Los siete políticos y funcionarios señalados en el dictamen final de Cerredo: exigencia de ceses, pero sin hablar de responsabilidades penales y administrativas

El dictamen final de la comisión parlamentaria del accidente minero de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores, mantiene el señalamiento a los siete cargos, políticos y funcionarios, recogidos en el borrador que hace un mes presentó la presidenta del organismo, Covadonga Tomé. No obstante, el texto hila mucho más fino para evitar que prosperen futuros recursos judiciales. Un escenario en el que el Principado ya tiene antecedentes, como los propios letrados de la Junta advirtieron a los diputados.

La propuesta final que el lunes se votará, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PSOE y por tanto saldrá adelante, y a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, presenta un cambio fundamental respecto al primer planteamiento. Las responsabilidades políticas se mantienen con nombre y apellido, pero se eliminan las imputaciones individualizadas para introducir una explicación general del “fallo sistemático” y después enumerar una a una a las personas, sin adjudicarles acciones o responsabilidades concretas.

El texto hace referencia, por tanto, a los exconsejeros Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, actualmente al frente de Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón. También a Belarmina Díaz, quien dimitió tan solo unos días después del accidente para facilitar la investigación, y al exviceconsejero Isaac Pola.

También se mantiene el reproche a los tres funcionarios Gonzalo Martín Morales, Santiago Berjano y Alberto Quirino Vázquez. Esta fue la cuestión más polémica del debate a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional amparando a una empleada de la de la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (GITPA) por vulneración de derechos tras verse reflejada en el dictamen de otra comisión de investigación parlamentaria.

Precisamente, para evitar que una situación así vuelva a repetirse, el dictamen es más conservador que el borrador anterior: “No se imputa aquí ninguna responsabilidad penal o administrativa a las personas mencionadas, puesto que ello no es competencia de la Comisión y cualquier eventual responsabilidad de ese tipo debería ser determinada, si fuese el caso, en los correspondientes procedimientos penales o sancionadores”.

Eso sí, en el apartado de recomendaciones se insta al Consejo de Gobierno y a las formaciones políticas a proceder “a la depuración inmediata de las responsabilidades políticas”. En particular, “se considera necesario el cese o asunción de responsabilidades por parte de aquellas personas que actualmente ocupen un puesto en la vida pública y que hayan tenido funciones relevantes en la gestión del Servicio de Minas entre los años 2022 y 2025 debido a su acción, omisión o tolerancia pasiva frente a un sistema que causó la muerte de trabajadores”. Este supuesto afectaría claramente a Roqueñí y Enrique Fernández.

Ayudas directas para los accidentes de 2022 y 2025

Otra novedad, adelantada ya por los diputados, es cómo recoge el apoyo económico a las familias. A propuesta de IU, en el dictamen final se propone una línea de ayudas directas tanto a las familias de las víctimas como a los heridos graves de los accidentes de 2022 y 2025, en lugar de un adelantamiento de la responsabilidad patrimonial como se planteaba inicialmente. El objetivo es evitar a las familias un “calvario judicial” y sentencia: “La deuda con ellas no es caridad, es justicia”.

También se recomienda que la herramienta del Servicio de Atención Ciudadana para remitir denuncias a los centros gestores incorpore acuse de recibo de lectura, para garantizar trazabilidad y verificar que el órgano destinatario tuvo conocimiento efectivo de la denuncia. Los diputados buscan así que ningún correo relevante se pierda, como ocurrió en el caso de la mina de Cerredo, en el que una denuncia de un vecino sobre la posible extracción ilegal de carbón no fue vista hasta después de la tragedia.

Lo que deja claro el texto es que el accidente de Cerredo no fue “un suceso imprevisible e inevitable. Fue la culminación de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina deliberada y duradera que se pudo y se debió detectar y prevenir”.

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