El dictamen final de la comisión de Cerredo mantiene el señalamiento a exconsejeros y funcionarios: "Tienen que ver directamente por acción u omisión"

El dictamen de la comisión de investigación parlamentaria del accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros el pasado 31 de marzo de 2025, mantendrá el señalamiento a los siete cargos, políticos y funcionarios, que aparecían en el borrador, a pesar del rechazo de PSOE y Convocatoria por Asturias-IU a incorporar los nombres de trabajadores de la Administración.

La versión final, que se votará el próximo lunes una vez los letrados de la Cámara realicen las correcciones formales necesarias, hará referencia, por tanto, a los exconsejeros Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, quienes actualmente están al frente de Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón. También a Belarmina Díaz, que dimitió del cargo días después del accidente, así como al exviceconsejero Isaac Pola.

Señalará también a trabajadores del Servicio de Minas (Santiago Berjano y Alberto Quirino) y al funcionario jurídico Gonzalo Martín Morales de Castilla, a quien quien vinculan con el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario con la que se permitió actividad en las minas, ahora en entredicho.

Estas siete personas “tienen que ver directamente por acción u omisión con el clima de fallo sistémico que se generó", según indicó Covadonga Tomé, presidenta de la comisión, al final de la misma. Asimismo, anunció que se mantiene la petición al Principado para que respalde económicamente tanto a las familias de las víctimas como a los heridos graves de los accidentes en la mina de Degaña en 2025 y 2022, pero en lugar de a través de adelantos sobre indemnizaciones futuras, como una ayuda directa.

Tomé carga contra la "pataleta" del PSOE

Tomé, que es diputada perteneciente a Somos, destacó que en esta fase de alegaciones los trabajos se desarrollaron de forma adecuada, con un ambiente "proactivo" y "de colaboración", para enriquecer el dictamen. "El documento sale mejorado", celebró. No obstante, criticó la manera de actuar del grupo socialista. "Ha tenido una actitud, no voy a decir que hostil, pero sí en muchas ocasiones rayando la pataleta y con poco ánimo constructivo", lamentó.

En este sentido, René Suárez defendió la postura del PSOE e insistió en que las correcciones realizadas estos últimos días "no modifican, en lo sustantivo, el error que entendíamos de base y del que alertó el propio letrado", el cual señaló que el enfoque debía hacerse "desde un ámbito de las responsabilidades políticas" y no desde "el ámbito de las responsabilidades jurídicas administrativas".

La postura del PSOE choca contra la de sus socios de Gobierno, Convocatoria-IU, que desde un inicio han defendido la idea de que el dictamen mantenga a los responsables políticos. No así, y en esto coinciden ambas formaciones, el señalamiento a los funcionarios. “Entendíamos que el objeto de esta comisión era el papel del Gobierno del Principado de Asturias en el accidente de Cerredo. Creemos que los funcionarios son empleados públicos y no caben en la asunción de responsabilidades políticas, obviamente”, explicó el diputado de Convocatoria, Xabel Vegas.

En cuanto a los responsables políticos, Vegas dijo que "no vale con que aparezcan solo en un papel, sino que tienen que suponer ceses y peticiones de cese". Y celebró que entre las cuestiones incorporadas al dictamen se encuentre "la reparación económica de las familias, que para nosotros era una línea roja importantísima".

"Caos sistemático" de la Administración

Para el diputado del PP Rafael Alonso, el debate de los últimos días demuestra que la comisión de investigación "era necesaria y además había motivos objetivos para que se celebrara". Señaló que existe un "amplio grado de acuerdo" que considera absolutamente mayoritario, a excepción del Partido Socialista, que mantuvo desde el inicio un comportamiento "de oposición u obstrucción al desarrollo de los trabajos" en cuestiones como la detección del "caos sistémico" dentro de la Administración en todo lo vinculado con la explotación de Cerrado.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, confirmó que su grupo "no va a presentar votos particulares" al dictamen, a pesar de que reconoció tener "reservas" sobre el texto. En concreto, insistió en que el máximo responsable político de lo sucedido es el presidente del Principado, Adrián Barbón, y señaló también al alcalde de Degaña, Óscar Ancares (PSOE), cuyo nombre se quedó fuera por el rechazo de PSOE y PP. A pesar de todo, Centeno señaló que "los hechos son tozudos y la consecuencia lógica de esos hechos se plasma bastante bien en el borrador del dictamen".

Por su parte, Adrián Pumares, de Foro, afirmó que el dictamen determina en qué falló en la Administración para que tuviese lugar un accidente como el de Cerredo y lamentó que el PSOE no tenga voluntad de acuerdo para llegar a entendimientos.

El dictamen será aprobado el próximo lunes, después de que los letrados de la Cámara hagan las correcciones formales que correspondan. Una vez aprobado definitivamente, habrá 15 días de reserva para la emisión de votos particulares (previsiblemente el PSOE planteará el suyo en contra) y será llevado a Pleno.

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