asuma responsabilidades políticas en el caso Cerredo

Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto y presidenta de la comisión de investigación parlamentaria del "caso Cerredo" ha pedido este miércoles al presidente del Principado, Adrián Barbón, que reconozca “los fallos (de la Administración) que se produjeron” en torno a la mina de Degaña y que se asuman “responsabilidades políticas". La diputada formuló la petición durante su pregunta en la sesión de control del Pleno de la Junta General, relativa a la propuesta de dictamen de la comisión de investigación.

Tomé defendió que el borrador de dictamen que ella ha elaborado y que apunta responsabilidades de los exconsejeros de Industria Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz, responde a los objetivos con los que nació la comisión: “Esclarecer la verdad y las posibles responsabilidades personales e institucionales”, así como plantear medidas para evitar sucesos similares en el futuro. “Tenemos una deuda como representantes políticos con una sociedad que no vive anestesiada”, afirmó.

El duro reproche de la aliada parlamentaria del Gobierno

La diputada preguntó cómo pudo operar en Asturias una empresa que definió como “pirata” e “insolvente financiera y técnicamente” con “permisos concedidos por el Gobierno de Asturias” y bajo la “supuesta supervisión” del Ejecutivo autonómico. También recordó que, tras un primer accidente en 2022, “hubo un fallecido”, otro trabajador “perdió una pierna” y quedó acreditado, según señaló, que se extraía carbón “de forma ilegal”.

Tomé pidió a Barbón que no mezclara “responsabilidades penales y políticas”, porque, sostuvo, “es un argumento fallido”. La parlamentaria defendió además que “apuntar a cargos políticos en un dictamen parlamentario es lícito” y criticó que desde el PSOE y el Gobierno autonómico se hablara de “errores graves” en el borrador sin concretarlos.

La diputada aludió también al apoyo a su borrador de dictamen de sindicatos, juristas, trabajadores del entorno minero, heridos y familiares. En ese sentido, destacó que “el más importante de todo” fue el respaldo de “los heridos y de las familias”, que, según afirmó, esperan de Barbón que reconozca los fallos y que “se asuman responsabilidades”.

Tomé se refirió asimismo a la petición de ayudas a las víctimas y a sus familias, que calificó como “la mejor parte del dictamen”. Reprochó al Ejecutivo que rechazara inicialmente una proposición de ley sobre esta cuestión y que, después, anunciara líneas autonómicas de apoyo tras “la presión política y social”.

Una "aportación" con errores

Barbón respondió que valoraba el borrador de dictamen como “una aportación” al debate, aunque precisó que eso no significaba que compartiera su contenido. “Es una aportación, pero por supuesto es una aportación que en nuestra opinión adolece de defectos”, señaló.

El presidente asturiano reivindicó el informe de la Inspección de Servicios, “ya no cuestionado por nadie en este Parlamento”, y recordó que de ese documento nació el Plan Regenera, que el Gobierno está ejecutando. Según Barbón, el informe “ha sido muy útil” y permitió impulsar medidas de mejora.

El jefe del Ejecutivo advirtió de que el borrador elaborado por Tomé contiene “graves errores” y citó como ejemplo la atribución de responsabilidad a Nieves Roqueñí por haber ejercido una viceconsejería en Industria. “Nieves Roqueñí nunca estuvo en la Consejería de Industria”, afirmó, antes de precisar que perteneció a la consejería que dirigía Juan Cofiño, presidente de la Junta General.

Barbón rechazó que el dictamen permita señalar responsabilidades personales concretas. A su juicio, ni el informe de la Inspección de Servicios ni el borrador “llevan a esa conclusión”. “Llegar hasta el final, caiga quien caiga, pero con pruebas”, defendió el presidente, que alertó contra la atribución de responsabilidades “cuasi penales” a personas físicas, que incluso relacionó con un supuesto señalamiento de responsabilidad en un "homicidio imprudente".

El presidente sostuvo que el Gobierno trabaja para “buscar la verdad”, “ofrecer justicia” y garantizar “reparación”. Sobre las ayudas, afirmó que el Ejecutivo quiere construirlas “con los agentes sociales” y que lleguen a “todas las personas que han sido víctimas de un accidente laboral”.

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