La comisión del caso Cerredo pisa arenas jurídicas movedizas

La comisión de investigación de la Junta General sobre el accidente de la mina de Cerredo encara una nueva fase condicionada por la advertencia de los servicios jurídicos de la Cámara. El Letrado Mayor, Marco Fernández, trasladó este miércoles a los grupos que el borrador impulsado por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, corre el riesgo de deslizarse desde la responsabilidad política hacia el terreno de la responsabilidad jurídica, administrativa e incluso penal, reservado a la Administración y a los tribunales.

El aviso no determina por sí solo el futuro del dictamen, pero sí ofrece al PSOE argumentos para cuestionar sus partes más duras. El texto señala responsabilidades políticas en tres exconsejeros (Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández), además del exviceconsejero Isaac Pola y de tres altos funcionarios. Los socialistas podrán defender ahora que el debate no es solo si debe haber responsabilidades, sino cómo formularlas sin cruzar una línea jurídica peligrosa.

Los letrados apoyaron su criterio en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional y, especialmente, en el precedente del dictamen de la comisión de investigación sobre el GITPA, por el que el Parlamento asturiano fue condenado a indemnizar a una funcionaria señalada.

El Constitucional ha fijado límites más estrictos cuando una comisión identifica a personas concretas, les atribuye incumplimientos normativos o emplea un lenguaje que pueda interpretarse como una declaración extraprocesal de culpabilidad.

El núcleo de la objeción está en el método del borrador. Según los servicios jurídicos, el texto no se limita a valorar políticamente la gestión previa al accidente, sino que utiliza categorías propias del Derecho administrativo, como cobertura normativa, incumplimientos legales, expedientes sancionadores, deberes específicos, normativa minera o principio de buena administración. Ese enfoque puede convertir el dictamen en un juicio de legalidad más que en un juicio político.

Según ese criterio, una comisión parlamentaria puede concluir que hubo descontrol, falta de dirección política, fallos de coordinación o una gestión inaceptable. Lo que no puede hacer es declarar responsabilidades administrativas, afirmar que determinadas personas incurrieron en infracciones o construir imputaciones individualizadas con apariencia sancionadora. El problema no estaría en citar nombres, sino en vincularlos a incumplimientos jurídicos concretos.

También se abordó la posible remisión de actuaciones al Ministerio Fiscal. Los letrados precisaron que es legítima en abstracto, pero que puede resultar problemática dentro de un dictamen de tono incriminatorio, porque reforzaría la apariencia de culpabilidad y aumentaría el riesgo de vulnerar el derecho al honor o la presunción de inocencia.

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, defiende el margen de las comisiones de investigación para señalar responsabilidades apoyándose en el precedente de Spanair, avalado por el Constitucional. Pero los letrados señalaron que aquel dictamen se articuló sobre un fallo global o sistémico, sin imputaciones jurídicas individualizadas.

La comisión debe decidir ahora si introduce cambios en el texto, apuntando fallos graves, descontrol administrativo y déficits de supervisión, pero extremando la cautela al señalar conductas concretas.

Todos los partidos de la oposición están dispuestos a aceptar ajustes que permitan aprobar un dictamen con señalamientos de responsabilidades políticas con nombres propios. Incluso que recomiende a la Administración explorar una posible responsabilidad patrimonial con las víctimas, sin darla por acreditada. Con todo, las próximas sesiones de la comisión se centrarán, sobre todo, en medir las palabras.

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